El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó a implementar desde este lunes un nuevo examen de ciudadanía, más largo y complejo, como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump por endurecer el proceso de naturalización y establecer controles más estrictos para los inmigrantes que buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses. El nuevo examen, centrado en la educación cívica y la comprensión del sistema político del país, ahora incluye 28 preguntas adicionales respecto a la versión anterior. Aunque el porcentaje de aprobación se mantiene igual, el contenido exige un conocimiento más profundo sobre historia, instituciones y valores constitucionales.

Los solicitantes deberán responder correctamente 12 de 20 preguntas, es decir, mantener un puntaje mínimo del 60 %, como en la versión previa. Sin embargo, el banco de preguntas posibles aumentó de 100 a 128, lo que amplía considerablemente el rango de temas que los aspirantes deben dominar.

De acuerdo con funcionarios de USCIS, la intención es garantizar que los nuevos ciudadanos demuestren un nivel más completo de conocimiento sobre el país, su estructura política y su historia. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado preocupación, argumentando que la medida podría dificultar el acceso a la ciudadanía para comunidades con menos recursos educativos o dominio limitado del inglés.

El examen había sido diseñado originalmente durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), como parte de su política migratoria orientada a incrementar los estándares de control y seguridad nacional. Sin embargo, cuando el demócrata Joe Biden asumió la presidencia, su administración decidió revertir la medida y reinstaurar el examen aplicado desde 2008, más accesible y considerado más inclusivo.

Ahora, con el regreso de Trump al poder, el USCIS ha restablecido la versión de su gobierno anterior, asegurando que los cambios buscan fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso de los nuevos ciudadanos con la nación.

En un comunicado oficial, Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, calificó la nueva evaluación como “un paso crucial” en la actualización del sistema migratorio. “Estos cambios son los primeros de muchos que se implementarán para garantizar la integridad del proceso de naturalización”, afirmó.

El nuevo examen enfatiza el conocimiento histórico, la comprensión del sistema político y el dominio del idioma inglés. Según USCIS, estos factores reflejan la intención del Gobierno de que solo las personas que cumplan “todos los requisitos de elegibilidad” puedan obtener la ciudadanía estadounidense.

Tragesser agregó que el objetivo es asegurar que los nuevos ciudadanos “se integren plenamente y contribuyan al desarrollo económico, cívico y social del país”. En este sentido, el examen pretende evaluar no solo el conocimiento factual, sino también el compromiso con los valores democráticos de Estados Unidos.

Entre los temas ampliados se incluyen preguntas más detalladas sobre los fundadores del país, las enmiendas constitucionales, los principios del federalismo, el papel de la Corte Suprema y la historia de los movimientos sociales. Además, se dará mayor peso a la capacidad del solicitante para comunicarse en inglés durante la entrevista con los funcionarios de inmigración.

La agencia también ha anunciado cambios adicionales en el proceso de naturalización. Entre ellos se encuentra la reactivación de investigaciones de antecedentes más exhaustivas, así como una revisión más rigurosa de las excepciones por discapacidad para quienes soliciten dispensas de los exámenes o entrevistas. Otro aspecto que ha generado debate es la instrucción del Gobierno de exigir a los solicitantes que demuestren haber sido y seguir siendo personas de “buen carácter moral”. Este concepto, que ya formaba parte del proceso de evaluación, ha sido ampliado bajo la nueva política.

Según USCIS, los atributos positivos considerados incluyen una participación comunitaria activa, logros educativos, vínculos familiares sólidos, un historial laboral estable y legal, y una conducta financiera responsable, incluyendo el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Por otro lado, los funcionarios de inmigración ahora cuentan con una mayor discrecionalidad para ampliar la definición de factores descalificadores. Entre ellos se podrían incluir infracciones menores, como multas de tránsito reiteradas, comportamiento deshonesto o acciones que reflejen una falta de respeto a las leyes estadounidenses.

Además, USCIS informó que retomará la práctica de entrevistar a vecinos, compañeros de trabajo y empleadores de los solicitantes como parte del proceso de verificación. Este procedimiento busca confirmar la coherencia de la información presentada y evaluar la reputación general del aspirante dentro de su comunidad.

Las medidas, según funcionarios, pretenden “restablecer la confianza pública” en el proceso de naturalización, asegurando que la ciudadanía se otorgue únicamente a quienes “honren y respeten los valores de Estados Unidos”.

Sin embargo, grupos de defensa de los inmigrantes y asociaciones latinas han expresado inquietud ante el impacto que estos cambios podrían tener en comunidades hispanas y trabajadoras. Temen que el proceso se vuelva más excluyente y genere una brecha aún mayor entre los inmigrantes con alto nivel educativo y aquellos con menor acceso a recursos o formación en inglés.

En ciudades con fuerte presencia latina, como Dallas, Houston y El Paso, organizaciones comunitarias ya están preparando talleres de orientación para ayudar a los residentes permanentes a familiarizarse con el nuevo examen. Líderes locales han subrayado la importancia de que los solicitantes no se desanimen y se preparen con anticipación.

Aun así, el cambio marca un giro significativo en la política migratoria estadounidense, en un momento en que la naturalización representa no solo una meta personal para millones de inmigrantes, sino también una vía esencial hacia la estabilidad, la participación política y la integración social.

El nuevo examen de ciudadanía, ahora más extenso y exigente, se convierte así en un símbolo del nuevo enfoque del Gobierno de Trump: una visión de la inmigración más controlada, selectiva y orientada al cumplimiento estricto de las normas, en contraposición con los enfoques más inclusivos promovidos por administraciones anteriores.

El examen revisado había sido diseñado originalmente durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, como parte de su agenda migratoria de “orden y seguridad”. Aquella versión fue eliminada durante el Gobierno del demócrata Joe Biden, quien argumentó que la prueba resultaba innecesariamente complicada y podía desincentivar la naturalización.

Sin embargo, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, el USCIS ha restablecido este modelo, defendiendo su implementación como una forma de fortalecer la “integridad del sistema migratorio”. Según funcionarios de la agencia, los cambios buscan elevar los estándares cívicos y fomentar el sentido de pertenencia entre los nuevos ciudadanos.

En un comunicado, Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, describió la nueva evaluación como “crucial” para garantizar que quienes obtengan la ciudadanía comprendan las responsabilidades que esta conlleva. “Estos ajustes son solo el primer paso en un proceso de modernización más amplio del sistema de inmigración”, afirmó.

El examen actualizado no solo mide conocimientos históricos, sino también la comprensión del idioma inglés, tanto en lectura como en conversación. Durante las entrevistas, los oficiales de inmigración evaluarán la capacidad del solicitante para comunicarse con claridad y para comprender las preguntas sin necesidad de interpretación.

Entre las áreas temáticas del nuevo examen se incluyen cuestiones más detalladas sobre los fundadores del país, las guerras y tratados más relevantes, la evolución del Congreso, las funciones del poder judicial y la importancia de los movimientos sociales en la historia estadounidense.

USCIS también ha anunciado otros cambios en el proceso de naturalización, como la reinstauración de revisiones de antecedentes más extensas, la verificación de documentos financieros y la reactivación de entrevistas en comunidades y lugares de trabajo. Estas entrevistas permitirán a los oficiales obtener referencias personales sobre la conducta del solicitante.

Uno de los aspectos más comentados del nuevo esquema es la ampliación del criterio de “buen carácter moral”, requisito indispensable para obtener la ciudadanía. Este concepto, históricamente ambiguo, ha sido reinterpretado bajo la administración actual para incluir comportamientos cotidianos que reflejen disciplina, responsabilidad y respeto por la ley.

Entre los atributos considerados positivos se destacan la participación activa en actividades comunitarias, el cumplimiento de obligaciones fiscales, la estabilidad laboral y el compromiso con la familia. Asimismo, se valorarán los logros educativos y las contribuciones al bienestar social.

Por el contrario, las infracciones de tránsito reiteradas, los problemas financieros no resueltos o las conductas consideradas “irrespetuosas hacia las instituciones” podrían afectar negativamente el proceso. Este enfoque más subjetivo otorga a los oficiales una amplia discrecionalidad en su evaluación.

Según USCIS, el objetivo de estas modificaciones es “reforzar la confianza pública en la naturalización” y garantizar que la ciudadanía se otorgue solo a quienes representen fielmente los valores del país. Sin embargo, críticos argumentan que tales medidas pueden dar pie a evaluaciones arbitrarias y discriminatorias.

Diversas organizaciones latinas han expresado especial preocupación por el impacto de estas políticas en la comunidad hispana. En estados como Texas, California y Florida, donde la población inmigrante representa un porcentaje significativo, el nuevo examen podría elevar las tasas de rechazo en los próximos años.

Ante este panorama, varias asociaciones han comenzado a organizar talleres y cursos gratuitos para ayudar a los solicitantes a prepararse. En ciudades como Dallas y Houston, centros comunitarios ofrecen materiales de estudio, simulacros de entrevistas y clases de inglés cívico para mitigar las dificultades del nuevo proceso.

Líderes locales también han insistido en que los inmigrantes no deben sentirse intimidados por los cambios, sino verlos como una oportunidad para fortalecer sus conocimientos sobre el país en el que desean integrarse plenamente. “La ciudadanía no es solo un derecho, es una responsabilidad que debemos asumir con preparación”, afirman algunos instructores.

El examen actualizado, sin embargo, refleja un cambio de paradigma en la política migratoria estadounidense. Mientras administraciones anteriores priorizaron la inclusión y la integración cultural, el enfoque actual parece privilegiar la rigurosidad y el control.

Para muchos observadores, este endurecimiento forma parte de una estrategia política más amplia. En un contexto de debates intensos sobre migración y seguridad fronteriza, la Casa Blanca busca proyectar una imagen de autoridad y disciplina institucional.

El presidente Trump ha insistido en múltiples ocasiones en que su meta es “proteger la ciudadanía estadounidense” de lo que considera abusos o fraudes en el sistema migratorio. Sus partidarios sostienen que las nuevas reglas ayudarán a garantizar que la naturalización se reserve para quienes realmente se identifiquen con los valores nacionales. El Gobierno ha defendido que estas modificaciones no buscan excluir, sino “elevar el estándar de ciudadanía”. Sin embargo, el efecto real sobre millones de inmigrantes aún está por verse. Las organizaciones comunitarias prevén un aumento en las consultas legales y en la demanda de asesoría para adaptarse al nuevo sistema.