Tengo la esperanza de que la nueva Administración Trump nos llame y podamos ayudarlos”, dijo a EFE Tim Foley, fundador y líder del grupo. Arizona Border Recon tienen 14 años operando en la frontera. Pero en los últimos dos años el grupo prácticamente había desaparecido.

Sin embargo tras el triunfo del republicano comenzó a publicar nuevamente videos en sus redes sociales sobre su “labor de seguridad”. En un video publicado la semana pasada en la plataforma de YouTube se puede ver a un grupo de aproximadamente 20 hombres de este grupo con ropa camuflada recorriendo la frontera de Arizona y portando armas de fuego de alto calibre.
Foley aseguró que desde que Trump fue electo nuevamente su página web se ha llenado de solicitudes de civiles que desean unirse a ellos. “Nosotros no utilizamos el término de milicia porque nuestro propósito no es derrocar al gobierno de los Estados Unidos, al contrario es defender nuestro país, somos solamente un grupo de civiles”, defendió Foley.

Asegura que las habilidades de sus “chicos” serían de gran utilidad a la administración entrante ya que conocen muy bien la región y todos son rastreadores certificados.“Creo que podríamos ser una herramienta muy útil para asegurar la frontera”.

Explicó que su labor se concentra en llamar a la Patrulla Fronteriza cuando detectan a inmigrantes en el desierto y que los vigilan para asegurarse de que las mujeres y los niños no sean traficados.

Un desierto fértil para los grupos armados

Arizona tiene un largo historial de milicias civiles patrullando la frontera. En la década del 2000, Roger Barnett comenzó su propio grupo dedicado a hacer detenciones civiles a migrantes que cruzaban por sus tierras en el condado Cochise.

Una década después, una corte ordenó a Barnett pagar cerca de 90.000 dólares a cuatro migrantes que detuvo en su propiedad utilizando perros, armas de fuego. La acusación detallaba que el hombre pateó a una mujer que ya estaba en el piso.

En 2005, el polémico Proyecto Minutemen, un grupo civil armado ganó notoriedad al realizar operativos para vigilar la frontera de los Estados Unidos con México, y aunque prácticamente ha desaparecido no se descarta que pueda revivir.

Otra milicia en Arizona que también ha expresado su interés por cooperar con la administración Trump es Veterans Patrol (VOP), un grupo extremista que promueve teorías conspirativas relacionadas con la migración y promueve la presencia de civiles armados en la frontera, según un reporte de Southern Poverty Law Center (SPLC).

Thomas Homan, quien fue designado por Trump como el nuevo zar de la frontera, dijo la semana pasada durante una visita a Arizona que existe un “gran interés” por parte de civiles, a los que llamó “buenos patriotas”, de ayudar al presidente electo en sus esfuerzos por asegurar la frontera.

Para Isabel García directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona “es lógico” que tras la victoria de Trump se reactiven las milicias civiles.

“Están viendo la oportunidad de hacer lo que quieran y nadie les dirá nada”, dijo a Efe la activista.

García teme que los derechos civiles de los migrantes sean violados por estos grupos que operan en los lugares más alejados del desierto de Arizona.

Tampoco descarta que los grupos humanitarios que se dedican a colocar agua en el desierto sean víctimas de estas milicias, como ha sucedido en el pasado.

“No sabemos qué va a pasar bajo esta nueva administración Trump, nos preocupa mucho no solo la presencia de milicias civiles, sino una posible cooperación con la policía y agencias federales”, subrayo la activista.

Resaltó que ya trabajan para asistir a la comunidad inmigrante y documentar cualquier tipo de abuso que pudiera ocurrir en contra de ciudadanos estadounidenses que sean víctimas de perfil racial.

Proponen dar recompensa de mil dólares a quien denuncie a indocumentados en Misuri, EE.UU.

La legislatura de Misuri considerará un proyecto de ley que crearía un programa de cazadores de recompensas de migrantes con un pago de hasta mil dólares para quien dé información que lleve al arresto de indocumentados por parte de las autoridades estatales.

Presentado por el senador electo David Gregory, republicano del área de St. Louis, el proyecto de ley SB 72 además crearía un nuevo delito de “allanamiento ilegal” para acusar a los indocumentados por un delito grave, lo que permite a la policía estatal investigar y arrestar a un migrante por no tener estatus legal, una función de restringida a las autoridades federales.

La propuesta legislativa también solicita al Departamento de Seguridad Pública de Misuri crear el ‘Programa de Cazadores de Recompensas Certificados para Extranjeros Ilegales de Misuri’, que certificará a los solicitantes como cazadores de recompensas con el propósito de encontrar y detener a extranjeros ilegales en este estado”, dice el proyecto de ley citado por NBC News.

La medida también crearía el “Fondo del Programa de Cazadores de Recompensas Certificados para Extranjeros Ilegales de Missouri” con fondos de la Asamblea General del estado.

En un video en su cuenta de X, Gregory dijo que cuando se postuló al cargo prometió convertir al estado de Misuri en un líder nacional en la lucha contra la migración ilegal.

“Estoy cumpliendo con mi promesa. Este proyecto de ley finalmente permitirá a las fuerzas del orden de Misuri encontrar y arrestar a los migrantes ilegales”, señaló.

Agregó que el estado necesita que “todos participen” para atrapar a los migrantes antes de que cometan delitos.

Gregory, un seguidor del presidente electo Donald Trump, dijo que aquellas personas que den información que lleve al arresto de un indocumentado podrían obtener una recompensa de mil dólares.

Informe de HRW revela que los agentes de CBP afirman que el asilo “ya no existe” en EE.UU.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) han negado el acceso al asilo a familias mexicanas, incluso asegurando que el amparo “ya no existe en EE.UU” tras las restricciones impuestas por la Casa Blanca, reveló un informe de Human Rights Watch (HRW, en inglés). El reporte estableció que las prácticas actuales de los agentes de CBP de denegar el acceso a los solicitantes de asilo viola el derecho estadounidense e internacional sobre derechos humanos. En junio pasado, la Administración del presidente Joe Biden impuso restricciones al asilo en la frontera sur de EE.UU., como parte de su estrategia para contener el ingreso de migrantes y que ha logrado reducir el cruce de indocumentados.

Vicki B. Gaubeca, directora asociada de política fronteriza e inmigración de Estados Unidos de HRW, dijo que la investigación reveló que los agentes de CBP “ignoraron” las preocupaciones de los solicitantes diciéndoles, entre otras cosas, que “el asilo ya no existe en Estados Unidos, o los intimidaron para que guardaran silencio”.

El informe se basa en entrevistas realizadas en octubre pasado a 40 familias mexicanas que habían solicitado asilo y fueron regresados a Nogales (México). De las 40 personas entrevistadas, los agentes de CBP remitieron sólo a dos familias –una madre y su hijo adolescente, y otra madre con un hijo y una hija adolescentes– a un funcionario de asilo de cara a iniciar el proceso. Sólo la madre con el hijo adolescente logró tener una audiencia ante un juez de inmigración.

Las dos familias fueron entrevistadas y finalmente deportadas después de permanecer detenidas durante aproximadamente una semana

De los entrevistados, 29 dijeron que tenían la intención de solicitar asilo o hablaron directamente sobre las amenazas que temían y fueron ignorados por los agentes de CBP.

“Algunos dijeron que los agentes de la Patrulla Fronteriza les gritaron insultos y maldiciones, les rasgaron la ropa y les quitaron los cordones de los zapatos y los cordones de la ropa, debido a una política del gobierno de EE.UU. para prevenir la autolesión, de manera violenta y degradante”, detalla el informe.

HRW documentó casos en los que los agentes de CBP impidieron a mexicanos acceder a los procedimientos de asilo a pesar de enfrentar amenazas en su país y luego fueron devueltos.

La organización considera que algunos de los solicitantes también podrían encajar dentro de las excepciones a la regla de asilo de junio, que permite que se consideren las solicitudes de asilo siempre que alguien exprese o demuestre que “enfrenta una amenaza inminente y extrema a la vida o la seguridad”.