Las políticas migratorias impulsadas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguen generando un impacto significativo no solo en las comunidades migrantes, sino también en sectores económicos clave que dependen de esa mano de obra. Las deportaciones masivas, que han sido calificadas como una de las promesas más contundentes de su administración, han incrementado el temor, la ansiedad y la incertidumbre entre los trabajadores indocumentados, muchos de los cuales optan por no salir de sus hogares para evitar ser detenidos. Rebeca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition en Illinois, destacó el efecto colateral de estas medidas en los empresarios. Según Shi, aunque el gobierno asegura que las deportaciones están dirigidas a personas con antecedentes violentos o involucradas en actividades delictivas, en la práctica también están siendo afectados trabajadores esenciales. Estos empleados, quienes desempeñan un papel fundamental en sectores como la agricultura, la construcción y el servicio, han sido deportados o han decidido ausentarse de sus trabajos por miedo a las redadas. Los empresarios de esta coalición han reportado una desaceleración preocupante en sus operaciones, que en algunos casos alcanza hasta un 50%. La razón, según explican, radica en que muchos trabajadores indocumentados han dejado de asistir a sus puestos de trabajo por temor a ser detenidos y deportados.

Este fenómeno está afectando directamente la productividad de las empresas, especialmente aquellas en industrias que dependen en gran medida de la mano de obra migrante para mantener sus niveles de producción.

Trump ha reiterado en varias ocasiones su intención de cumplir con su promesa de campaña de realizar deportaciones masivas, lo que, según Shi, se ha convertido en una realidad palpable. Durante un fin de semana reciente, más de un millar de migrantes fueron expulsados del país en operativos llevados a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Estas operaciones se han concentrado en ciudades como Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Los Ángeles, y hasta en Puerto Rico, generando un ambiente de constante incertidumbre.

El impacto no se limita únicamente a los migrantes. Los empresarios que dependen de esta fuerza laboral han alzado la voz para expresar su preocupación ante el gobierno. Señalan que las deportaciones están afectando gravemente sus negocios y advierten que, de continuar esta tendencia, muchas empresas podrían enfrentar serias dificultades económicas. Algunos incluso han hecho un llamado para que se reevalúen estas políticas, considerando las contribuciones económicas de los trabajadores migrantes.

Otro punto alarmante es el impacto emocional en las comunidades migrantes. La combinación de las redadas y el clima de hostilidad ha generado un ambiente de constante ansiedad. Familias enteras viven con el miedo de ser separadas, y muchas personas han optado por reducir al mínimo su vida social y profesional para no llamar la atención de las autoridades migratorias.

En este contexto, se ha observado un aumento en el número de llamadas a organizaciones comunitarias y legales que ofrecen apoyo a los migrantes. Estas organizaciones han reportado una alta demanda de consultas sobre derechos legales, asesoramiento en caso de detención y búsqueda de alternativas para evitar la deportación. Sin embargo, muchas veces los recursos son limitados y no alcanzan para atender a toda la población afectada.

Mientras tanto, el gobierno de Trump ha defendido estas acciones como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad nacional y proteger a los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, expertos y defensores de los derechos humanos han señalado que estas medidas no solo son desproporcionadas, sino también contraproducentes, ya que impactan negativamente en sectores económicos y en la estabilidad de las comunidades.

La agricultura, una de las industrias más afectadas, ya está reportando pérdidas debido a la falta de trabajadores. Según los empresarios agrícolas, la cosecha de ciertos productos se ha retrasado, lo que podría traducirse en un incremento en los precios para los consumidores. En estados como California y Texas, donde la actividad agrícola depende en gran medida de los migrantes, el efecto ha sido especialmente devastador.

En la construcción, otro sector que emplea a una gran cantidad de trabajadores indocumentados, las empresas enfrentan retrasos en proyectos y aumento en los costos operativos. Los empresarios advierten que, si no se encuentra una solución pronto, estas dificultades podrían impactar en la economía en general, dado que estos sectores son pilares fundamentales para el desarrollo del país.

Por otro lado, organizaciones defensoras de los migrantes han señalado que estas políticas están perpetuando un ciclo de precariedad. Los migrantes, que a menudo realizan trabajos esenciales y mal remunerados, están siendo criminalizados y tratados como una amenaza, a pesar de las contribuciones significativas que realizan tanto en términos económicos como sociales.

EE.UU. necesita manos de inmigrantes en el campo y la manufactura

En la conferencia de prensa virtual participaron líderes empresariales como Matt Teagarden, de la Asociación de Ganaderos de Kansas, quien dijo que la mano de obra inmigrante es esencial para su sector y la agricultura en general.

“Los criminales violentos deben ser deportados, pero también se necesitan caminos para legalizar a los inmigrantes que cumplen con la ley y pagan impuestos”, dijo.

El ejecutivo reclamó una reforma migratoria que solucione el problema de fondo, porque el país se enfrenta a una encrucijada: “podemos importar trabajadores y continuar produciendo nuestros alimentos en Estados Unidos, o importar alimentos, lo que es un tema de seguridad nacional”, dijo.

También están otros aspectos económicos que deberían considerarse, advirtieron los empresarios.

Shi dijo que los trabajadores inmigrantes son del 25 al 50% de las industrias esenciales de este país, y contribuyen con más de 80 mil millones de dólares de impuestos todos los años.

Su falta haría empeorar la escasez actual de mano de obra, calculada en 1.7 millones de puestos de trabajo en salud, construcción y manufactura, entre otros, y también reducirá en 4.2 % el Producto Bruto Interno.

Otro aspecto a considerar es quién sustituirá a los inmigrantes en sectores donde los estadounidenses no se interesan en trabajar.

Tony DiMare, cuya familia trabaja desde hace 97 años en la producción de tomates frescos en California y Florida, dijo que esa industria depende de los inmigrantes para la cosecha manual.

La mayoría proviene del programa federal de trabajadores temporales, porque “los nativos no quieren hacer esa tarea”, y cada vez resulta más difícil conseguir extranjeros con los papeles en regla.

En riesgo, el cuidado de ancianos
Los inmigrantes también son esenciales en el cuidado de ancianos y enfermos, un trabajo donde son el 80% de la mano de obra, por ausencia de postulantes estadounidenses.

Adam Lampert, director ejecutivo de una empresa que cuida enfermos en sus hogares en Texas, dijo que las deportaciones van a provocar inflación en el mercado porque será necesario aumentar los salarios para atraer postulantes que no sean extranjeros.

Advirtió de que esa industria “crece rápidamente” y por año se va a necesitar un millón de enfermeros, “que no tenemos domésticamente. Tenemos que buscarlos más allá de las fronteras”, dijo.

La coalición que encabeza Shi iniciará la campaña ‘Asegurar nuestras fronteras’, pero también proteger nuestra fuerza laboral, dirigida a la Casa Blanca y al Congreso.

Reclaman que haya “acción ahora”, a través de una reforma migratoria y de soluciones equilibradas y bipartidistas, que sostengan el liderazgo y la competitividad global de Estados Unidos.

Además, se las pondrá en marcha las deportaciones, en su primer día en la Casa Blanca, el lunes pasado, Trump firmó numerosos decretos con la intención de designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, declarar una emergencia nacional en la frontera entre los Estados Unidos y México y poner fin a la ciudadanía por nacimiento.