Las audiencias públicas comenzarán este lunes con los argumentos del país que inició esta batalla jurídica, Vanuatu, un archipiélago de Melanesia y uno de los Estados más afectados por el cambio climático en el mundo, a pesar de contribuir solo con el 0.02 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En total, 98 Estados y 12 organizaciones internacionales han expresado su intención de participar en los procedimientos orales ante la Corte, y sus representantes hablarán entre el 2 y el 13 de diciembre en el Palacio de la Paz de La Haya, la sede de la CIJ, máximo órgano judicial de Naciones Unidas.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dado inicio a un proceso histórico en la lucha contra el cambio climático, atendiendo una solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas para emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones legales de los Estados respecto a esta crisis global. En este esfuerzo sin precedentes, 98 países y 12 organizaciones presentarán sus argumentos ante el tribunal. Este caso podría marcar un antes y un después en la manera en que se aborda el cambio climático desde el derecho internacional.

El punto de partida de esta batalla jurídica fue la propuesta de Vanuatu, un pequeño archipiélago en Melanesia, que enfrenta graves consecuencias del cambio climático, incluyendo la subida del nivel del mar, ciclones más intensos y daños irreparables a sus ecosistemas. Este país, que solo contribuye con el 0.02% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, busca establecer con claridad las responsabilidades de los Estados más contaminantes frente a los países más vulnerables.

La opinión consultiva de la CIJ no es vinculante, pero su peso moral y jurídico podría influir significativamente en las futuras negociaciones internacionales sobre el cambio climático, así como en las políticas de los países. El objetivo es definir qué obligaciones tienen los Estados para reducir sus emisiones, proteger a sus poblaciones de los efectos del cambio climático y apoyar a las naciones más afectadas.

Uno de los aspectos más esperados de las audiencias es cómo se abordará el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, establecido en acuerdos como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Este principio reconoce que, aunque todos los países tienen la responsabilidad de combatir el cambio climático, los países desarrollados, que históricamente han contribuido más a las emisiones, deben asumir una mayor carga.

Además, se espera que el tribunal examine cómo los derechos humanos se ven afectados por el cambio climático. Naciones Unidas ha señalado repetidamente que fenómenos como las sequías, los huracanes y el aumento del nivel del mar violan derechos fundamentales como el acceso al agua, la alimentación y la vivienda. Esto podría ampliar la interpretación de las obligaciones legales de los Estados en el contexto de la justicia climática.

Las audiencias también pondrán de relieve los compromisos internacionales actuales, como los establecidos en el Acuerdo de París, donde los países se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius. Sin embargo, muchos activistas y gobiernos, como el de Vanuatu, consideran que estos compromisos son insuficientes y carecen de mecanismos efectivos para exigir su cumplimiento.

La participación de 98 países y 12 organizaciones en este proceso refleja la magnitud del problema y el interés global en encontrar soluciones legales para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, también expone divisiones significativas entre los países desarrollados y en desarrollo. Mientras algunos defienden la necesidad de medidas más estrictas y apoyo financiero para las naciones vulnerables, otros temen que este proceso imponga nuevas obligaciones que podrían afectar sus economías.

China y Estados Unidos, los mayores emisores de gases de efecto invernadero, han adoptado posturas cautelosas en este proceso. Si bien reconocen la importancia del cambio climático, ambos países han mostrado reticencias a aceptar responsabilidades más estrictas, argumentando que sus esfuerzos nacionales deben ser suficientes para cumplir con sus compromisos internacionales.

Por su parte, la sociedad civil ha jugado un papel crucial en impulsar esta iniciativa. Organizaciones como Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) han presentado documentos en apoyo a la petición de Vanuatu, destacando la necesidad urgente de que los países adopten medidas vinculantes para proteger al planeta y sus habitantes.

El veredicto de la CIJ, aunque consultivo, podría ser un catalizador para cambios legislativos en muchos países. Podría servir de base para demandas legales contra gobiernos y empresas que no cumplan con sus obligaciones climáticas. Además, podría presionar a los líderes mundiales a adoptar metas más ambiciosas en futuras conferencias climáticas, como la COP.

En última instancia, este caso subraya la creciente intersección entre el cambio climático y el derecho internacional. También pone de manifiesto la urgencia de una cooperación global más sólida para abordar una crisis que afecta a todos, pero que golpea de manera desproporcionada a los más vulnerables.

Mientras el proceso avanza en la CIJ, la comunidad internacional observa de cerca. Este es un momento crucial para establecer un precedente que guíe las acciones futuras y demuestre que la lucha contra el cambio climático es, en última instancia, una cuestión de justicia y derechos humanos.

Las preguntas
El 29 de marzo de 2023, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que solicitó a la Corte que emitiera una opinión consultiva sobre una serie de preguntas.

“¿Cuáles son las obligaciones de los Estados, en virtud del derecho internacional, para garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente frente a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, en beneficio de los Estados y de las generaciones presentes y futuras?”, cuestionó la Asamblea.

Además, preguntó a los jueces sobre “las consecuencias legales” bajo estas obligaciones en los casos en que, por “actos y omisiones” de los Estados, “hayan causado un daño significativo” al medio ambiente, sobre todo respecto a otros países, en particular los pequeños insulares, que, por su geografía, se vean perjudicados por las consecuencias.

También pide a la CIJ pronunciarse sobre las consecuencias con respecto a “pueblos e individuos de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático”.

Los magistrados de la CIJ deberán basar su opinión legal no vinculante en documentos como la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Acuerdo de París, así como los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A invitación de la CIJ, el pasado martes un grupo de autores, actuales y pasados, de los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) se reunieron con los miembros de la Corte para “mejorar su comprensión” sobre sus principales hallazgos científicos.

“Estos informes abarcan la base científica, los impactos y los riesgos futuros del cambio climático, así como las opciones para la adaptación y mitigación”, señaló la CIJ sobre esa reunión previa al inicio de las audiencias públicas.

La COP29
Estas audiencias centrarán la atención de los Estados y activistas climáticos que se han mostrado decepcionados con los resultados hace unos días de la COP29 de Bakú (Azerbaiyán), donde los países representados alcanzaron un acuerdo financiero por el cual los países ricos pagarán 300 mil millones de dólares anuales al mundo en desarrollo para costear allí la acción climática.

“Cada año, nuestra gente observa los efectos lentos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, y los impactos rápidos, como tormentas más fuertes y frecuentes. Estamos presenciando la destrucción de nuestras tierras, medios de vida, cultura y derechos humanos”, señaló Ralph Regenvanu, enviado especial para el Cambio Climático y Medio Ambiente de Vanuatu, que sufrió el año pasado tres ciclones graves en poco tiempo.

En un evento previo al inicio de las audiencias en la CIJ, Regenvanu aseguró que “la resiliencia no basta” para afrontar las consecuencias del calentamiento global y recordó que, durante más de cinco décadas, la ciencia “ha advertido sobre las consecuencias” y “lo que Vanuatu ha enfrentado durante años es lo que ahora el resto del mundo comienza a sentir”.

España también participará en estas audiencias. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya mencionó en la COP29 el ejemplo de la tragedia de Valencia por la reciente dana para apelar a la conciencia de la comunidad internacional a que reaccione ante la evidencia de que “el cambio climático mata”, deje de “arrastrar los pies” y combata a los negacionistas.

¿Qué es el cambio climático y cómo se puede prevenir?

El cambio climático se refiere a las alteraciones significativas y duraderas en los patrones del clima en el planeta. Aunque los cambios climáticos han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, el término se usa actualmente para describir el calentamiento global y sus efectos relacionados, causados principalmente por la actividad humana desde la Revolución Industrial. Este fenómeno ha desencadenado una serie de desafíos ambientales, sociales y económicos.

El principal impulsor del cambio climático es el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Estos gases, como el dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄) y el óxido nitroso (N₂O), actúan como un «escudo» que atrapa el calor del sol, evitando que regrese al espacio. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y las prácticas agrícolas intensivas son algunas de las principales fuentes de estos gases.

Uno de los efectos más visibles del cambio climático es el aumento de la temperatura global. Según los científicos, la temperatura promedio de la Tierra ya ha aumentado aproximadamente 1.1°C desde los niveles preindustriales. Este aumento puede parecer pequeño, pero tiene consecuencias enormes, como olas de calor más intensas, derretimiento de glaciares y un aumento del nivel del mar.

El cambio climático también afecta los patrones de lluvia, lo que puede provocar sequías prolongadas en algunas regiones y lluvias intensas e inundaciones en otras. Estos fenómenos no solo alteran los ecosistemas naturales, sino que también ponen en peligro la seguridad alimentaria, ya que afectan la agricultura y el suministro de agua potable.

En cuanto a los ecosistemas, muchas especies están luchando por adaptarse a los cambios rápidos en sus hábitats. La pérdida de biodiversidad es una consecuencia directa del cambio climático, ya que las temperaturas más cálidas y los fenómenos extremos superan la capacidad de adaptación de muchas plantas y animales.

En el ámbito social, el cambio climático exacerba las desigualdades existentes. Las comunidades más vulnerables, como aquellas en países en desarrollo o regiones costeras, son las más afectadas, a pesar de contribuir muy poco a las emisiones globales. Esto plantea cuestiones de justicia climática y la necesidad de acciones equitativas a nivel global.

Para prevenir el cambio climático, es crucial reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de las medidas más efectivas es la transición hacia fuentes de energía renovable, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, en lugar de depender de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón.

Otra estrategia importante es mejorar la eficiencia energética en hogares, industrias y transporte. El uso de tecnologías más limpias y eficientes, junto con la promoción de hábitos de consumo sostenibles, puede marcar una gran diferencia. Por ejemplo, optar por vehículos eléctricos y reducir el uso de plásticos desechables son pasos clave.

La conservación y restauración de los ecosistemas también juega un papel fundamental. Los bosques, por ejemplo, actúan como sumideros de carbono, absorbiendo CO₂ de la atmósfera. Protegerlos y reforestar áreas degradadas ayuda a mitigar el cambio climático y mejora la biodiversidad. En el sector agrícola, adoptar prácticas más sostenibles, como el uso eficiente del agua, la rotación de cultivos y la reducción del uso de fertilizantes químicos, puede reducir significativamente las emisiones de GEI. Además, promover dietas basadas en plantas puede disminuir la huella de carbono de la industria alimentaria.

Los gobiernos también tienen un rol crucial en la prevención del cambio climático. Establecer políticas ambiciosas, como impuestos al carbono, regulaciones para limitar las emisiones industriales y metas claras en el marco del Acuerdo de París, son medidas esenciales para impulsar la acción climática a nivel global.

La educación y la conciencia pública son igualmente importantes. Informar a las personas sobre el impacto de sus acciones diarias y fomentar un estilo de vida más sostenible puede generar un cambio cultural significativo, promoviendo hábitos que contribuyan a la solución del problema.

A nivel comunitario, las iniciativas locales, como el desarrollo de ciudades sostenibles, el transporte público eficiente y la gestión adecuada de residuos, son esenciales para abordar el cambio climático desde una perspectiva más cercana a las personas.

Finalmente, la cooperación internacional es vital. El cambio climático no respeta fronteras, por lo que los países deben trabajar juntos para compartir recursos, tecnología y conocimientos, asegurando que todas las naciones, especialmente las más vulnerables, tengan las herramientas necesarias para adaptarse y mitigar el problema. En conclusión, aunque el cambio climático es un desafío global sin precedentes, prevenirlo aún es posible. Requiere un esfuerzo conjunto de individuos, comunidades, gobiernos y organizaciones internacionales. Cada acción, por pequeña que parezca, cuenta en esta lucha por proteger el planeta para las generaciones futuras.