El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que su Gobierno no cederá ante chantajes, tras el bloqueo que mantienen ejidatarios en la autopista México-Puebla desde hace casi dos días. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que el pago que les está realizando el Gobierno federal es justo, además de que les pidió a los inconformes que no se dejen manipular por abogados que buscan aprovecharse de esta situación a menos de dos meses de que termine su Administración.

“Estamos dispuestos a pagar de acuerdo al avalúo. Se está buscando un arreglo legal y decirle a los campesinos que ayuden y que no se dejen manipular, porque sí se afecta a mucha gente que no pueden transitar, aún cuando se están desviando los vehículos por vías alternas. Ojalá y ellos entiendan esta situación”, indicó.

“Nosotros no vamos a ceder, violando lo que está establecido en la normas, porque además no se debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo, y no estoy de acuerdo con lo que sentenciaba un antiguo político, que conflicto que se resuelve con dinero no es conflicto, porque antes todo era así: te doy a ti, a ti, a ti, y me queda a mi; el que parte y reparte, se queda con la mayor parte, eso no”, destacó.

Ojalá y acepten las condiciones que son justas, y que estén tranquilos porque no se les va a reprimir porque no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes”, puntualizó.

Se cumplen casi dos días del bloqueo en ambos sentidos en la autopista México-Puebla por parte de ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, Puebla.

Dicho bloqueo ocurre justo a la altura del kilómetro 74 de dicha autopista, en donde cientos de automovilistas han quedado varados en su intento por llegar o salir de territorio poblano.

El bloqueo ocurrió por la falta de pago por la expropiación de terrenos para proyectos del Gobierno Federal.

El mandatario mexicano apuntó que los campesinos actúan con la “mala influencia de estos abogados que quieren lucrar, porque se está atendiendo la petición de los campesinos”.

“Nosotros no podemos, como servidores públicos pagar más que lo que se establece en un avalúo. No sé exactamente (cuánto es)., pero están queriendo abusar y como nosotros no reprimimos, porque es mejor convencer, persuadir, que reprimir, aprovecho para hacer un llamado a los campesinos que no se dejen manipular por estos abogados”, manifestó.

Hay mesas, pero por ningún motivo aceptan, y nosotros no podemos ser   rehenes de quienes buscan lucrar, porque sería lo mismo de antes”, agregó.

Se cumplen casi dos días del bloqueo en la autopista México-Puebla

Se cumplen casi dos días del bloqueo en ambos sentidos en la autopista México-Puebla por parte de ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, Puebla.

El bloqueo en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 74, se ha convertido en un punto crítico para la movilidad en la región. Desde el martes 6 de agosto, ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan en Puebla han detenido la circulación en esta importante vía de comunicación, causando que cientos de automovilistas queden varados. El bloqueo se debe a una disputa relacionada con la expropiación de terrenos para proyectos del Gobierno Federal, en la que los afectados alegan no haber recibido el pago acordado por los terrenos expropiados.

La falta de pago ha generado una fuerte reacción por parte de los ejidatarios, quienes han decidido mantener su protesta de manera indefinida. Para sostener el bloqueo, los manifestantes han instalado carpas, casas de campaña y han provisto de víveres, lo que indica su intención de prolongar la protesta hasta que se logre una resolución satisfactoria. La situación ha llevado a una serie de complicaciones para los conductores, quienes se enfrentan a largas esperas y posibles desvíos para llegar a sus destinos.

A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades locales no han intervenido de manera efectiva para resolver el conflicto. Aunque se han establecido mesas de diálogo para intentar llegar a un acuerdo, los ejidatarios han rechazado las propuestas y soluciones ofrecidas hasta ahora. La falta de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades ha agravado la situación, generando frustración tanto en los manifestantes como en los usuarios de la autopista.

El conflicto refleja una tensión creciente entre las autoridades gubernamentales y las comunidades locales afectadas por proyectos de infraestructura. La expropiación de terrenos es un tema sensible, especialmente cuando las compensaciones prometidas no se cumplen. Los ejidatarios, al sentirse desatendidos y menospreciados, han optado por medidas extremas como el bloqueo de una vía de alto tráfico para llamar la atención sobre su situación.

La falta de intervención por parte de las autoridades para despejar la autopista ha llevado a una situación de estancamiento, donde los esfuerzos de diálogo parecen no estar avanzando. Esto ha provocado que los afectados consideren su protesta como una forma necesaria de visibilizar su causa y presionar al gobierno para que cumpla con sus compromisos. La situación también ha atraído la atención de medios de comunicación y ha puesto en el centro del debate la eficacia de las políticas de expropiación y compensación del gobierno.

Mientras tanto, los automovilistas afectados por el bloqueo están buscando rutas alternas y enfrentan retrasos significativos en sus desplazamientos. La prolongación del bloqueo está generando un impacto económico y social considerable, tanto para los residentes locales como para los viajeros que dependen de esta autopista para sus desplazamientos.

El Gobierno Federal enfrenta ahora un desafío importante para resolver este conflicto y evitar que se reproduzcan situaciones similares en el futuro. Es crucial que se aborden las preocupaciones de los ejidatarios de manera efectiva y que se implementen mecanismos de compensación adecuados para prevenir futuros bloqueos y protestas.

La situación en Santa Rita Tlahuapan subraya la necesidad de un enfoque más coordinado y transparente en la gestión de expropiaciones y en la comunicación con las comunidades afectadas. Los gobiernos locales y federales deben trabajar juntos para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados y que se mantenga el flujo normal de las actividades económicas y sociales en la región.