La ofensiva combina instrumentos judiciales, financieros y ahora militares. La designación de “narcoterrorista” no es solo retórica: permite perseguir a quienes presten “apoyo material” con umbrales probatorios más bajos y habilita medidas extraterritoriales, desde interdicción marítima hasta cooperación operativa con terceros países.

Maduro ha descartado las acusaciones como “propaganda política”, pero el riesgo para Caracas es real: si la presión militar se materializa, podría producir operaciones selectivas contra redes logísticas o financieras vinculadas a su entorno, dentro y fuera de Venezuela.

El dilema para Maduro es doble: buscar respaldo reforzado de aliados como Rusia, China o Irán, o explorar discretamente canales de negociación que alivien la presión.

México: soberanía en la cuerda floja
México se encuentra en una posición extremadamente delicada. Seis de los cárteles designados como organizaciones terroristas son mexicanos —Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noroeste, Cártel del Golfo y Nueva Familia Michoacana—, a los que se suman el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, ambos con presencia en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante: “no habrá intervención militar de Estados Unidos en México”. Reconoce que la propuesta se planteó en conversaciones con Washington, pero asegura que fue rechazada en defensa de la soberanía.

Aun así, la presión es evidente: la crisis del fentanilo y la narrativa de “terrorismo” alimentan la expectativa en Estados Unidos de acciones más contundentes contra los cárteles.

La tensión bilateral no es nueva. En mayo, Trump acusó a Sheinbaum de “tener miedo a los criminales” tras negarse a permitir el despliegue de tropas estadounidenses. El caso de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, convertido en testigo colaborador en EE. UU., ha añadido un matiz incómodo: ¿cómo conciliar la colaboración judicial con la etiqueta de “terroristas” que Washington aplica a las mismas organizaciones?

Legalidad, riesgos y precedentes
El marco legal interno estadounidense otorga amplias facultades para actuar contra organizaciones terroristas designadas, pero la utilización de fuerzas armadas en territorio extranjero sin consentimiento explícito plantea serios problemas bajo el derecho internacional. Una operación unilateral en México o Venezuela sería vista como violación de soberanía y podría desencadenar crisis diplomáticas de gran envergadura.

Más plausible, al menos en el corto plazo, es un endurecimiento de medidas de interdicción marítima y aérea, operaciones encubiertas de apoyo a fuerzas locales, presión financiera y sanciones ampliadas. Sin embargo, incluso acciones indirectas pueden provocar incidentes y alimentar narrativas antiestadounidenses en la región.

Un hemisferio en tensión
La ofensiva simultánea contra cárteles latinoamericanos y contra Maduro no es casualidad: responde a la estrategia de Trump de proyectar fuerza, reforzar su imagen de “mano dura” y desviar la atención de frentes internos donde tiene varios problemas.

Pero el coste potencial es alto: erosiona la cooperación regional, multiplica los escenarios de fricción y aumenta el riesgo de incidentes armados.

La historia de las intervenciones estadounidenses enseña que, una vez cruzada la línea de la acción militar, es difícil retroceder.

Tanto Caracas como Ciudad de México deberán calibrar con cuidado sus respuestas: subestimar la determinación de la Casa Blanca podría ser tan costoso como sobrerreaccionar y precipitar un choque frontal.

En este nuevo tablero, el margen para la ambigüedad se estrecha. La “militarización selectiva” de la lucha contra el narco marca un antes y un después en la política hemisférica.

El desenlace dependerá de si Washington logra combinar presión con cooperación efectiva, o si su estrategia termina debilitando, más que reforzando, la seguridad regional.

Decomisos de fentanilo suben un 25 % en EE.UU. a nivel récord en primeros 200 días de Trump

El decomiso del fentanilo en Estados Unidos subió un 25 por ciento interanual a un nivel récord en los primeros 200 días de la actual Administración del presidente Donald Trump, aseguró el director del FBI, Kash Patel, quien agregó que trabajará con las Fuerzas Armadas para elevar las incautaciones.

El funcionario reportó que han confiscado mil 500 kilogramos de esta droga sintética desde que Trump asumió la Presidencia de EE.UU. del 20 de enero a la fecha, lo que equivale a suficientes dosis letales para matar a más de 113.8 millones de estadounidenses, según sus cálculos.

“Los decomisos hasta la fecha han incrementado un 25 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, más que nunca. Esperamos trabajar con nuestros socios, el secretario de Defensa (Pete Hegseth) y el DoD (Departamento de Defensa) para conseguir incluso más”, señaló Patel en sus redes sociales.

El director del FBI agradeció por “las nuevas autoridades” a Trump, quien defendió este viernes enviar tropas contra los carteles del narcotráfico en América Latina, una maniobra que ampliaría su guerra contra el fentanilo, droga que elaboran estas agrupaciones criminales con precursores químicos de China, según Washington.

El mandatario reconoció que “libran un juego difícil”, pero no dio más detalles del operativo horas después de que The New York Times publicara en exclusiva que ya habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los carteles, de acuerdo con fuentes familiarizadas.

El director FBI, quien no aclaró cómo cooperará el Departamento de Defensa contra esta droga, también reportó el arresto de más de mil 600 personas por “crímenes violentos contra los niños”, incluyendo 270 arrestos por tráfico humano.

Trump responsabiliza a los carteles, en particular a los de México, por las muertes de consumidores en Estados Unidos, donde en 2024, último año del mandato de Joe Biden, hubo 80 mil 400 decesos por sobredosis, aunque fue una reducción del 27 por ciento respecto al año anterior y el nivel más bajo desde 2019.

Trump analizaría invitar a Zelenski a su encuentro con Putin en Alaska

El presidente estadounidense, Donald Trump, aún analiza invitar al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, al encuentro del próximo viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, reportaron medios de comunicación que citan fuentes del Gobierno. De concretarse la participación de Zelenski, los funcionarios aún no saben si habría “una cumbre trilateral” o si habría un diálogo por separado a la conversación entre Trump y Putin.

Los reportes trascienden tras confirmarse el viernes pasado que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022 será el próximo 15 de agosto en Alaska, aunque aún faltan los detalles logísticos.

El encuentro se concretó tras la visita del enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, a Moscú el pasado jueves, el día antes de que expirase el ultimátum dado por Trump para que Rusia tomara medidas para terminar la guerra, so pena de nuevas sanciones.

El presidente ucraniano reaccionó a la reunión al afirmar el sábado que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y “nacen muertas”.

Mientras que los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtieron en un comunicado el sábado que “el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania”.

Chicago rechaza la amenaza de Trump de enviar soldados para combatir la violencia

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el Alcalde de Chicago, Brandon Johnson, rechazaron este lunes la amenaza del presidente Donald Trump de enviar la Guardia Nacional a Chicago para combatir la violencia y la delincuencia

El presidente calificó a Chicago de “desastre” y describió a Pritzker y Johnson, ambos demócratas, como “incompetentes”, en una conferencia de prensa donde anunció que el gobierno federal asumirá el control de la fuerza policial en Washington D.C.

Trump invocó la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia en una orden ejecutiva para declarar una “emergencia criminal” y desplegar soldados de la Guardia Nacional en las calles.

“Nuestra capital ha sido tomada por pandillas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar, y no vamos a permitir que esto vuelva a suceder. No lo vamos a tolerar”, declaró Trump.

En su opinión, hay otras ciudades “que también están en mal estado”. “Miren lo mal que está Chicago… No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Esto irá más allá; estamos empezando con mucha fuerza en D.C.”, agregó.

Pritzker respondió de inmediato e hizo referencia a la ley Posse Comitatus, afirmando que el gobierno federal no tiene derecho a enviar soldados a ciudades estadounidenses por ningún motivo.

“No me sorprende que sugiera violar la ley; lo ha hecho muchas veces”, aseguró sobre la conducta de Trump, quien es considerado un enemigo político de Illinois, un estado “santuario” que protege a los indocumentados.

En la ciudad de Chicago, el Concejo Municipal declaró “persona no grata” al presidente durante su primera presidencia, por sus ataques contra los inmigrantes y los mexicanos en particular.

El alcalde Johnson, emitió hoy un comunicado donde rechaza la intervención y afirma que enviar a la Guardia Nacional solo serviría para “desestabilizar nuestra ciudad y socavar nuestros esfuerzos de seguridad pública”.

Johnson señaló que, desde su primer día en el cargo, la seguridad pública ha sido su principal prioridad, y “en tan solo dos años hemos logrado un progreso histórico, reduciendo los homicidios en más de un 30 % y los tiroteos en casi un 40 %, tan solo en el último año”. Dijo que fue informado recientemente que Trump recortó otros 158 millones de dólares en fondos para programas de prevención de la violencia en ciudades como Chicago. Estos recortes se suman al desmantelamiento, por parte de la administración Trump, de la Oficina para la Prevención de la Violencia con Armas y la cancelación de más de 800 millones de dólares en subvenciones para programas contra la violencia en todo el país.“Si el presidente Trump quiere contribuir a que Chicago sea un lugar más seguro, puede empezar por liberar los fondos para programas contra la violencia que han sido fundamentales en nuestra labor para reducir la delincuencia y la violencia”, afirmó el alcalde.

Trump expresó su esperanza de que además de Chicago, otras ciudades como Los Ángeles y Nueva York asuman las medidas que anunció para la capital del país, y den los pasos necesarios para “autolimpiarse”. Trump también se refirió a las especulaciones sobre la posibilidad de que Pritzker, uno de sus críticos más duros, se presente a la presidencia en 2028: “He notado que ha perdido un poco de peso, así que quizá tenga una oportunidad, ¿sabes?”.

“¡Donald, gracias por el cumplido! No le mintamos al público, ambos sabemos que no tienes autoridad para tomar el control de Chicago. Por cierto, ¿dónde están los archivos de Epstein?”, respondió Pritzker en X.

El gobernador de Illinois, quien está cumpliendo un segundo mandato, dijo durante el fin de semana a los medios que está concentrado en ganar un tercer mandato en 2026, pero no descartó la posibilidad de una candidatura presidencial.

“No puedo descartar nada, pero lo que sí puedo asegurar es que, independientemente de las decisiones que tome, lo que haga seguirá la voluntad de la gente de Illinois”, afirmó.

Con información de EFE.