En respuesta, los fabricantes de armas han presentado una contrademanda por «intimidación» y «violación de la soberanía estadounidense». Argumentan que la iniciativa del Gobierno mexicano es un intento de imponer regulaciones sobre la venta de armas en Estados Unidos, algo que, según ellos, debería ser decidido únicamente por el pueblo estadounidense a través de sus representantes electos. Además, afirman que dicha demanda pone en riesgo el derecho constitucional de los ciudadanos de portar armas, consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución de EE.UU.

Uno de los puntos más controversiales es el enfoque de México en la responsabilidad corporativa de las empresas armamentistas. México argumenta que estas compañías no han tomado las medidas necesarias para evitar que sus productos caigan en manos de organizaciones criminales, a pesar de tener conocimiento del flujo de armas hacia el país. Las autoridades mexicanas también señalan que estas armas son utilizadas de manera desproporcionada en actos violentos, lo que contribuye a la crisis de seguridad pública que enfrenta el país. El gobierno mexicano está buscando reparaciones económicas multimillonarias, alegando que el costo de la violencia atribuida a las armas fabricadas en Estados Unidos es extremadamente alto, tanto en términos de vidas humanas como de recursos financieros. La demanda incluye no solo el costo de los crímenes violentos, sino también los gastos relacionados con la lucha contra los cárteles de la droga, la seguridad pública y el sistema judicial mexicano.

Por otro lado, los fabricantes de armas han argumentado que la responsabilidad por la violencia en México recae sobre el Gobierno y las instituciones de seguridad de ese país, no sobre las compañías que operan bajo las leyes estadounidenses. En su contrademanda, alegan que permitir que avance el litigio de México podría sentar un precedente peligroso para otras naciones que busquen culpar a empresas estadounidenses por problemas de orden público fuera de sus fronteras.

La Suprema Corte de Estados Unidos ha aceptado revisar el caso y se espera que durante el próximo periodo de sesiones analice la viabilidad de la demanda mexicana. El fallo será crucial para definir si una nación extranjera puede demandar a empresas estadounidenses en base a los daños causados por sus productos en otro país. Este debate legal ha captado la atención de diversos sectores, tanto en Estados Unidos como en México, debido a las implicaciones que podría tener para el comercio, la soberanía y el control de armas a nivel global.

Las empresas demandadas han advertido que el caso podría abrir la puerta a una serie de descubrimientos costosos e intrusivos, lo que consideran como un intento de México por «intimidar» a la industria para que adopte medidas de control de armas que han sido rechazadas repetidamente por los votantes estadounidenses. La acusación de intimidación refleja el temor de las compañías de que la demanda sea una herramienta política para modificar el marco regulatorio de las armas en Estados Unidos.

Además, estas empresas han insistido en que cualquier intento de responsabilizarlas por el uso indebido de sus productos en otros países es una violación a los principios de la libre empresa y del mercado internacional. Desde su perspectiva, la responsabilidad recae en los individuos que cometen los crímenes, no en los fabricantes de las herramientas utilizadas. Por su parte, México ha recibido el apoyo de varias organizaciones internacionales que abogan por el control de armas, argumentando que la falta de regulación en la industria armamentista de Estados Unidos tiene un impacto directo en la violencia que afecta a países como México. Este respaldo ha sido fundamental para mantener la presión sobre los fabricantes de armas y para elevar el perfil del caso a nivel internacional. El resultado del caso también podría influir en las futuras relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, especialmente en áreas sensibles como la seguridad y la cooperación fronteriza. Aunque el gobierno de Estados Unidos no está directamente involucrado en el litigio, el impacto político y diplomático de la demanda será indudablemente significativo.

la batalla legal entre México y los fabricantes de armas estadounidenses no solo es un enfrentamiento jurídico, sino también un choque entre dos visiones diferentes sobre la responsabilidad en el uso de armas de fuego. Con la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos a punto de intervenir, el desenlace de este caso podría tener repercusiones que trasciendan las fronteras de ambos países y sienten precedentes legales en el ámbito internacional.