El día martes, un juez con sede en Texas presenció el desarrollo de una audiencia crucial en la que se presentaron los argumentos por parte de ambas partes involucradas en una demanda que ha captado la atención nacional. El Gobierno encabezado por el presidente Joe Biden ha presentado esta demanda en contra de una barrera compuesta por boyas que ha sido erigida en el río Bravo, el cual marca la línea fronteriza entre Estados Unidos y México. Esta barrera, que ha sido objeto de controversia desde su instalación, es obra del gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, conocido por sus posturas políticas ultraconservadoras.

Por su parte, los representantes legales del gobernador Abbott defendieron la legalidad de la barrera y enfatizaron que su propósito principal es mantener la seguridad en la frontera y prevenir la entrada ilegal al país. Argumentaron que la barrera no impide el flujo natural del río y que se ha tenido en cuenta el entorno ambiental en su diseño y construcción.

El juez a cargo del caso deberá analizar detenidamente los argumentos presentados por ambas partes antes de tomar una decisión. La resolución de este caso podría tener implicaciones importantes no solo para la disputa en torno a la barrera de boyas en el río Bravo, sino también para la forma en que se abordan las cuestiones fronterizas y ambientales en el estado de Texas y a nivel nacional. La decisión final del juez podría sentar un precedente legal significativo y dar forma al enfoque que se adoptará en proyectos similares en el futuro.

El magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, celebró una audiencia para estudiar el caso, mientras que decenas de activistas protestaron a las afueras del tribunal en contra de las medidas que el gobierno estatal ha tomado para dificultar el cruce de migrantes.

La polémica barrera flotante, que se extiende por unos 300 metros sobre el río fronterizo, ha generado un conflicto entre el Gobierno federal, que pide que se retire, y el estatal, que denuncia una supuesta “invasión” en su territorio.

La demanda presentada por el Departamento de Justicia argumenta que el gobierno de Texas infringió la ley al colocar la barrera en un río “navegable” sin un permiso del Ejecutivo federal.

El estado de Texas, por su parte, defiende la instalación de las boyas acusando a la Administración de Biden de no defender la frontera sur y permitir que “millones” de migrantes y de kilos de drogas entren el país.

La barrera, aseguró el gobierno estatal en un documento presentado al tribunal, ha “eliminado” los cruces irregulares de migrantes en esa sección de la frontera.

Esta afirmación es falsa, apuntaron expertos a EFE, ya que la barrera ha forzado a los migrantes a atravesar el río en tramos donde hay más corriente, poniendo sus vidas en riesgo.

La gente no está dejando de cruzar, sino que está evitando las boyas, caminando más lejos (..) y atravesando por partes del río donde pueden correr el riesgo ser arrastrados por la corriente”, explicó Aaron Reichlin-Melnick, abogado especializado en políticas migratorias del Ammerican Immigration Council.

La situación ya ha provocado consecuencias: a principios de mes, las autoridades estadounidenses encontraron dos cadávares de migrantes cerca a las boyas.

La región donde está ubicada la barrera es a su vez la segunda en la frontera con más cruces irregulares de migrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).

Para Adam Isaacson, experto en temas de defensa de la Oficina De Washington para Latinoamérica (WOLA), su instalación tiene fines políticos: “Está destinada a movilizar a la base republicana más extrema de cara a las elecciones de 2024”.

Las boyas forman parte de la “Operación Estrella Solitaria“, una campaña lanzada por el gobierno de Abbott para abordar la migración en el estado y mostrar su oposición a las políticas de Biden.

Esta campaña ha estado detrás del envío de buses con migrantes a ciudades gobernadas por demócratas, que acaparó la atención mediática el último año, y de la instalación de kilómetros de concertina en la frontera con México, entre otras medidas.

El pasado lunes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, tomó una medida decisiva en medio de la creciente controversia en torno a la barrera de boyas instalada en el río Bravo. Abbott emitió una orden para que un grupo de trabajadores estatales procediera a reubicar una de las boyas que conforman la barrera, con el objetivo de que esta quedara en territorio estadounidense. Esta acción fue una respuesta directa a las denuncias planteadas por el Gobierno mexicano, que alega que una porción sustancial de la barrera se encuentra en su lado de la frontera.

La reubicación de la boya por parte de los trabajadores estatales es una maniobra que ha añadido un nuevo elemento a la ya tensa situación. Esta acción fue interpretada como un intento del gobierno de Texas de marcar su posición en la disputa territorial con México y hacer hincapié en su intención de mantener el control sobre la construcción de la barrera en el río Bravo. Sin embargo, la reubicación de una sola boya no resuelve la cuestión más amplia de la legalidad y los posibles impactos de la barrera en su conjunto.

La respuesta del Gobierno mexicano no se hizo esperar. Funcionarios mexicanos expresaron su preocupación por la acción unilateral tomada por Texas y reiteraron su afirmación de que la barrera se extiende en su territorio. Esta situación añade un componente diplomático a la disputa, ya que la ubicación precisa de la barrera en relación con la frontera internacional puede tener implicaciones significativas para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México.

Mientras tanto, la demanda presentada por el Gobierno de Biden continúa avanzando en el sistema legal. La audiencia celebrada este martes permitió a ambas partes presentar sus argumentos ante el juez encargado del caso. La reubicación de la boya por parte del gobernador Abbott podría influir en el análisis legal, ya que podría considerarse como un intento de modificar las circunstancias del caso durante su desarrollo.

En última instancia, la decisión del juez sobre la demanda y la cuestión de la legalidad de la barrera en el río Bravo sigue siendo una incógnita. El resultado tendrá implicaciones tanto para la relación entre Texas y México como para la interpretación de las leyes y regulaciones que rigen la construcción de estructuras en áreas fronterizas y de aguas compartidas. La manera en que este conflicto se resuelva podría sentar un precedente significativo para futuras disputas fronterizas y ambientales en la región.