La redada del jueves en dos instalaciones de Glass House Farms, una de las principales productoras de cannabis legal en el sur de California, provocó un tenso enfrentamiento entre manifestantes y agentes de inmigración, cuyas camionetas tuvieron que salir cargadas de detenidos bajo una lluvia de piedras (sin que se haya informado de heridos entre los agentes).

El operativo derivó en una escalada de violencia cuando agentes federales, equipados con armamento de alto calibre y equipo táctico, lanzaron gas pimienta contra familiares y manifestantes que habían acudido al lugar en busca de sus seres queridos, tras enterarse de que estos estaban siendo arrestados de forma violenta.

“Esta vez usaron gas y arrestaron con mucha fuerza. Eso no lo habíamos visto antes así”, asegura la líder sindicalista, quien desde el asenso de Trump al poder no ha podido pasar ningún día tranquila.

La agresividad también se salió de control de parte de los manifestantes, cuando uno de ellos aparentemente apuntó con un arma de fuego a los agentes y, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), disparó contra ellos.

En respuesta, Trump aseguró que ha dado a los agentes federales de inmigración “autorización total” para protegerse ante cualquier agresión y ordenó a las autoridades de Seguridad Nacional instruir a los agentes para que usen “cualquier medio necesario” para detener a quienes ataquen a los oficiales, en una publicación en Truth Social.

Pero Romero advierte que este clima de confrontación es precisamente lo que las redadas están generando.

“No quiero que la gente caiga en esto, porque entonces ellos sí van a tener una razón para reaccionar violentamente. Por eso todas las protestas que hagamos tenemos que hacerlas de una forma pacifista, si no nuestro mensaje desaparece”, considera.

Desde el 6 de junio, California ha sido epicentro de una intensificación en la política migratoria del Gobierno de Trump, marcada por redadas masivas que han provocado protestas y encendido las alertas entre la comunidad latina, con o sin documentos, ante lo que muchos denuncian como una selección basada en el perfil racial, incluyendo características como el tono de piel o el idioma.

“Mucha gente dice que están siendo detenidos para ser deportados. Para mí están siendo secuestrados por personas que llevan una máscara, que no se identifican y que no tienen una orden de arresto”, describe Romero.

El viernes, el estado tuvo un triunfo judicial cuando una jueza federal ordenó suspender las redadas migratorias indiscriminadas en siete condados de California y exigió al Gobierno garantizar el acceso a abogados a los detenidos en un centro de Los Ángeles, en respuesta a una demanda por detenciones violentas y violaciones constitucionales.

El fallo llega en un contexto donde la preocupación entre los trabajadores ya está presente. En EE.UU. hay al menos un millón de trabajadores agrícolas, de los cuales aproximadamente el 40% de ellos no es ciudadano o no cuenta con un permiso especial para trabajar acá.

Y el miedo no se va a ir fácilmente, advierten líderes sindicales, quienes temen que las redadas hayan dejado una huella profunda, volviéndolos aún más vulnerables a la explotación de la que muchas veces ya son víctimas.

“Es un mito eso de que es un trabajo manual que cualquiera puede hacer, es un mito decir que los trabajadores agrícolas no pagan impuestos, es una mentira. Pagan impuestos, son profesionales y trabajan muy duro”, asegura Romero.

Para la UFW, una solución clave es el proyecto de ley conocido como la “tarjeta azul”, presentado en tres ocasiones durante la administración de Trump, que busca otorgar a los campesinos un camino hacia la legalización y la posibilidad de continuar trabajando en la agricultura.

Trump ordena arrestar a quienes arrojen piedras contra vehículos de agentes migratorios

La reciente decisión del presidente Donald Trump de autorizar el arresto inmediato de manifestantes que arrojen piedras a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha generado una nueva oleada de tensión entre el gobierno federal y activistas pro derechos de los migrantes. A través de su plataforma Truth Social, Trump afirmó que tomó esta medida tras ver un video de un grupo de personas lanzando objetos contundentes contra vehículos oficiales durante una redada migratoria en California. La escena, que se habría grabado en Camarillo, un área agrícola del estado, muestra a agentes federales en medio de una protesta durante una operación en un campo de cultivo de cannabis. El mandatario aseguró sentirse indignado por lo que consideró “una agresión cobarde y peligrosa contra quienes protegen nuestras fronteras”.

En su mensaje, Trump declaró haber instruido personalmente a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, para que autoricen el uso de “todos los medios necesarios” para detener a cualquier persona que agreda a un agente federal. La orden, según explicó, se extiende no solo a quienes lanzan piedras, sino también a los que usen ladrillos, botellas, objetos metálicos u otros elementos considerados peligrosos. Para el presidente, la seguridad de los agentes es prioritaria, y aseguró que los funcionarios “tienen derecho a protegerse igual que protegen a los ciudadanos”. Esta directiva podría interpretarse como una autorización para usar fuerza letal en ciertos casos, lo que ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos civiles.

La redada que detonó este nuevo episodio de confrontación ocurrió en un campo de cultivo de cannabis en Camarillo, condado de Ventura, donde agentes del ICE ejecutaron un operativo en el que resultaron arrestados varios migrantes en situación irregular. Según informes locales, los detenidos trabajaban en condiciones precarias, algunos sin papeles ni contratos formales. La presencia de los agentes generó una movilización inmediata de activistas locales, quienes acudieron al lugar para protestar por lo que consideraban una redada injustificada y violenta. Fue en ese contexto donde se produjeron los enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades federales.

Durante el operativo, la tensión escaló rápidamente. De acuerdo con testigos, los agentes utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, algunos de los cuales respondieron lanzando piedras y otros objetos. El uso de gas irritante en un campo de cultivo generó preocupación por la posible contaminación del lugar, además de provocar que varios trabajadores agrícolas sufrieran crisis respiratorias. El Departamento de Seguridad Nacional defendió la actuación de los agentes, asegurando que actuaron en defensa propia, aunque los videos que circularon en redes sociales muestran escenas de caos y represión que han generado una fuerte reacción pública.
En paralelo a las declaraciones de Trump, el FBI anunció una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca a la identificación y captura de una persona que, presuntamente, apuntó con un arma de fuego a uno de los agentes durante el enfrentamiento. Las autoridades consideran este hecho especialmente grave y han abierto una investigación federal por intento de agresión con arma mortal contra un agente del gobierno. Aunque aún no se ha identificado al sospechoso, las autoridades creen que pudo haber actuado en solitario y que su acción no estaba coordinada con el resto de los manifestantes.Los grupos defensores de los derechos humanos han condenado tanto la redada como la respuesta del gobierno federal. Para muchas organizaciones, la medida anunciada por Trump representa un peligroso precedente de criminalización del derecho a la protesta. Según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), permitir que los agentes detengan arbitrariamente a manifestantes por arrojar objetos, sin una investigación adecuada o supervisión judicial, puede derivar en abusos de poder, detenciones masivas y un aumento de la violencia institucional. También han alertado sobre la posibilidad de que la nueva política desincentive la participación ciudadana en manifestaciones legítimas.A medida que se aproximan las elecciones, estas medidas forman parte de la estrategia electoral de Trump para reforzar su imagen como un presidente firme en materia migratoria y de orden público. Sin embargo, también podrían provocar un efecto contrario: movilizar a comunidades migrantes y simpatizantes para rechazar en las urnas una administración que muchos consideran abiertamente hostil hacia la diversidad y los derechos civiles