La Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes aprobó el martes por votación hacer público un informe sobre las declaraciones fiscales de Donald Trump, las cuales el expresidente ha tratado de ocultar durante mucho tiempo.

El presidente de la comisión, el demócrata Richard Neal, dijo que se darán a conocer materiales de apoyo junto con el informe. El representante Kevin Brady, el republicano de mayor rango en la comisión, expresó su preocupación por la privacidad, ya que los documentos podrían contener información como los números de Seguro Social.

El informe podría brindar un panorama más completo a las finanzas personales y empresariales de Trump, posiblemente revelando cuánto dinero pagó en impuestos, qué ingresos obtuvo por operaciones en el extranjero y si sus ingresos fueron tan grandes como el multimillonario ha insinuado.

La decisión se tomó tras una batalla de un año que, en última instancia, se saldó con el visto bueno de la Corte Suprema el mes pasado para que el Departamento del Tesoro enviara las declaraciones al Congreso. La comisión recibió seis años de declaraciones de impuestos de Trump y de algunas de sus empresas.

Por supuesto, las investigaciones no son nada nuevo para Trump, y las especulaciones sobre el riesgo jurídico que corre ya han resultado erróneas antes. El año pasado, fiscales estatales de Nueva York acusaron a la empresa de Trump, la Organización Trump, y a su añejo director financiero, pero no al expresidente. En septiembre, la fiscal general de Nueva York acusó a Trump de inflar su patrimonio neto en miles de millones de dólares y engañar a los bancos, pero esas acusaciones se hicieron en una demanda, no en un caso penal. Como presidente, fue investigado por un fiscal especial anterior, el exdirector del FBI Robert Mueller, en torno a si su exitosa campaña de 2016 se había coludido ilegalmente con Rusia y si él había tratado de obstruir esa investigación. A la larga Mueller no halló pruebas suficientes para afirmar que hubo una conspiración criminal entre la campaña y Moscú, y también citó una antigua política del Departamento de Justicia que prohíbe la acusación formal de un presidente en funciones. Los puntos que obstruyeron esa investigación involucraron un análisis de derecho constitucional y el alcance del poder presidencial. Pero los fiscales en la investigación de Mar-a-Lago han desestimado en gran medida la relevancia del estatus de Trump como expresidente, afirmando durante un pleito judicial en torno al perito independiente que los registros secretos a los que tenía acceso como comandante en jefe de las fuerzas armadas siguen sin pertenecerle. Y el panel de apelaciones, en su opinión de la semana pasada, rechazó la idea de que Trump tenía derecho a que le devolvieran los registros incautados de su hogar o que un perito independiente los revisara, algo que dijo crearía una ‘excepción especial’. La investigación de los registros había estado preparándose durante meses antes de quedar a la vista del público con un allanamiento de Mar-a-Lago por parte del FBI el 8 de agosto, en el que los agentes retiraron aproximadamente 100 documentos con clasificación de secretos. El enjuiciamiento de un expresidente también genera el riesgo de que sea visto como algo político, polarizando aún más a un país ya dividido, así como de darle a la corte un ambiente similar al de un circo.

‘Básicamente, se trata de sopesar el principio de que ningún individuo está por encima de la ley frente a las consecuencias políticas prácticas que engendrará presentar este tipo de cargos contra un expresidente, particularmente uno que una vez más está postulándose a la presidencia’, dijo Mintz.

‘Es una decisión extraordinariamente difícil’, agregó.