El diplomático sostuvo, durante la apertura del Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST, que atacar las finanzas de los carteles permite golpear «el mismo corazón de sus redes criminales».

«Si les quitamos las drogas, pueden intentar reemplazarlas; si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales», afirmó.

Johnson señaló que las acciones conjuntas entre Estados Unidos y México, impulsadas por el presidente Donald Trump y la mandataria Claudia Sheinbaum, son un ejemplo de «cooperación que da resultados y le cierra los espacios a los cárteles».

Explicó que ambos gobiernos realizan operaciones, detenciones y decomisos, pero llamó a ampliar las acciones contra los recursos de las organizaciones criminales “en todas las etapas”, así como contra las redes y personas que facilitan sus operaciones.

El embajador también destacó el combate conjunto contra la corrupción, una práctica que, dijo, “aleja las inversiones, lastima a los ciudadanos y genera inseguridad”.

Afirmó que anteriormente los gobiernos trabajaban por separado y un solo país no podía abarcar toda la red criminal, mientras que la cooperación entre México, Estados Unidos y otros socios internacionales permite ahora cerrar más espacios a los carteles.

Antes, relató Johnson, «los cárteles creían que cruzado fronteras y lavando recursos se protegían, pero hoy le decimos que no, no más, apenas empezamos y vamos por más de sus recursos y más de sus redes criminales».

Las declaraciones se producen una semana después de que el diplomático informara que Estados Unidos entregó a México a diez personas requeridas por las autoridades mexicanas por delitos graves.

«Diez fugitivos más enfrentan a la justicia en México», escribió Johnson en su cuenta de X, donde precisó que los buscados están relacionados con casos de secuestro, delitos relacionados con drogas y armas, así como actividades vinculadas con los carteles del narcotráfico.

El embajador no divulgó sus nombres ni precisó las acusaciones individuales o el mecanismo jurídico empleado para su entrega.

Johnson había informado además el 30 de julio que más de 300 fugitivos buscados por México habían sido devueltos desde Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral en seguridad.

El planteamiento de Ronald Johnson coloca el dinero en el centro de la estrategia bilateral contra el narcotráfico. La idea es sencilla: mientras una organización conserve sus recursos, podrá reemplazar cargamentos, vehículos, armas, rutas y personas detenidas.

Atacar las finanzas criminales significa identificar cuentas bancarias, propiedades, empresas, prestanombres y movimientos utilizados para esconder el origen del dinero. No se trata únicamente de confiscar efectivo, sino de desarmar toda la estructura que permite a los grupos criminales mantenerse en operación.

En la práctica, seguir el rastro del dinero puede resultar más complicado que decomisar drogas. Los recursos pasan por distintas manos, cambian de país y, en ocasiones, terminan mezclados con actividades comerciales que aparentan funcionar de manera legal.

Esa realidad obliga a las autoridades mexicanas y estadounidenses a compartir información con rapidez. Una investigación que comienza con una detención en México puede terminar revelando cuentas, propiedades o colaboradores ubicados del otro lado de la frontera.

Los cárteles tampoco dependen exclusivamente de las ganancias obtenidas por la venta de drogas. Sus redes pueden involucrarse en tráfico de armas, extorsiones, secuestros, contrabando, trata de personas y otras actividades que generan recursos y amplían su capacidad de influencia.

Por esa razón, el llamado del embajador busca que las acciones no terminen con la captura de un sospechoso o el decomiso de un cargamento. El objetivo sería avanzar también contra quienes administran, trasladan, ocultan o convierten las ganancias de las organizaciones criminales.

La cooperación bilateral adquiere especial importancia porque las redes del narcotráfico no respetan fronteras. Pueden operar desde México, recibir dinero en Estados Unidos y utilizar intermediarios en otros países para dificultar el seguimiento de sus movimientos.

Durante años, uno de los principales problemas fue que cada gobierno investigaba solamente la parte de la operación localizada dentro de su territorio. Esa separación dejaba huecos que podían ser aprovechados para mover recursos y reorganizar las estructuras criminales.

Johnson sostiene que la coordinación impulsada por Donald Trump y Claudia Sheinbaum está permitiendo cerrar algunos de esos espacios. Las operaciones, detenciones y decomisos forman parte de una estrategia que ahora pretende colocar mayor atención sobre el patrimonio de los grupos delictivos.

El énfasis en las finanzas también responde a la capacidad de los cárteles para sustituir rápidamente aquello que pierden. Un cargamento puede ser reemplazado y un arma puede volver a comprarse, pero congelar cuentas y confiscar propiedades limita las posibilidades de continuar operando.

La corrupción aparece como otra pieza central dentro del problema. Las organizaciones criminales necesitan contactos, protección o información para mover sus recursos, evitar inspecciones y adelantarse a las acciones de las autoridades.

Cuando un funcionario, empresario o intermediario facilita esas operaciones, la red criminal consigue mantenerse activa incluso después de sufrir capturas importantes. Por eso el embajador pidió ampliar las investigaciones hacia las personas que hacen posible el funcionamiento financiero de los cárteles.

El impacto de la corrupción tampoco queda limitado al terreno de la seguridad. La falta de confianza en las instituciones puede frenar proyectos empresariales, elevar los costos de operación y provocar que los inversionistas busquen lugares con mejores condiciones.

Para México, combatir esa percepción resulta fundamental en un momento en que distintas empresas analizan trasladar o ampliar sus operaciones dentro de Norteamérica. La seguridad y la certeza jurídica pesan tanto como la ubicación geográfica, la infraestructura y la disponibilidad de trabajadores.

La región fronteriza ocupa un lugar especialmente importante en este esfuerzo. Por sus cruces comerciales, carreteras, aduanas y constante movimiento de mercancías, representa una zona estratégica para la economía legal, pero también un espacio que las redes criminales buscan aprovechar.

La vigilancia financiera requiere la participación de bancos, autoridades fiscales, unidades de inteligencia y corporaciones de seguridad. Cada institución conserva una parte de la información necesaria para detectar operaciones inusuales o movimientos que no corresponden con la actividad declarada.

También existen sectores comerciales en los que pueden circular grandes cantidades de dinero o bienes de alto valor. Por ello, las investigaciones deben realizarse con precisión para distinguir entre actividades legítimas y operaciones utilizadas para esconder recursos de procedencia ilícita.

Esto no significa considerar sospechosa cualquier transacción realizada cerca de la frontera. El reto consiste en desarrollar mecanismos de supervisión eficaces sin perjudicar el comercio legal ni colocar cargas innecesarias sobre ciudadanos y empresas que cumplen con la ley.

De ahí la importancia de que las acciones se encuentren respaldadas por investigaciones sólidas, órdenes judiciales y procedimientos transparentes. Incautar recursos puede golpear a una organización criminal, pero las autoridades también deben demostrar la procedencia ilícita de los bienes.

La reciente entrega de diez fugitivos requeridos por México fue presentada por Johnson como otro resultado de la cooperación bilateral. Los señalados estarían relacionados con secuestros, armas, drogas y actividades vinculadas con organizaciones del narcotráfico.

El embajador no informó sus nombres ni explicó las acusaciones particulares, por lo que todavía faltan elementos para conocer la relevancia de cada caso. Tampoco precisó el procedimiento jurídico utilizado para enviarlos a territorio mexicano.

Esa falta de detalles deja preguntas sobre si fueron extraditados, deportados o entregados mediante otro mecanismo. La claridad sobre estos procesos es importante para garantizar que los acusados sean presentados ante los tribunales correspondientes y que sus casos avancen conforme a la ley.

La cifra de más de 300 fugitivos devueltos desde Estados Unidos muestra que la colaboración no se limita a operaciones aisladas. También refleja el intercambio constante de solicitudes, expedientes y datos para localizar a personas buscadas por la justicia mexicana.

Para la comunidad hispana de Dallas y el norte de Texas, estos asuntos tienen una relevancia cercana. La relación entre México y Estados Unidos influye directamente en la seguridad, el comercio, los cruces fronterizos y la vida cotidiana de miles de familias con vínculos en ambos países.

Texas mantiene una intensa relación económica y social con México, por lo que cualquier cambio en las políticas de seguridad puede tener consecuencias regionales. Una cooperación efectiva debe ayudar a perseguir a las organizaciones criminales sin entorpecer el movimiento legal de personas y mercancías.

El trabajo conjunto también puede extenderse a la localización de armas, el seguimiento de transferencias y la identificación de empresas utilizadas para ocultar ganancias. Ninguno de esos esfuerzos puede completarse si la información queda atrapada dentro de una sola institución o país.

Sin embargo, el éxito de la estrategia no podrá medirse únicamente por el número de cuentas congeladas o bienes confiscados. Será necesario conocer si esas acciones reducen la capacidad operativa de los cárteles y conducen a procesos judiciales que terminen en sentencias.

Ambos gobiernos enfrentarán además el reto de mantener la cooperación a pesar de las diferencias políticas que puedan surgir. La seguridad bilateral suele avanzar entre presiones, reclamos y negociaciones, pero las redes criminales aprovechan cualquier ruptura para reorganizarse.

El tono utilizado por Johnson advierte que Washington pretende aumentar la presión sobre las estructuras económicas del narcotráfico. Su mensaje apunta a una etapa en la que las autoridades buscarían no solamente detener operadores, sino quitarles las herramientas financieras que sostienen sus actividades.

El siguiente paso será convertir ese discurso en resultados verificables y explicar a la ciudadanía qué recursos fueron incautados, qué organizaciones resultaron afectadas y cuál será el destino de los bienes recuperados. La transparencia será necesaria para evitar que el combate financiero quede solamente en anuncios.

Golpear el dinero de los cárteles puede ser una de las medidas más efectivas para debilitarlos, pero no funcionará de manera aislada. El esfuerzo tendrá que acompañarse de investigaciones profesionales, combate real a la corrupción, cooperación internacional y tribunales capaces de llevar cada caso hasta sus últimas consecuencias.