Demandan abogados y activistas a Inmigración

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Dallas, Tx.- Diversos grupos de abogados y activistas presentaron una demanda que acusa que la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplica con mayor dureza la llamada regla de «carga pública» que lo establecido en los lineamientos.

La queja fue presentada por abogados del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), Jenner & Block LLP y Morgan Lewis & Bockius LLP.

Los demandantes afirman que la guía contiene un conjunto complejo y contradictorio de políticas diseñadas para evitar arbitrariamente que todos los inmigrantes, excepto a los más ricos, se conviertan en residentes legales permanentes.

«Nuestros demandantes han atravesado obstáculos cada vez más complicados impuestos por el sistema de inmigración en sus intentos de crear un hogar seguro y permanente en los Estados Unidos, sólo para enfrentar un nuevo conjunto de barreras arbitrarias e ilegales», dijo Joanna E. Cuevas Ingram, abogada del NILC.

Los defensores acusan que el gobierno del presidente Donald Trump buscan eludir las leyes migratorias aprobadas por el Congreso.

La regla de «carga pública» se avaló en 2019 y establece diversos criterios para castigar a inmigrantes que reciben ayudas públicas, como cupones de alimentos, apoyo para vivienda y algunos programas de Medicaid.

La demanda alega que los acusados imponen cargas y costos adicionales arbitrarios y sin precedentes, agregando nuevos requisitos probatorios a través de la «Declaración de autosuficiencia» o Formulario I-944.

Agregan que con la nueva regla los requisitos para obtener la Residencia Permanente se incrementaron sustancialmente y los defensores acusan que fueron «diseñadas para disuadir a los solicitantes».

A FAVOR DE

LOS RICOS

Un grupo de solicitantes de la residencia permanente y defensores de los inmigrantes presentaron una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump y la regla de «carga pública», alegando que los nuevos requerimientos solo permitiría a los «más ricos» acceder a la «tarjeta verde». La queja presentada ante una corte del Distrito de Columbia argumenta que la controvertida guía «contiene un conjunto complejo y contradictorio de políticas diseñadas para evitar ilegal y arbitrariamente que todos los inmigrantes, excepto los más ricos, se conviertan en residentes legales permanentes».

Abogados del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y el bufete Jenner & Block LLP y Morgan Lewis & Bockius LLP advierten que se imponen cargas y costos arbitrarios adicionales sin precedentes, agregando nuevos requisitos probatorios a través de la «declaración de autosuficiencia» del formulario I-944.

«Algunas de las montañas de información requeridas son irrelevantes para la investigación de la carga pública y parecen diseñadas para disuadir a los solicitantes de presentar una solicitud», aseguran en un comunicado abogados de AILA.

A la luz de la nueva reglamentación, que comenzó a aplicarse en febrero pasado, un inmigrante legal será definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos» durante más de 12 meses en un periodo de tres años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

Este es el caso de la salvadoreña Rosa Ramírez Flores, de 67 años, amparada por el Estatus de Protección Permanente (TPS), que está tratando de obtener su residencia permanente a través de su hijo Milton Aristedes Valladares Ramírez, un ciudadano estadunidense.

La inmigrante, que vive en Estados Unidos desde 1994, nunca ha recibido beneficios públicos, excepto por la recepción de servicios de salud financiados por el estado a través del programa Medi-Cal de California.

La demanda advierte que el manual de políticas de «carga pública» hace que sea más difícil para esta inmigrante establecer su admisibilidad al elevar el estándar de prueba y erigiendo cargas probatorias adicionales al contar contra ella el mero hecho de su solicitud.

«La Administración adoptó una regulación discriminatoria y terrible que promulgó con la intención de evitar que los inmigrantes se conviertan en titulares de la tarjeta verde y, finalmente, ciudadanos», subrayó Jesse Bless, directora de litigios federales de AILA.

APOYAN

DEMANDA

Más de 200 universidades respaldan el periplo legal contra las nuevas restricciones que la Administración Trump ha impuesto a estudiantes internacionales con la excusa de la pandemia del coronavirus. Las instituciones educativas alegan que la política pone en peligro la seguridad de los estudiantes y obliga a las escuelas a reconsiderar sus planes de otoño.

Las escuelas han firmado informes judiciales que dan apoyo a la Universidad de Harvard y al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), que demandaron la semana pasada a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ante un tribunal federal de Boston.

Dicha demanda va en contra de la directiva federal recientemente anunciada que dispone que los estudiantes internacionales no pueden quedarse en Estados Unidos si este otoño todas sus clases son en línea.

Muchas universidades y autoridades estatales y locales están haciendo frente a la medida. Massachusetts presentó una demanda federal a la que se sumaron fiscales generales demócratas de otros 16 estados y el Distrito de Columbia. La Universidad Johns Hopkins y el estado de California también han presentado sus propias demandas. Algo que se espera que también haga pronto el sistema universitario californiano.

Un juez ha programado escuchar argumentos en el caso que presento Harvard y MIT. Si el juez no suspende la regla, las entidades universitarias del país tendrán hasta hoy miércoles para notificar a ICE si planean dar formación completamente virtual este otoño.

PROMETEN

REFORMA

Los demócratas en el Congreso prometen avanzar con la reforma migratoria si el exvicepresidente Joe Biden gana la presidencia y el partido retoma el Senado.

Un reporte de The Hill señala que los demócratas tuvieron oportunidad de aprobar esa reforma, pero lo rechazaron en 2009 y 2010 después de que Barack Obama ganó la presidencia en 2008 y los demócratas ampliaron su mayoría en el Senado y controlaron la Cámara.

La perspectiva destaca en medio de varias encuestas que indican que Biden está al frente del presidente Donald Trump en las preferencias electorales, pero todavía faltan tres meses de intensa campaña.

El informe cita al senador Bob Menéndez (Nueva Jersey), quien dijo que la legislación de reforma migratoria «debería estar» al frente de la lista demócrata de tareas pendientes.

El senador Dick Durbin (Illinois), responsable de juntar los votos en el Senado, consideró que Biden y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York) se han comprometido a hacer de la reforma migratoria el primer tema planteado en el nuevo gobierno.

Biden prometió el mes pasado que «en el primer día» de su presidencia se comprometería a enviar un plan que ayude a la protección migratoria de 11 millones de indocumentados.

«(Enviaría) un proyecto de ley al Congreso que cree una hoja de ruta clara hacia la ciudadanía para Dreamers y 11 millones de indocumentados que ya están fortaleciendo a nuestra nación», dijo el exvicepresidente y virtual candidato demócrata a la presidencia.

Biden reconoció que esta reforma está «muy atrasada».