El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, aseguró este lunes que el Gobierno federal «no se retirará» de Sinaloa (oeste) y ofrecerá una «especial atención» a la seguridad del estado después de que el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, acusado de tener vínculos con el narcotráfico por EE.UU. se retirara temporalmente del cargo.

«Estamos hoy en Sinaloa para enviar un mensaje claro al pueblo de Sinaloa. El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días con la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir», subrayó el funcionario en una rueda de prensa del Gabinete de Seguridad desde Culiacán, capital de la entidad.

Acompañado por altos cargos militares y la nueva gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, García Harfuch reafirmó el apoyo de las fuerzas de seguridad al gobierno estatal en un territorio que tendrá «especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población».

El jefe de Seguridad federal recordó que desde hace dos años Sinaloa registró un incremento de la violencia por la pugna de las facciones, razón por la cual el Ejecutivo liderado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió reforzar la presencia militar y realizar más operativos de seguridad.

El funcionario añadió que se incautaron miles de armas en ese periodo y 70 toneladas de droga, al tiempo que se han detenido a casi 2.400 personas por «delitos de alto impacto».

«Estas detenciones representan la desarticulación progresiva de las estructuras criminales que han generado violencia en Sinaloa (…) El trabajo todavía no está concluido, solo venimos a reafirmar que el gobierno de México está presente, que no se va a retirar y que seguirá actuando con firmeza, coordinación y responsabilidad», señaló.

Protección de «pocos elementos» para el gobernador
Respecto a la situación del gobernador acusado por Estados Unidos de colaborar con el Cartel de Sinaloa, aclaró que él no solicitó protección al abandonar el cargo, pero que las autoridades federales recomendaron que tuviera un «cuerpo de seguridad» de «pocos elementos» al ser Sinaloa un estado donde «ha habido hechos violentos».

No obstante, el titular de la Secretaría de Seguridad indicó que no tiene «ningún indicio» de que el mandatario con licencia temporal vaya a ser atacado o haya sufrido alguna amenaza reciente.

También, agregó que al tomar licencia temporal ya no tiene fuero, a diferencia del senador oficialista señalado, Enrique Inzunza, quien de momento permanece en el cargo.

«Hasta donde tengo entendido sigue aquí en Sinaloa, sinceramente no tengo conocimiento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa», sentenció sobre el gobernador.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez funcionarios mexicanos de conspirar con el Cartel de Sinaloa, en concreto con la facción de Los Chapitos, para el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.

México señala que EE.UU. pidió «detención provisional» de Rubén Rocha Moya sin pruebas
Ciudad de México, 4 may (EFE).- El Gobierno de México informó este lunes que la solicitud presentada por Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no corresponde a una petición formal de extradición, sino a una solicitud de «detención provisional», la cual carece hasta ahora de elementos suficientes para justificar su «urgencia».

En la conferencia presidencial diaria, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, explicó que “hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No es lo mismo”.

Alcalde detalló que la solicitud formal, regulada en el tratado bilateral entre ambos países, debe presentarse por vía diplomática e incluir “el delito por el cual se acusa”, así como pruebas, orden de aprehensión y datos de identificación.

Agregó que, tras analizar el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que “no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia”, por lo que “la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional”.

Alcalde precisó que el proceso se encuentra en una etapa inicial.

“El momento procesal exacto en el que estamos es en que la fiscalía emite la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, que a su vez pedirá más información al país requirente.

Subrayó que, de acreditarse la urgencia, corresponderá a un juez de control determinar si procede la detención provisional, y no a las autoridades administrativas.

“No lo va a determinar la fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores”, indicó.

La funcionaria también enfatizó que los procesos de extradición son confidenciales para proteger el debido proceso y la presunción de inocencia.

“En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático”, afirmó Alcalde. Asimismo, sostuvo que la FGR “no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito” ni sobre la procedencia de la solicitud, limitándose a señalar la falta de elementos sobre la urgencia.

El caso ocurre después de que el Congreso de Sinaloa aprobara la licencia de Rocha Moya por más de 30 días, en medio de una investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico señalados por autoridades estadounidenses, los cuales el mandatario ha rechazado.

Tras su salida, el legislativo estatal designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, en un contexto de tensión política y de violencia en la entidad.