La decisión se produce tras un fallo emitido por el juez federal de distrito Mark Pittman, quien invalidó la ley estatal que desde 2001 permitía a ciertos estudiantes indocumentados acceder a las tarifas reducidas. La resolución judicial responde a una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que argumentó que el estado estaba otorgando beneficios educativos a extranjeros en detrimento de ciudadanos estadounidenses, lo que constituye una “discriminación inconstitucional”.

Según la organización Higher Ed Immigration Portal, se estima que aproximadamente 73 mil estudiantes de las universidades públicas de Texas podrían ser afectados por este cambio. A nivel nacional, se calcula que hay unos 408 mil estudiantes indocumentados inscritos en instituciones de educación superior, por lo que Texas representa cerca del 18% de esa cifra.

La carta de Rosser genera alarma entre defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten que la medida no solo reducirá drásticamente el acceso de estos jóvenes a la educación, sino que podría tener consecuencias económicas y sociales a largo plazo para el estado. Muchos de estos estudiantes nacieron fuera del país, pero han vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos y se identifican plenamente como texanos.

“Este es un ataque directo a los sueños de miles de jóvenes que han luchado por superarse a pesar de las barreras legales y económicas”, afirmó la activista María Fernanda Cabello, del grupo United We Dream. “Lo que Texas está haciendo es dar un paso atrás en equidad educativa”.

El impacto económico también será considerable. Las matrículas out-of-state suelen ser entre dos y tres veces más caras que las tarifas para residentes del estado. Por ejemplo, en la Universidad de Texas en Austin, la matrícula anual para un residente es de alrededor de $11,000, mientras que para un no residente supera los $40,000 dólares.

Además, los estudiantes indocumentados no califican para la mayoría de los programas federales de ayuda financiera, como el Pell Grant o préstamos estudiantiles subsidiados, lo que hace aún más difícil costear los estudios sin el beneficio de la matrícula local.

Este cambio podría significar, en la práctica, la expulsión silenciosa de miles de jóvenes del sistema de educación superior, obligándolos a abandonar sus estudios o buscar alternativas en instituciones privadas más flexibles o incluso fuera del país.

La medida se da en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno federal y el estado de Texas en materia migratoria. El gobernador Greg Abbott ha tomado posturas cada vez más duras contra la inmigración irregular, incluyendo el envío de tropas a la frontera, la instalación de barreras flotantes en el río Bravo, y la promulgación de leyes estatales que buscan reforzar el control migratorio, muchas de las cuales han sido impugnadas por la Casa Blanca.

En el plano político, la decisión también tiene implicaciones. Mientras sectores conservadores aplauden la medida como un acto de justicia para los ciudadanos estadounidenses, líderes demócratas y organizaciones educativas argumentan que penalizar a estudiantes que crecieron en el estado es cruel y contraproducente.

“Se trata de jóvenes que han hecho todo lo correcto: se graduaron de la preparatoria, buscan una carrera, contribuyen a sus comunidades. ¿Qué mensaje estamos mandando?”, cuestionó el senador estatal Roland Gutierrez, demócrata por San Antonio.

La Universidad de Texas, la Universidad Estatal de Texas y el sistema de Texas A&M aún no han emitido comunicados oficiales sobre cómo aplicarán la directiva, pero se espera que comiencen auditorías internas para identificar a los estudiantes afectados.

Desde su promulgación en 2001, la Texas Dream Act ha sido modelo para otros estados, como California e Illinois, que también adoptaron legislaciones similares para apoyar a estudiantes indocumentados. Sin embargo, Texas es ahora el primer estado en revertir formalmente esa política tras un fallo judicial.

Los críticos de la decisión advierten que podría aumentar la deserción escolar y limitar el desarrollo de talento local, lo cual afectaría la competitividad del estado en áreas como salud, tecnología y educación, donde estos jóvenes se han insertado con éxito.

Por su parte, algunos expertos legales aseguran que el fallo aún podría ser apelado y que la aplicación del mismo no es automática, por lo que grupos de defensa estudian posibles recursos legales para proteger los derechos adquiridos de los estudiantes.

En medio de esta incertidumbre, miles de familias latinas en Texas enfrentan un panorama incierto. Muchos padres migrantes han hecho grandes sacrificios para que sus hijos accedan a la universidad, y ahora temen que ese sueño se esfume por una barrera económica impuesta desde el gobierno.

“No estamos pidiendo privilegios, solo igualdad de oportunidades”, expresó en redes sociales Camila H., estudiante de 19 años en Houston, hija de padres guatemaltecos. “Yo crecí en Texas, aprendí inglés aquí, he trabajado duro para llegar hasta donde estoy.

Donald Trump y su oposición a las reformas migratorias en favor de estudiantes extranjeros

Desde su llegada a la presidencia en 2017, Donald Trump ha mantenido una postura estricta en materia migratoria, que ha impactado de manera directa a miles de estudiantes extranjeros en Estados Unidos. Su política migratoria ha estado marcada por el endurecimiento de leyes, restricciones de visas, eliminación de protecciones y una retórica que criminaliza la migración, incluso cuando se trata de jóvenes con aspiraciones académicas.

Uno de los principales blancos de su administración fue el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como “Dreamers”. Muchos de ellos son estudiantes universitarios o recién graduados. En 2017, Trump intentó poner fin a este programa creado por Barack Obama, lo cual generó múltiples batallas legales y una fuerte movilización social.

Aunque la Corte Suprema bloqueó temporalmente la eliminación de DACA en 2020, el gobierno de Trump logró frenar la aceptación de nuevas solicitudes y limitó la renovación de permisos, dejando a miles de jóvenes en un limbo legal. Este ataque al DACA fue una de las señales más claras de su negativa a apoyar cualquier reforma migratoria con un enfoque humanitario o educativo.

En lugar de promover vías para que estudiantes indocumentados regularicen su estatus y continúen sus estudios, su administración propuso recortes presupuestarios a programas que beneficiaban a estudiantes migrantes y buscó eliminar beneficios que permitían que jóvenes sin papeles accedieran a educación superior con tarifas preferenciales, como las in-state tuition en varios estados.

Durante su mandato, el expresidente también impuso restricciones severas en el otorgamiento de visas estudiantiles (F-1) y de intercambio (J-1). Se hicieron más exigentes los requisitos, se aumentaron los rechazos y se redujo la duración máxima de estas visas, lo que generó incertidumbre y ansiedad en miles de estudiantes extranjeros, especialmente de países latinoamericanos, africanos y asiáticos.

Uno de los episodios más polémicos ocurrió en julio de 2020, cuando en medio de la pandemia por COVID-19, el gobierno de Trump anunció que los estudiantes internacionales que tomaran clases exclusivamente en línea perderían su estatus migratorio y serían deportados si no regresaban a sus países. Esta medida, que afectaba a decenas de miles de estudiantes, fue revertida tras demandas encabezadas por universidades como Harvard y el MIT. Además, bajo su política migratoria de “cero tolerancia”, se promovió un ambiente hostil para familias migrantes, lo cual también desincentivó a muchos jóvenes a seguir sus estudios en Estados Unidos. Las redadas en comunidades migrantes y las políticas de separación familiar crearon temor incluso entre quienes ya estaban inscritos en instituciones educativas.

Trump también alentó políticas estatales restrictivas. Gobernadores republicanos alineados con su ideología, como Greg Abbott en Texas, han promovido leyes que eliminan beneficios educativos para estudiantes indocumentados, como el acceso a matrículas reducidas. Esto refleja cómo el legado de Trump sigue influyendo en decisiones que afectan directamente a estudiantes extranjeros.