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Dalllas, Tx.- Grupos defensores de los extranjeros denunciaron que persisten de manera más agresiva los planes del gobierno de Donald Trump para cerrar todas las puertas a los inmigrantes indocumentados en Estados Unido.

La Administración Trump avanzó con una regla propuesta para hacer más difícil que indocumentados tengan acceso a viviendas con subsidio federal.

La regla, propuesta por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y publicada en el Registro Federal, requeriría que las personas que buscan vivienda pública estén sujetas a la verificación de su estado de inmigración.

Solo las familias en las que cada miembro sea ciudadano o residente legal calificarían para una vivienda con subsidio federal a diferencia como ahora que solo basta que únicamente uno de los miembros familiares esté con sus papeles en regla.

La administración dice que las regulaciones “actualmente eximen a las personas de presentar documentación si no se disputan a tener un estado de inmigración elegible. Esto resulta en que no se realice una determinación real del estado de inmigración”.

La regla también requeriría que los participantes actuales que no hayan demostrado previamente su elegibilidad lo hagan en la próxima evaluación de su necesidad de asistencia pública.

Un análisis de la agencia gubernamental encontró que aproximadamente 25,000 hogares, que representan a aproximadamente 108,000 personas que viven en viviendas subsidiadas con al menos una persona que no sería elegible, reportó el Washington Post.

Entre esos hogares de “estatus mixto”, el 70 por ciento son legalmente elegibles para recibir beneficios, aproximadamente 76,000 personas, incluyendo 55,000 niños. La mayoría vive en California, Texas y Nueva York, informó el Post.

El secretario de HUD, Ben Carson, defendió la propuesta y le dijo a Stuart Varney de Fox News que los inmigrantes indocumentados están limitando la asistencia que podría llegar a los “ciudadanos estadunidenses legítimos”.

Se espera que la propuesta del gobierno enfrente una feroz oposición de los demócratas. El viernes pasado, 13 miembros demócratas del Congreso de Nueva York dijeron en una carta a Carson que “causaría innecesariamente penurias” a las familias inmigrantes.

“Su enfoque representa un cambio importante con respecto a la política actual de HUD y por su diseño hace que sea más difícil para las familias tener acceso a asistencia para la cual, de otra manera, serían elegibles“, dice la carta.

RECLAMAN

EL MURO

“Nosotros Construimos el Muro”, se denomina así la organización sin fines de lucro que ha recaudado más de 22 millones de dólares para el proyecto en la frontera con México pero que ahora enfrenta una situación paradójica. A pesar de su increíble éxito consiguiendo fondos, los trabajos no han iniciado y algunos donantes comienzan a hacerse preguntas.

El creador de la campaña, el condecorado veterano de guerra Brian Kolfage, ha dicho que la construcción del muro con México está a punto de comenzar, tal como lo prometió.

“Mientras nos preparamos para iniciar la obra en cuestión de días, la desesperación de nuestros detractores para descarrilar el proyecto de un muro financiado con dinero privado, que insistieron que nunca se llevaría a cabo, se está asentando”, escribió Kolfage en la página web que ha utilizado para recaudar los fondos.

El último anuncio de que las obras estaban a punto de iniciarse se hizo hace 24 días y desde entonces no ha habido ninguna actualización ni ninguna prueba de que en verdad se está llevando a cabo el proyecto.

Y algunos de los donadores han comenzado a impacientarse ante la falta de respuestas y transparencia.

CONDECORADO

CORRUPTO

“Estoy muy decepcionada contigo Brian Kolfage, ¿dónde están las fotografías del progreso?”, escribió una mujer en un comentario en la página de Facebook de Nosotros Construimos el Muro, según recogió el diario The Washington Post.

“Deja de decirlo y hazlo”, escribió otro.

Este sábado Kolfage respondió a los comentarios diciendo que había una buena razón por la que estaban guardando silencio sobre el lugar donde iniciaría el proyecto, que ha llamado la ‘zona cero’ de la lucha contra las drogas y las pandillas. Dijo que había organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Americanas que los demandarían para evitar la construcción del muro, si conocían los detalles, reportó el diario The New York Post.

El proyecto inició en diciembre durante el cierre parcial del Gobierno, provocado por la negativa del presidente, Donald Trump, de aceptar un presupuesto federal sin dinero para el muro con México.

Inicialmente se pretendían recaudar 1,000 millones de dólares, una fracción de los 5,000 millones que Trump había solicitado al Congreso sin éxito. En los primeros tres días la campaña consiguió más de 6 millones de dólares de parte de más de 100,000 donantes. Pero muy pronto se hizo evidente que no alcanzarían la meta inicial.

Kolfage prometió que “de no alcanzar nuestra meta o de no acercamos significativamente” reembolsaría cada centavo.

En enero, la página web GoFundMe donde se han hecho las recaudaciones, anunció que los 20 millones de dólares reunidos entonces serían devueltos a los donantes.

Luego Kolfage creó la organización sin ánimo de lucro We Build The Wall, Inc. para transferir los fondos de la página de internet.

Bobby Whithorne, el portavoz de la página web, dijo que los donantes serían contactados a través del correo electrónico y que deberían llenar una forma específica si querían que su donación fuera enviada a la corporación creada por Kolfage.

Según la página GoFundMe, ésta sigue recibiendo donaciones para el proyecto de Kolfage. Casi 500 dólares han sido recaudados este sábado, al momento de escribir este artículo.

DEPORTADOS

POR DROGAS

No son buenas noticias las que llegan para inmigrantes residentes en estados donde la marihuana ha sido legalizada de forma tanto recreativa como medicinal.

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la legalización de la marihuana en California no protege a los inmigrantes de la deportación si fueron condenados por delitos graves antes de que los votantes aprobaran la nueva ley en 2016.

En San Francisco, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito negó la apelación de una mujer condenada en 2014 por posesión de marihuana para la venta.

Claudia Prado, quien se encuentra en la cárcel del Condado de Orange en espera de su deportación, consiguió que un tribunal estatal redujera su condena de un delito grave a un delito menor conforme a la nueva ley de California.

Posteriormente Prado solicitó asilo político, argumentando que no debía ser deportada porque ya no era culpable de un delito grave.

No obstante el Tribunal de Apelaciones dictaminó con una votación de 3-0 que la ley federal de inmigración no reconoce la decisión del estado de reclasificar una condena válida.

El tribunal también indicó que su condena fue reclasificada por razones políticas, pero no fue anulada o eliminada de los registros.

“Debido a que Prado no cuestiona la validez de su condena, conserva sus consecuencias de inmigración”, dictaminó el fallo.

Prado ingresó a los Estados Unidos desde México con sus padres en 1972, cuando tenía 6 meses de edad. Ella se convirtió en un residente legal en 1980.

“MATRIMONIOS

FALSOS”

Una gran operación de carácter nacional llevó a la captura de más de 50 personas acusadas de ser parte de una red de matrimonios falsos a gran escala.

La investigación de ICE, HSI y USCIS tambien profirió 206 cargos contra un total de 96 personas por tener vínculos con esta mega red de fraude migratorio.

“Estos arrestos marcan la culminación de una investigación exhaustiva de varias agencias durante todo el año sobre una de las mayores supuestas conspiraciones de fraude matrimonial jamás documentada en el área de Houston”, aseveró el agente especial de ICE, Mark Dawson.

Esta investigación se dirigió a una presunta organización criminal que operaba un esquema de fraude matrimonial a gran escala para crear matrimonios falsos con el fin de obtener “Green Cards” para cientos de sus clientes inmigrantes.

La acusación alega que Ashley Yen Nguyen, alias Duyen, de 53 años y residente de Houston, encabezó la organización con sede en el suroeste de la ciudad con asociados que operaban en todo Texas y la República de Vietnam.

“El fraude matrimonial es un delito grave”, advirtió el director distrital de USCIS, Tony Bryson. “Esta acusación revela cuán exitosas son nuestras relaciones de trabajo con nuestros agentes de la ley y de inteligencia cuando se trata de investigar el fraude matrimonial. USCIS se mantiene firme en nuestro compromiso de garantizar la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad del sistema de inmigración”.

La acusación formal alega que los matrimonios involucrados en esta conspiración eran falsos porque los cónyuges no vivían juntos y no tenían la intención de hacerlo, contrariamente a los documentos y declaraciones oficiales que presentaron ante USCIS.

Esta organización criminal también preparó álbumes de boda falsos que se proporcionaron al peticionario y al cónyuge beneficiario que incluían fotografías para que pareciera que tenían una ceremonia de boda más allá del simple matrimonio de un tribunal.

Los cónyuges solo se reunieron brevemente, por lo general inmediatamente antes de obtener su licencia de matrimonio, o en absoluto.

De acuerdo con los cargos penales, cada cónyuge beneficiario firmó un acuerdo con Duyen en el que pagó entre $50,000 y $70,000 dólares para obtener el estado de residente permanente en los Estados Unidos.

La acusación además alega que la organización criminal proporcionó información falsa sobre impuestos, servicios públicos y empleo para ayudar a garantizar que USCIS aprobara los formularios de inmigración.

Si son condenados por conspiración para cometer fraude matrimonial o fraude matrimonial, los acusados enfrentan hasta cinco años de prisión. Todos los cargos restantes tienen un máximo de 10 años de prisión federal posible.