Por: Ing. Esteban Sánchez

Una responsabilidad a la que no se puede abdicar o trasladar al gobernado para que opine las más de las veces, sin información, conocimiento y mucho menos pericia, en temas que conllevan un conocimiento técnico, científico y especializado en las materias propias de la “cosa pública”. Gobernar es asumir esa responsabilidad ante el gran elector y de esta manera aceptar las consecuencias de las decisiones tomadas. Se elige al mandatario que ofrece no sólo la mejor oferta política, sino la respuesta y solución a los problemas de una nación y, si este mandato no se cumple con la mística de servir al pueblo con lo mejor de sus habilidades, experiencia, conocimientos y voluntad, al amparo del orden jurídico estará faltando al principio de servir cohe- rentemente al Estado. La consulta popular es sana en tanto es legal y legítima, escuchar al “pueblo sabio” es enriquecedor de las tareas públicas, pero cumplir con las formas de la legalidad les da a estas opiniones la fuerza de la legitimidad y, sobre todo, estas opiniones, no pueden ser el fun- damento para sustituir la res- ponsabilidad de un gobierno y mucho menos ser vinculatorias en perjuicio de otros tantos mexicanos. Las opiniones del pueblo no deben ni pueden ser el manto cobertor de los arrebatos, ineptitudes o errores de un mandatario. El periodo de transición entre la elección y la toma de protesta, a mi juicio demasiado largo, en el que anida el ansia de poder por un lado y abandono por el otro; ha sido escena- rio de actos de desgobierno que han situado al Estado mexicano ante circunstancias de incertidumbre, temor y desilusión, con consecuencias irreparables. Las contradicciones y simulaciones merman en poco tiempo la confianza ganada en las urnas. No podemos soslayar que México tiene un peso específico en el concierto de los países del mundo y que está destinado a ser una gran nación, retrasar este propósito es atentar contra su destino. En este orden de ideas, es innegable que el problema que aqueja a todos los habitantes de nuestro país es la inseguridad y violencia. El gobierno entrante presentó un plan al respecto (un experto en la materia me comentó: se trata de una “lista de buenos deseos”).En efecto, al margen de las contradicciones e imprecisiones que se han expresado, este plan se basa en 8 ejes rectores: 1.- Combate a la corrupción y reactivación de la procuración de justicia; 2.- Garantizar empleo, educación y salud; 3.- Respeto y promoción a los derechos humanos (impulsar la liberación de personas presas por acciones políticas); 4.- Regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral; 5.- Reformular el combate a las drogas; 6.- Construcción de la paz con modelos de justicia que garanticen los derechos de las víctimas con base en la verdad, justicia, reparación del daño, y garantía de no repetición de los crímenes. Leyes especiales (¿?) para reducir penas a infractores y amnistía a miembros de grupos criminales; 7.- Recuperación del control de las cárceles y su significación con planes para la reinserción social, y 8.- Nuevo plan de seguridad pública. Se repensará la seguridad nacional. Se creará una Guardia Nacional para prevención del delito, preservación de seguridad y combate a la delincuencia. Cada uno de los puntos mencionados merece comentario profundo bajo la perspectiva jurídica y viabilidad en su aplicación, así como la temporalidad requerida para su implementación, (las soluciones y respuestas son impostergables), lo cual trataremos de hacer en la próxima entrega. Por ahora, y por razones de espacio, baste decir que la conformación de la Guardia Nacional representa por un lado el reconocimiento de la profesionalización y excelencia de las FA para contener la criminalidad; los resultados y el aprecio del “pueblo sabio” a su trabajo es el mejor de los agradecimientos a su labor. Por el otro, no olvidemos que las policías militares y navales tienen una formación estructurada en la disciplina, educación y pundonor castrense. Con independencia de las vicisitudes presupuestales, la formación de esta fuerza enfrentará, por principio, la reforma constitucional de al menos ocho artículos, leyes secundarias y el reciente criterio de la SCJN que declara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior y niega al Congreso la posibilidad de legislar en esta materia. En su resolución, nuestro más alto tribunal (que al parecer tiene sus días contados como último reducto de legalidad) en intervención del ministro Franco González Salas, hace un reconocimiento a la “tarea de las Fuerzas Armadas”. Esta conformación de la Guardia Nacional es previa a la creación de una Policía Nacional, segúnlo ha manifestado el próximo súper secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo un programa homologado de capacitación de profesionalización, estandarización de sueldos y prestaciones de todas las policías del país. Veremos… Por ahora es todo; mientras tanto, ¡!! AQUÍ NO PASA NADA ¡!! Para cualquier información, favor de comunicarse a: editorial@ novedadesnews.com y/o tulmex@hotmail.com.