Uno de los elementos más preocupantes del regreso de Trump a la política presidencial es el Proyecto 2025, una serie de propuestas que han sido promovidas por un grupo de seguidores radicales del expresidente, que priorizan la eliminación de la inmigración. Este proyecto incluye medidas drásticas que podrían afectar gravemente a los latinos en los Estados Unidos, tanto a aquellos que son inmigrantes como a aquellos que son ciudadanos estadounidenses, debido a sus vínculos familiares con migrantes indocumentados.

El Proyecto 2025 no solo se centra en la construcción de un muro en la frontera con México, como lo hizo en su primer mandato, sino que propone una serie de acciones más radicales que afectarían a una gran parte de la población latina. Las medidas incluyen una mayor militarización de la frontera y la implementación de políticas más agresivas contra los inmigrantes, incluyendo la deportación masiva de personas que hayan cruzado la frontera de manera ilegal.

Si Trump cumple con sus promesas de imponer estas políticas, los efectos sobre los latinos serían devastadores. Según estimaciones de expertos en inmigración, alrededor de 19 millones de latinos podrían verse afectados directamente por sus políticas. Esto no solo incluye a los inmigrantes indocumentados, sino también a sus hijos, cónyuges y otros familiares que viven en el país, lo que representaría la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos.

Entre las medidas más destacadas en la agenda de Trump se encuentra la promesa de llevar a cabo una de las mayores deportaciones en la historia de Estados Unidos. Trump ha afirmado que, de ser elegido, deportará a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, lo que ha generado una gran preocupación entre la comunidad latina. La deportación masiva afectaría a millones de personas que han vivido durante años, si no es que décadas, en el país, muchos de los cuales tienen hijos nacidos en suelo estadounidense.

La «Operación Aurora» es una de las principales propuestas de Trump para llevar a cabo esta deportación masiva. Este plan se basa en una ley de tiempos de guerra que permite la expulsión de personas consideradas enemigas del estado. Aunque esta norma ha sido usada solo en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, Trump y sus seguidores han propuesto su aplicación para deportar a migrantes indocumentados. Esta idea ha generado una gran alarma, ya que las organizaciones de derechos civiles latinas y otros grupos sociales han advertido que la operación no se limitaría solo a los migrantes sin documentos, sino que podría extenderse a cualquier persona que Trump considere una amenaza para la seguridad nacional, lo que pone en peligro a miles de familias latinas.

Además de la deportación, el enfoque de Trump hacia la inmigración incluye medidas como la denegación de servicios sociales a los inmigrantes indocumentados y la restricción de sus derechos laborales. Estas políticas no solo afectan a los migrantes, sino también a aquellos latinos que dependen de estos servicios, como la atención médica, la educación y el acceso a programas de bienestar. Al mismo tiempo, Trump ha señalado su intención de modificar las leyes de ciudadanía, buscando que los hijos de inmigrantes indocumentados no tengan derecho automático a la ciudadanía estadounidense, una medida que afectaría directamente a las familias latinas.

El impacto de estas políticas sobre la comunidad latina es multifacético. En primer lugar, existe la preocupación de que las deportaciones masivas y las políticas de expulsión afecten a una gran parte de la población indocumentada, que en muchos casos ha formado su vida en los Estados Unidos. Sin embargo, el efecto secundario de estas políticas sería igualmente devastador para los ciudadanos estadounidenses que tienen familiares en situación irregular. En muchos casos, los latinos que viven legalmente en el país verían a sus seres queridos ser deportados, lo que podría generar la separación de familias y un aumento en la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales.

El discurso de Trump sobre la inmigración ha provocado también una división dentro de la comunidad latina. Muchos de los votantes latinos que apoyaron a Trump lo hicieron porque consideran que las políticas migratorias actuales son insostenibles y que es necesario un enfoque más firme para garantizar la seguridad del país. Sin embargo, estos votantes a menudo pasan por alto el impacto directo de estas políticas sobre sus propios familiares y comunidades. En contraste, muchos otros latinos, especialmente aquellos con familiares inmigrantes, ven en Trump una amenaza directa a sus derechos y bienestar.

La polarización en torno a la inmigración se refleja en el creciente debate sobre la relación entre el Partido Republicano y la comunidad latina. Si bien algunos latinos han encontrado en Trump una figura que defiende sus intereses, otros sienten que su retórica ha alimentado el racismo y la xenofobia, exacerbando las tensiones raciales y poniendo en peligro la cohesión social. En muchos casos, el apoyo a Trump no se basa únicamente en la inmigración, sino también en cuestiones como la economía, la seguridad y el conservadurismo social.

El panorama electoral para los latinos en futuras elecciones dependerá en gran medida de cómo se desarrollen las políticas migratorias de Trump y de si se materializan sus promesas de deportación masiva. Es probable que los votantes latinos jueguen un papel clave en las elecciones presidenciales de 2024, especialmente en estados clave como Florida, Texas y Arizona, donde la población latina tiene un gran peso en los resultados. En numerosas ocasiones, Trump ha equiparado a los migrantes sin papeles con delincuentes que roban, matan y violan, por lo que los considera los enemigos del país. Los acusa además de reemplazar a trabajadores estadounidenses y causar el desempleo, a pesar de que los estudios apuntan a que la deportación sería muy negativa para la economía del país. Los migrantes indocumentados suelen ocupar los empleos que los americanos no quieren desempeñar, como los del campo. Pagan impuestos y ayudan a mantener la seguridad social, a pesar de no beneficiarse de ello.

Fin del programa DACA
Ya en 2017, durante su anterior presidencia, Trump quiso eliminar el programa DACA, pero el Tribunal Supremo se lo impidió, a pesar de que admitió que el presidente tiene autoridad para anularlo. El programa, aprobado en 2012 durante la presidencia de Barack Obama, concedía el permiso de residencia y trabajo a los migrantes que llegaron al país de forma ilegal cuando eran niños. A petición de varios Estados gobernados por republicanos, un juez de Texas paralizó el programa, que ya no acepta nuevos solicitantes. Los que entraron, unos 580.000 beneficiarios, pueden seguir renovándolo cada dos años. Los llamados “dreamers” llevan más de dos décadas en el país, son profesionales, han creado familias, echado raíces y la deportación les expulsaría del que consideran su país.

Fin del programa Manteniendo a las Familias Unidas
Aprobado por Joe Biden en junio de este año, el Programa Manteniendo a las Familias Unidas se convirtió en la mayor reforma migratoria de su Administración al conceder la residencia a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, pero fue interrumpido unos días después por un juez federal de Texas, a petición del fiscal republicano Ken Paxton, que lideró a 15 Estados republicanos. Trump se opuso al programa y acusó a Biden de conceder una “amnistía masiva” a los “delincuentes” que entraron de forma ilegal al país. Medio millón de personas más sus hijos podían beneficiarse del programa, conocido en inglés como Parole in Place.

Los solicitantes deben haber vivido en Estados Unidos un mínimo de 10 años y haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 18 de junio. Además, no pueden suponer una amenaza nacional ni tener antecedentes penales. De media, los beneficiados han vivido más de dos décadas en Estados Unidos.

Adiós al TPS
“Springfield es un lugar tan hermoso. ¿Has visto lo que le pasó? Ha sido invadido. No puedes hacerle eso a la gente. Revocaría (el estatus de protección temporal o TPS, por sus siglas en inglés) y traería (a los inmigrantes) de regreso a su país”, dijo Trump en una entrevista a NewsNation el mes pasado.

El TPS protege a unas 330.000 personas que, de regresar a su país, sufrirían violencia, hambruna, las consecuencias de desastres naturales u otras condiciones potencialmente mortales. El grupo más grande de beneficiarios del TPS es el de El Salvador (195.000 personas), seguido de Honduras (57.000 personas) y Haití (50.000 personas).

En el único debate presidencial con Kamala Harris, Trump difundió el infame bulo de que los haitianos que viven en la ciudad de Springfield, en Ohio, se comen a las mascotas, provocando el caos y escenas de violencia en la ciudad.

No más ‘parole’ humanitario
Unas 530.000 personas han llegado al país bajo la protección del programa parole humanitario, que permitió la entrada de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Aprobado en 2022 concedía asilo a los venezolanos que huían del régimen de Nicolás Maduro, si tenían un patrocinador financiero, pasaban una investigación de antecedentes y compraban un boleto de avión para volar a un aeropuerto estadounidense. Trump los considera “migrantes ilegales” y ha criticado que se les conceda un permiso de trabajo.

Fin de la ciudadanía por nacimiento
El presidente electo ha prometido que eliminará la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente, un plan que contradice cómo se ha interpretado durante mucho tiempo una enmienda del siglo XIX de la Constitución. En un vídeo publicado en X, Trump afirmó que esa política supone un imán para los migrantes que vienen de cárceles e instituciones de enfermos mentales. “Desde el primer día firmaré una orden ejecutiva por la que los hijos de extranjeros ilegales no reciban la ciudadanía automática”, prometió.

Un millón para empezar
JD Vance, el compañero de fórmula de Trump como aspirante republicano a la vicepresidencia, dijo en una entrevista con el canal ABC que la deportación masiva de migrantes podría comenzar con un millón de personas indocumentadas.

Sin embargo, expertos en legislación migratoria cuestionan el costo y la factibilidad de esta propuesta. Algunos estiman que mantener un plan como el que propone Trump costaría alrededor de US$100.000 millones.

Cerca de 11 millones de migrantes indocumentados vivían en Estados Unidos hasta 2022, según la información más reciente publicada por el Departamento de Seguridad Nacional.

Casi la mitad de esta población proviene de México, seguida por Guatemala, El Salvador y Honduras.

Los migrantes indocumentados representan 3,3% de los habitantes de Estados Unidos y al menos 8,3 millones son trabajadores, de acuerdo con el instituto de investigación Pew Research Center.

La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en seis estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.

La opción de un TPS
El estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, brinda una protección a los ciudadanos que no pueden regresar de forma segura a sus países, como es el caso de Cuba, Haití o Venezuela.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ofrece TPS a los ciudadanos de países que afrontan tres «condiciones temporales»: conflictos armados, desastres naturales o sanitarios (como epidemias) u otras circunstancias «extraordinarias».

En vista de que el perfil de Nora no se ajusta a las condiciones que exige Estados Unidos para optar por el permiso humanitario para los nicaragüenses, considera que la opción más expedita para lograr su legalización es un TPS.

«En estos 24 años que llevo en Estados Unidos, en los que he trabajado y he pagado impuestos, no ha habido ningún otro mecanismo para que yo cambie de estatus».

«Me siento un poco triste y decepcionada de ver cuántas personas apoyaron a Trump», asegura Christell. «Nos afecta mucho saber que nuevamente hay una amenaza hacia nuestra comunidad migrante y en especial hacia nuestra familia». En el ejercicio de imaginar los próximos pasos que van a seguir, Christell reconoce que emigrar de Estados Unidos «es una decisión difícil».

Sin embargo, alberga la esperanza de que Biden tome una medida de última hora y decida conceder el TPS a los nicaragüenses.

En medio de la incertidumbre, Leah se aferra a una única certeza: «Haremos lo que sea por mi mamá». – menciona latina afectada por separación de su mamá. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en EE.UU. han pedido al gobierno de Joe Biden que apruebe un TPS para los nicaragüenses.