El Distrito Sur de California presentó más de 90 casos relacionados con el transporte de extranjeros indocumentados, la introducción de migrantes con fines lucrativos y el reingreso a Estados Unidos tras una deportación previa. Estos delitos son considerados prioritarios dentro de las acciones emprendidas para frenar la inmigración ilegal.

El Distrito de Nuevo México acusó a un total de 77 personas de volver a entrar ilegalmente en el país, de tráfico de extranjeros o de entrar a EE.UU. sin los documentos requeridos. Este estado ha sido uno de los principales puntos de cruce de migrantes debido a su extensa frontera con México. En el caso del Distrito Sur de Texas, las autoridades presentaron cargos contra 246 personas relacionados con la inmigración y la seguridad fronteriza. Este sector ha registrado un aumento en el número de detenciones en comparación con años anteriores. Además, los fiscales federales del Distrito Oeste de Texas presentaron 210 casos penales contra inmigrantes, lo que evidencia la magnitud del fenómeno migratorio y la respuesta judicial en esta región.

Las acusaciones forman parte de la Operación ‘Take Back America’ (‘Recuperar América’), que tiene como objetivo «repeler la invasión de la inmigración ilegal y lograr la eliminación total de los carteles y las organizaciones criminales transnacionales», según el Departamento de Justicia.

El gobierno estadounidense ha intensificado los esfuerzos para abordar el flujo de migrantes en la frontera con México, implementando medidas más estrictas para la detención y procesamiento de quienes ingresan sin autorización.

Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por el enfoque de la operación, argumentando que criminaliza a personas que buscan una mejor calidad de vida y que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en los últimos meses se ha registrado un incremento en el número de intentos de cruce irregular. Esta tendencia ha sido impulsada por factores como la inestabilidad política y económica en América Latina.

Los migrantes indocumentados a menudo enfrentan condiciones extremas en su travesía hacia Estados Unidos. Muchos de ellos son víctimas de traficantes de personas que les prometen un paso seguro a cambio de grandes sumas de dinero.

Las autoridades estadounidenses han detectado un aumento en la actividad de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes. Estas redes operan en colaboración con carteles que controlan el tránsito en varias rutas hacia la frontera.

A pesar de las restricciones y los riesgos, miles de personas continúan intentando cruzar a Estados Unidos cada mes. Muchos lo hacen en busca de trabajo, reunificación familiar o para solicitar asilo debido a persecuciones en sus países de origen.

El sistema judicial enfrenta un gran reto debido a la cantidad de casos relacionados con inmigración. Los tribunales migratorios tienen una acumulación de expedientes que han retrasado el procesamiento de solicitudes de asilo y otras peticiones legales. En el ámbito político, la inmigración sigue siendo un tema de debate en Estados Unidos. Mientras algunos sectores abogan por medidas más estrictas, otros defienden la implementación de reformas que permitan una regularización de los inmigrantes indocumentados. Las deportaciones han aumentado en los últimos años como parte de la estrategia gubernamental para controlar la migración. Sin embargo, estudios han señalado que muchas de las personas deportadas intentan regresar a EE.UU. debido a la falta de oportunidades en sus países de origen.

El impacto de estas políticas migratorias se extiende a diversas comunidades dentro de Estados Unidos. Familias han sido separadas y muchas personas viven con temor a ser detenidas y expulsadas del país.

Los expertos en derechos humanos han advertido sobre la necesidad de un enfoque más humanitario para atender la crisis migratoria. Sugieren que se deben ampliar las vías legales para la migración y fortalecer la cooperación con países de origen para abordar las causas fundamentales de la migración. Mientras tanto, las detenciones y los procesos judiciales continúan, evidenciando la compleja realidad que enfrentan los migrantes indocumentados en su intento por establecerse en Estados Unidos.

Gobierno de Trump dice haber detenido a 20.000 inmigrantes ilegales en un mes

El gobierno de Donald Trump ha detenido en un solo mes a 20.000 inmigrantes ilegales, según anunció hoy la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem.

En un breve comunicado en el que no dio detalles pormenorizados, Noem se jactó de haber incrementado en un 627 % el promedio de arrestos mensuales durante la precedente administración de Joe Biden, y añadió que ese gobierno anterior solo arrestó a 33.000 inmigrantes a lo largo de todo el año pasado.

Sin embargo, esa última cifra no parece correcta: según datos obtenidos por la televisión NBC la pasada semana, fueron 113.431 los inmigrante ilegales detenidos el pasado año fiscal (de octubre de 2023 a septiembre de 2024), de los que un 28 % no tenían acusaciones pendientes.

También el medio Axios ofreció otra cifra que contradice a Noem: de acuerdo a sus estadísticas, solo en noviembre pasado, todavía durante el gobierno Biden, los distintos cuerpos policiales detuvieron a 21.130 inmigrantes. En todo caso, Noem no provee detalles de los lugares de detención -si fue en la frontera o en todo el país- ni tampoco precisa si se trató del mes completo de enero o se calculó según otras fechas.

Sí escribió que el gobierno de Trump «salva vidas cada día con sus acciones para dar seguridad a la frontera y deportar a criminales extranjeros», de los que hay actualmente «cientos de miles que entraron en el país ilegalmente».
Su único crimen es tener tatuajes, dice la pareja de un deportado de EE.UU. a El Salvador

La pareja de Gustavo Adolfo Aguilera, uno de los deportados por el Gobierno de Trump a una cárcel de alta seguridad en El Salvador este fin de semana, dijo a EFE que el único crimen de este plomero es tener tatuajes, entre ellos uno de su hijo.

El migrante, explica, además, entró legalmente a Estados Unidos, pues solicitó formalmente el asilo.

“Su único crimen es tener tatuajes, porque no pueden decir que entramos ilegalmente a Estados Unidos”, afirmó su pareja, quien no quiso dar el nombre y con quien tiene un hijo de ocho meses. “Nosotros recibimos autorización en la frontera con México con el parole (permiso migratorio humanitario) y estábamos esperando respuesta a nuestra solicitud de asilo político”. Según relata, ambos pasaron cinco meses en México esperando su cita con las autoridades migratorias tras un arduo viaje por tierra desde Venezuela. “Nos vinimos porque la violencia criminal era cada vez peor. Los colectivos nos tenían acosados”, explicó en referencia a las bandas paramilitares.

Aguilera tiene varios tatuajes, un rasgo que comparte con unos 238 hombres deportados a El Salvador el sábado pasado. Entre sus tatuajes destacan una máscara de gas con la inscripción ‘reality for life’ en el brazo izquierdo, una estrella y el símbolo del infinito en un hombro, además del nombre de su hijo mayor en el cuello.

El venezolano fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Louisville (Texas), a principios de febrero, poco después de que la Administración Trump eliminara el “parole”. Hoy, en el día de su cumpleaños 29, su pareja asegura que está entre los venezolanos deportados a El Salvador. Lo identificó por una foto.

“Dicen que son tatuajes de pandillas, pero cualquiera que conozca sobre el tema en Venezuela sabe que no hay un tatuaje que los identifique como ocurre aquí. Además, nosotros somos de La Fría, en el estado Táchira, y allá no hay Tren de Aragua”, aseguró, en referencia a la organización criminal trasnacional nacida en Venezuela con la que la Administración Trump ha conectado a muchos de los deportados.

“Yo sabía dónde estaba porque a los detenidos les asignan un número y se pueden buscar en el sistema. Se les puede enviar dinero a través de una aplicación y realizar llamadas con una tableta que les proporcionan”, explicó. Aguilera estaba detenido en el Centro de Procesamiento Migratorio de Río Grande, cerca de la frontera con México. La semana pasada, le avisaron que sería deportado. “Pensábamos que lo enviarían a Venezuela y, aunque no era lo que queríamos, le dije que era mejor que estar preso”, contó.

El jueves, el nombre de Aguilera desapareció del sistema migratorio. El viernes en la mañana volvió a aparecer. “Me dijo que los empezaron a movilizar y luego los devolvieron”, relató. Horas más tarde, volvió a desaparecer del sistema y desde entonces no sabe nada de él. Su pareja y la familia Aguilera buscan apoyo en activistas migratorios como el Caucus Venezolano Americano, pero la incertidumbre y la angustia le han afectado su salud, su trabajo y hasta el bienestar de su bebé. “Ojalá que logren que lo devuelvan o lo lleven a Venezuela”, ruega con la voz rota.

“Esto es lo peor. Estoy tan decepcionada. Hemos trabajado muy duro, los siete días de la semana. No le hemos hecho mal a nadie. Todo lo hicimos bien. Estoy llegando al punto de preferir que me maten los malandros en Venezuela que seguir aquí. No es vida para nadie”, expresó con desesperación. EFE