Reconoce Biden crisis en la frontera por aumento de inmigrantes  

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) cumplió el pasado domingo 15 de agosto nueve años de su implementación y aún hay más de 55,000 ‘dreamers’ que no tienen esa protección y están en riesgo de deportación.

La acción del programa está  limitada nuevamente en su alcance tras la decisión de un tribunal federal y con cientos de miles de jóvenes esperando que la Administración del presidente Joe Biden o el Congreso actúen.

En estos nueve años, el beneficio migratorio ha representado para cientos de miles de jóvenes indocumentados la oportunidad de tener un permiso de trabajo, y evitar la deportación.

Las cifras de los inmigrantes protegidos han llegado a rondar los 800,000. Muchos de estos jóvenes han logrado encontrar vías para legalizarse definitivamente, y contados son los que han perdido el estatus.

A marzo de 2021, unos 616.030 “soñadores”, como se conoce a los amparados por DACA, tenían activo el beneficio, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

ESPERANZA 

FRUSTRADA 

Más de 50,000 indocumentados estaban esperando en marzo que se les aprobara por primera vez el amparo tras más de tres años de bloqueos de la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021), que quiso poner fin al beneficio en septiembre de 2017.

Las esperanzas de por fin lograr un amparo se vieron desvanecidas nuevamente cuando el juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, ordenó al Gobierno suspender la concesión de nuevos amparos migratorios al considerar que DACA es ilegal y que el hoy expresidente Barack Obama (2009-2017) se extralimitó en su autoridad cuando creó el programa en 2012.

No obstante, el magistrado sí permitió renovar los amparos existentes citando los años de vigencia del programa.

El fallo se dio en respuesta a una demanda entablada por Texas y otros ocho estados republicanos que desde 2018 alegaban que el programa era inconstitucional y no cumplía con el Acta de Proceso Administrativo (APA) al momento de su creación.

Fue un golpe bajo, el segundo que recibimos”, dijo a Efe Beatriz, una madre indocumentada residente en Arizona que estaba esperando desde diciembre que el Gobierno aprobara la solicitud de DACA de su hijo Alberto, de 18 años.

Tanto soñadores como activistas han estado esperando que el Ejecutivo y el Congreso actúen.

ESFUERZO 

VIGENTE 

Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de DACA, presentó al Registro Federal un aviso de reglamentación (NPRM) bajo el título “Preservar y fortalecer la acción diferida para los llegados en la niñez”.

El aviso advierte que el 20 de enero de 2021, el presidente Biden firmó un memorando requiriendo que el DHS, en consulta con el fiscal general, tome todas las medidas apropiadas para preservar y fortalecer DACA de conformidad con la ley aplicable, por lo que el DHS “tiene la intención de participar en la elaboración de reglas de avisos y comentarios”.

Hasta que se publique la regla propuesta en el Registro Federal, el público no podrá conocer los detalles del NPRM, pero fracciones de ambos extremos políticos están aguardando el paso del Gobierno de Biden para salvar el amparo, firmado por Obama en junio del 2012 y que comenzó a recibir solicitudes en agosto de ese año.

El nuevo paso dado por la Administración demócrata debe de alguna manera responder al fallo presentado por Hanen, o se corre el riesgo de extender la batalla legal.

En tanto, en el Capitolio se analizan desde marzo varios proyectos de ley que darían la residencia permanente y una posterior vía a la ciudadanía a los soñadores y a los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), campesinos indocumentados y otros trabajadores irregulares y considerados “esenciales” a raíz de la pandemia.

Pero su futuro es más que incierto pues no terminan de dar las cuentas y reunirse los al menos 10 votos republicanos necesarios para sacar adelante en el Senado alguna de las tres medidas, dos de las cuales ya fueron aprobadas con apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes.

SEVERA 

OPOSICION 

Actualmente las esperanzas están puestas en el plan de gasto social de 3,5 billones de dólares propuesto por Biden, que los demócratas quieren aprobar sin depender del Partido Republicano mediante el proceso de reconciliación, y que incluye una partida para legalizar a un sector de los indocumentados, donde los soñadores seguramente estarán incluidos.

Esta semana se dio el primer paso en esta dirección cuando los demócratas aprobaron por 51 votos la resolución que permite arrancar con el proceso. Ningún republicano dio su voto a favor del plan.

Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, una de las organizaciones más grandes de defensa de los soñadores, dijo en un comunicado que “no podemos seguir cayendo en la mala fe y la retórica racista de los republicanos”.

“Debemos recordar a los demócratas que tienen todo el poder político y la obligación moral de proporcionar un camino completo hacia la ciudadanía”, expuso.

“Este año, debemos entregar la ciudadanía a millones de estadunidenses indocumentados. ¡No hay excusas!”, concluyó Martínez, quien también es copresidenta de la campaña We Are Home, que reúne decenas de organizaciones que están luchando por la legalización de los indocumentados.

CRISIS EN LA 

FRONTERA 

El incremento sostenido de arribo de inmigrantes de marzo a julio ha obligado al gobierno del presidente Joe Biden a mantener la expulsión inmediata bajo el Título 42 e implementar las deportaciones aceleradas ante la capacidad limitada de México de seguir recibiendo a los migrantes.

En julio, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (CBP) reportó la llegada de  212,672 personas que intentaron ingresar en forma irregular por la frontera sur a Estados Unidos, eso representa un incremento del 13% con respecto a junio, el mayor en los últimos seis meses.

“En ciertas partes de México, ya no tienen capacidad para recibir familias expulsadas y, en ese caso, colocamos a las familias en procedimientos de inmigración”, indicó el secretario Alejandro Mayorkas durante su visita a la frontera con Texas.

A pesar de que canceló la política “Permanecer en México”, la cual permitía enviar a ese país a los extranjeros que pedían asilo en espera de una cita en tribunales, un juez juez de Distrito, Matthew Kacsmaryk, ordenó reinstalarla, ante la presión de los gobiernos republicanos de Texas y Missouri.

Actualmente no hay claridad de cómo actuará la Administración Biden, en medio de su estrategia de reorganización del sistema de asilo, que descarta esa regla.

El juez Kacsmaryk declaró que Texas y Missouri estaban siendo perjudicados, ya que los inmigrantes liberados en territorio estadunidense utilizarían el sistema de atención médica del país, solicitarían licencias de conducir y enviarían a sus hijos a escuelas estadunidenses.

Mayorkas defendió las políticas de EU sobre la expulsión de inmigrantes, incluyendo familias enteras, así como la estrategia para atender casos de asilo.

“Nos encontramos con una cantidad sin precedentes de migrantes entre los puertos de entrada en nuestra frontera sur”, reconoció. “Lo que es más importante, los migrantes que se encuentran en nuestra frontera son expulsados o colocados en procedimientos de aplicación de la ley de inmigración (expulsados)”.

AUMENTAN 

DEPORTACIONES 

Aunque hay un incremento considerable de llegada de inmigrantes, las expulsiones y deportaciones son igualmente altas bajo el Título 42, debido a razones sanitarias por la pandemia de COVID-19, y el Título 8, para aquellos extranjeros que no cumplen con requisitos de peticiones de asilo.

El secretario Mayorkas citó las cifras de CPB sobre esos procesos. En total, 78% de los adultos solos fueron procesados por el Título 42, es decir 85,563; 24,880 fueron procesados bajo el Título 8. Todos son casos de remoción.

En el caso de las familias, 9,948 familias fueron procesadas bajo el Título 42, mientras 73,018 con el Título 8.

Mayorkas señala que, aunque las cifras de personas parece aumentar, hay miles de casos de reintento de ingresar al país, por lo que dichos casos se cuentan por separado.

“Estos números no reflejan la cantidad de personas diferentes que se encontraron en la frontera”, enfatizó. “La gran cantidad de expulsiones bajo el Título 42 durante la pandemia ha contribuido a que una gran cantidad de migrantes realicen múltiples intentos de cruzar la frontera”.

QUEDATE 

EN MEXICO 

Un juez federal de Texas ordenó a la Casa Blanca que restaure el polémico programa “Permanezcan en México” (MPP, en inglés), que obligaba a los indocumentados que solicitaban asilo en la frontera sur de Estados Unidos a esperar en el país vecino a que se tramitaran sus peticiones.

La decisión del juez, emitida a última hora del viernes y de la que informó la cadena CBS News, da al gobierno del presidente estadunidense Joe Biden siete días para apelar el fallo o, de lo contrario, poner de nuevo en marcha el MPP, conocido también como “Quédate en México”.

Biden suspendió nada más llegar al poder en enero las inscripciones en ese programa, impulsado en 2019 por el gobierno de su predecesor, Donald Trump (2017-2021), y por el que Estados Unidos envió a más de 60,000 indocumentados que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México por sus citas de peticiones de asilo ante jueces migratorios.

En febrero, el gobierno de Biden empezó a permitir la entrada en Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo el MPP y en junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.

El juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump para su cargo en una corte de Texas, dio la razón el viernes a los fiscales generales de Texas y Missouri, que habían demandado al gobierno de Biden en abril por su decisión de acabar con el programa MPP.

Kacsmaryk opinó que la orden por la que el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas puso fin oficialmente al programa en junio violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los “beneficios” del programa, entre los que citó su presunto efecto disuasorio entre potenciales migrantes.

El magistrado consideró que el fin de esa política daña los intereses de Texas y Missouri, porque los migrantes que se liberen en Estados Unidos a la espera de sus citas ante tribunales migratorios pueden recurrir a servicios sanitarios o educativos en el país.

Kacsmaryk ordenó al gobierno de Biden restaurar el programa MPP al menos hasta que encuentre una forma de “rescindirlo de forma legal”, y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad necesaria para detener a todos los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, pueden entrar en EU.

Si el gobierno de Biden apela la decisión y el litigio se alarga, es posible que la batalla acabe en el Supremo, que en marzo de 2020 ya dio la razón a Trump y le permitió seguir implementando el MPP, aunque no entró a valorar el fondo ni la constitucionalidad de la política.

DEMANDA 

DE LA ACLU 

En ese caso, la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU, sigla en inglés) presentó una demanda contra la política por considerar que violaba las obligaciones estadunidenses en materia de inmigración y asilo, al enviar a los migrantes al norte de México, donde podían ser víctimas de redes de trata o secuestrados para exigir un rescate.

La decisión del juez llega cuando siguen subiendo las llegadas de indocumentados a la frontera sur de EU: en julio, las autoridades estadunidenses detuvieron en la frontera sur a 212,672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.

Mientras tanto, las autoridades realizaron 212,672 detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos en julio, anunció el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, durante un viaje al sur de Texas y reconoció que es un número “sin precedentes” de migrantes atrapados cruzando la frontera mientras se comprometía a continuar movilizando al gobierno federal para abordar la inmigración.

La cifra de inmigrantes detenidos en julio representa un aumento de 13 % respecto a junio y la cifra más alta en 21 años, destacó el secretario en una conferencia de prensa desde Brownsville, Texas.

“Nos enfrentamos a un serio desafío en nuestra frontera sur y, por supuesto, el desafío se vuelve más agudo, más difícil debido a la pandemia de COVID-19. También se ha hecho más difícil debido al hecho de que la administración anterior desmanteló nuestro sistema de asilo”, comentó Mayorkas.

CIFRAS 

RECORD 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza publicó las estadísticas oficiales sobre las detenciones de migrantes en la frontera en julio poco después de la conferencia de prensa de Mayorkas.

Mayorkas reveló la cifra durante su visita a la frontera sur en Texas, en medio del nuevo aumento en la cifra de migrantes que cruzan la frontera de forma indocumentada.

“Estamos encontrando un número sin precedentes de inmigrantes cruzando la frontera sur”, destacó el funcionario, subrayando que la mayoría, aproximadamente 52 %, son personas adultas.

“La situación en la frontera es uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos”, dijo Mayorkas durante una conferencia de prensa en Brownsville, Texas. “Es complicado, cambiante e involucra a personas vulnerables en un momento de una pandemia mundial”.

Mayorkas enfatizó que la cifra de julio no representa la cantidad de migrantes individuales que han intentado cruzar la frontera ilegalmente. Explicó que de los migrantes detenidos en julio, 95,788 extranjeros fueron expulsados de Estados Unidos bajo la norma del Título 42, que permite expulsar a migrantes por razones de emergencia sanitaria.

Advirtió que la expulsión a México bajo el Título 42 ha hecho que el número de personas tratando de ingresar aumente, por las reiteradas veces que un migrante intenta entrar.

Mientras, 116.884 personas fueron procesadas y removidas del país de forma expedita por el Título 8, que permite la deportación de migrantes que no cumplen con los requisitos de elegibilidad para poderse quedar en el país.

Los números llegan en medio de una serie de críticas y medidas tomadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que ha ligado el alza de casos de covid-19 en el estado con el aumento en la cifra de migrantes.