Pide Abbott negar educación a hijos de indocumentados 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- Autoridades de México, mediante el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, “rescató” el pasado 6 de mayo a 1,608 personas migrantes provenientes de 38 países, con lo que, según la información oficial,  se evitó que fueran víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos durante su tránsito por territorio mexicano.

De ese total, 1,398 son personas mayores (424 mujeres y 974 hombres) y 210 menores de edad (82 mujeres y 128 hombres), quienes quedaron bajo tutela y protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Se identificó que 158 menores de edad (69 mujeres y 89 hombres) iban acompañados de un familiar, mientras que 52 viajaban solos (13 mujeres y 39 hombres).

Del total de las personas migrantes rescatadas, 374 ocurrieron en Chiapas; Baja California, 262; Nuevo León, 199; Ciudad de México, 168; Tabasco, 152; Coahuila, 111; Tamaulipas, 97; Veracruz, 50; San Luis Potosí, 47; Quintana Roo, 26; Sonora, 22; Oaxaca, 20; Puebla, 18; Chihuahua, 18; Durango, 17; Tlaxcala, 8; Yucatán, 6; Jalisco, 5; Zacatecas, 5; Sinaloa, 2 y Colima, 1.

Durante el proceso administrativo para definir su situación migratoria se identificó que 357 son originarias de Guatemala; Honduras, 296; Colombia, 195; Cuba, 189; Nicaragua, 113; El Salvador, 96; Perú, 60; Brasil, 56; Venezuela, 55; Comoras, 29; Haití, 19, Estados Unidos y Etiopía, 16 respectivamente; Filipinas 14; Francia, 13; Ecuador y Turquía, 11 por cada país.

De Angola, 8; Bolivia y Macedonia del Norte, 7, respectivamente; India, 6; Bangladesh, 5; China, 4; Lesotho, 4; Bosnia y Herzegovina, 3; España, Jamaica, República Dominicana, Senegal y Guinea, 2 personas migrantes por cada país.

Asimismo, Rumania, Georgia, Belice, Togo, Belarús, Camerún, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Costa de Marfil, una persona, respectivamente.

VISA 

TEMPORAL 

En medio  de la crisis migratoria que varias voces han advertido, principalmente del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien destacó que el país se prepara para recibir una oleada de migrantes y enfrentar una “presión extraordinaria”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pecó de indiscreto y confesó que ya habló con Joe Biden sobre una propuesta de dar visas temporales a trabajadores. 

Sin que se trate de un plan inmediato, ni siquiera con fecha establecida, el mandatario del país vecino aseguró, previo a su viaje a Centroamérica y el Caribe, que está avanzando su propuesta de otorgar visas temporales a trabajadores migrantes, ya que los sindicatos en Estados Unidos podrían aceptarlas.

Durante su último mensaje previo a abordar el avión de su gira,  López Obrador manifestó que “es una paradoja” y “una contradicción” que pese a que en Estados Unidos y Canadá se requiere mano de obra, a los migrantes se les contiene y se les rechaza.

Por ello, enfatizó que “Esto va a requerir que se pueda ordenar el flujo migratorio porque es una paradoja, una contradicción, hace falta mano de obra en Estados Unidos, en Canadá, se tiene en México, se tiene en Centroamérica, pero se contiene, se rechaza, se evita que lleguen y desde luego tiene que ser un flujo ordenado, pero lo podemos lograr, lo podemos llevar a cabo”.

“Ahora que hablé con el presidente Biden me comentaba que tiene muy buenas relaciones con las organizaciones sindicales de Estados Unidos y que esto facilita el que puedan aceptar esos sindicatos, que puedan ir a trabajar temporalmente, pues mexicanos, centroamericanos, y otorgar visas temporales de trabajo, eso es posible porque es un hecho de que no tienen fuerza de trabajo”, recalcó.

Uno de los antecedentes históricos de un plan migratorio de este tipo se remonta a la época entre 1942 y 1964, cuando se llevaron a cabo una serie de acuerdos diplomáticos para regular el trabajo temporal de mexicanos en Estados Unidos, lo que dio lugar al llamado Programa Bracero, donde se buscaba atender la crisis en los mercados laborales de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial.

ABBOTT, EL 

INHUMANO 

La revelación de una posible decisión en contra del aborto por parte de la Corte Suprema ha envalentonado al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien buscará resucitar una viejo debate para prohibir que su entidad tenga que proporcionar educación a los hijos de indocumentados.

El gobernador, quien tiene una batalla frontal contra inmigrantes indocumentados, dio una entrevista a un programa de radio del conservador Joe “Pags” Pagliarulo, donde externó que buscaría resucitar una batalla legal de 1982 ante el Máximo Tribunal.

Ese año, con 5 votos a favor y 4 en contra, el tribunal sostuvo que retener fondos estatales para los distritos escolares locales que brindaban educación para niños e hijos de indocumentados era una violación de la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda.

“Texas ya demandó al gobierno federal hace mucho tiempo por tener que incurrir en los costos del programa educativo, en un caso llamado Plyler versus Doe“, recordó Abbott. “Y la Corte Suprema falló en contra de nosotros sobre el tema… Creo que resucitaremos ese caso y cuestionaremos este tema nuevamente”.

El republicano Abbott considera la posibilidad de impugnar el fallo sobre educación, luego de que se le cuestionara si Texas podría tomar medidas para reducir la “carga” de educar a los hijos de inmigrantes indocumentados.

El conductor del programa hizo el cuestionamiento tras afirmar que esos niños de entre 6 y 10 años “ni siquiera tienen habilidades de recuperación en inglés”, por lo que su educación era “una carga real para las comunidades”.

“Los desafíos que enfrentan nuestros sistemas públicos son extraordinarios… los gastos son extraordinarios y los tiempos son diferentes a cuando se emitió Plyler versus Doe hace muchas décadas”, consideró Abott sobre la posibilidad de desafiar la decisión de hace 30 años.

Abbott lanzó recientemente el programa Estrella Solitaria (Lone Star) para detener a indocumentados por “invasión a la propiedad privada”, pero desde 2005, el estado de Texas ha invertido miles de millones de dólares contra los inmigrantes, aunque con resultados ambiguos, debido a falta de reportes claros, según una investigación de The Texas Tribune, ProPublica y The Marshall Project.

GOLPE 

BAJO 

Un magistrado federal rechazó una solicitud de la Administración del presidente Joe Biden, para desestimar una demanda interpuesta por la fiscal general de Florida, Ashley Moody, a raíz de una política migratoria que permite la liberación inmediata de indocumentados considerados de bajo riesgo.

En su escrito, el juez federal del distrito norte de Florida T. Kent Wetherell se dijo “totalmente no persuadido” por los argumentos esgrimidos en una moción de la Administración de Biden para que desestimara la demanda entablada por Florida en septiembre de 2021 contra la “ilegal” política migratoria conocida como “catch and release” (“atrapar y liberar”).

La práctica, que el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) eliminó y luego Biden reinstauró, consiste en dejar en libertad a los indocumentados detenidos tras cruzar la frontera si son considerados de bajo riesgo, como menores de edad, familias o solicitantes de asilo, mientras esperan sus audiencias de inmigración.

Ante el argumento del Gobierno de Biden de que tienen “discreción sin restricciones” para decidir sobre materia migratoria, el magistrado resaltó en su escrito que “está bien establecido que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley”.

“La Corte tiene indiscutiblemente la autoridad para decir cuál es la ley y para invalidar la acción del poder ejecutivo que contraviene la ley y/o la Constitución”, añadió.

“La orden de hoy es una gran victoria en nuestra lucha para obligar a la Administración Biden a solucionar la crisis siguiendo la ley”, señaló en un comunicado Moody, tras conocerse la decisión del magistrado que permite a Florida seguir adelante con su querella.

La fiscal general de Florida prometió continuar el caso para responsabilizar a la Administración de Biden por ignorar las leyes de inmigración de seguridad pública.

PRESION 

A BIDEN 

Tras una reunión con el presidente Joe Biden, cuatro senadores hispanos que han liderado las discusiones sobre la reforma migratoria en el Congreso pidieron al mandatario implementar órdenes ejecutivas para asegurar la protección de inmigrantes.

Los senadores Alex Padilla (California), Bob Menéndez (Nueva Jersey), Catherine Cortez Masto (Nevada), y Ben Ray Luján (Nuevo México) tuvieron la reunión en la Casa Blanca, donde abordaron la urgencia de medidas para evitar problemas de estancia a los ‘dreamers’, personas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros.

“Renovamos nuestro llamado a la Administración Biden para que use su autoridad legal existente para proteger a los soñadores, los tepesianos y a las familias inmigrantes trabajadoras que durante décadas han vivido y contribuido a nuestro país”, externaron en un comunicado conjunto.

Dijeron que tuvieron una “discusión productiva” con el presidente Biden, quien ha estado receptivo a las propuestas migratorias y a la idea de los senadores sobre “promulgar acciones ejecutivas” que proporcionen un estatus legal temporal a las comunidades mencionadas.

No queda claro cuál sería ese estatus, debido a que los ‘dreamers’ están protegidos bajo la Acción Diferida o DACA y el TPS está vigente, o si se busca ampliar dichos programas e implementar otros que no requieran aprobación del Congreso.

REFORMA 

ESTANCADA 

Aunque asumieron que deben ser los congresistas quienes tomen una decisión sobre cómo modificar el sistema migratorio y buscar la protección permanente de inmigrantes indocumentados, acusaron a la mayoría de los republicanos de no sumarse a ese esfuerzo.

“Mientras que reformar nuestro sistema migratorio de forma humana y segura sigue siendo nuestro objetivo principal, la mayoría de los republicanos en el Congreso se han negado a trabajar de buena fe con los demócratas para encontrar soluciones”, afirmaron.

Los senadores reconocieron que el país enfrenta desafíos en la frontera, en medio del debate nacional por el Título 42, que podría ser levantado por la Administración Biden el 23 de mayo o que el 13 de mayo un juez decida mantener esa política.

“Tenemos que implementar medidas de seguridad fronteriza con sentido común y ofrecer protecciones a las familias inmigrantes trabajadoras ahora”, dijeron los senadores. “Esperamos mantener nuestro diálogo con el Presidente sobre cómo ofrecerle a los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos el alivio que merecen, lo que impulsará un crecimiento económico aún mayor en toda la nación”.

La semana pasada, Padilla se reunió con otros senadores republicanos para avanzar hacia alguna propuesta de reforma migratoria.