Decenas de miles no recibirán su Residencia legal

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Dallas, Tx.- A partir del pasado lunes 24 de febrero entró en vigor en todo el país la criticada regla de “carga pública” impuesta por el presidente Donald Trump, lo que agudizó el temor y pánico entre los inmigrantes por la posibilidad de perder la posibilidad de recibir su estatus legal en caso de recibir algún tipo de ayuda social gubernamental.

Críticos de esta deshumanizada medida también advirtieron que millones de  migrantes, principalmente niños, mujeres y embarazadas dejarán de atenderse médicamente y de recibir beneficios sociales ante el temor de convertirse en carga pública para el país lo que los dejaría en peligro de no obtener su estatus legal.

A partir del lunes anterior –alertaron- los inmigrantes serán evaluados con mayor rigor al solicitar su «green card»

La regla final de “carga pública” es compleja de entender en todo sus detalles, incluso por abogados migratorios, sobre todo porque cada caso de aplicación para la Residencia Permanente, extensión de visas y admisibilidad es único.

Así lo dejaron ver varios abogados consultados por este diario durante las diversas etapas de actualización de la regla impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde que fue dada a conocer el 14 de agosto de 2019.

Lynn Neugerbauer, abogada supervisora y de defensa de deportación de Servicios Católicos de Inmigración (CMS, en inglés); Nina R. McDermott, abogada gerente de la Línea de Ayuda de Catholic Charities Community Services y Dan Smulian, abogado senior de la misma organización, y el doctor Nelson Castillo, coinciden en que la evaluación de la situación de cada inmigrante es única y por ello es importante pedir asesoría.

ASPECTOS

DE LA REGLA

Destacan dos aspectos: los llamados bonos de “carga pública”  (o puntos negativos) y la discrecionalidad de los funcionarios migratorios al momento de evaluar las aplicaciones.

En el primer caso, el mayor cambio es considerar a extranjero como una carga para las finanzas del Gobierno cuando sume 12 meses de recibir ayudas públicas en un periodo de tres años. La autoridad también separa esos beneficios como monetarios y en especie.

“La regla final define los ‘beneficios públicos’ para incluir cualquier ayuda en efectivo para el mantenimiento de ingresos, ingresos de seguridad suplementarios, asistencia temporal para familias necesitadas, programa de asistencia nutricional suplementaria, la mayoría de las formas de Medicaid y ciertos programas de vivienda”, confirma el DHS.

Los inmigrantes prácticamente deben “jurar” que no se convertirán en una “carga pública”, lo cual harán al presentar el Formulario I-944, Declaración de Autosuficiencia, cuando envíen su Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

Ken Cuccinelli, subsecretario interino del DHS, defendió la política —también aplicable en Illinois tras una decisión de la Corte Suprema— del presidente Donald Trump, afirmando que es parte de sus promesas de campaña, para hacer cumplir las leyes de inmigración estadunidenses.

“Esta regla hace cumplir una ley de hace mucho tiempo que exige que los extranjeros sean autosuficientes, reafirmando los ideales estadunidenses de trabajo duro, perseverancia y determinación”, dijo el funcionario. “También ofrece claridad y expectativas a los extranjeros que estén considerando vivir en los Estados Unidos y ayudará a proteger nuestros programas de beneficios públicos”.

Aunque los oficiales que evalúen las aplicaciones de Residencia Permanente y tengan discrecionalidad para tomar una decisión, eso no significa que pueden obviar los aspectos positivos de un inmigrante.

“Ellos (oficiales de USCIS) estarán analizando cada pequeña pieza (de información)”, precisó McDermott. “No tomen decisiones sin evaluar las opciones, consulten abogados o expertos migratorios de confianza. Cada caso es diferente”.

LOS

“BONOS”

USCIS ha destacado que la regla final también aborda la autoridad de sus oficiales “para emitir bonos de carga pública” durante el ajuste de estatus, se trata de varios elementos que se sumarán a su evaluación para determinar si son factibles de recibir la Residencia Permanente o su extensión de visa.

Los abogados confirmaron que las evaluaciones no son “blanco y negro” y dependerán de cada caso.

“Hay varios factores en esta regla, cada caso es único, y cuando una persona aplique se van a evaluar estos factores, como la edad… pero no es el único,  el gobierno mirará otros factores y al final los considerará todos para una decisión (de otorgar el beneficio)”, indicó McDermott.

En ese sentido, con la disposición publicada el 14 de agosto de 2014 y que comenzó a aplicarse el pasado lunes 24 de febrero se contemplarán los siguientes aspectos:

1. Ayudas públicas.- Aquellas personas que reciben apoyos de programas sociales, como Medicaid, cupones de alimentos, ayudas para vivienda, durante 12 meses en un periodo de tres años.

2. Edad.- Contará si es un menor de edad y quién mantiene a esa persona, también si es mayor de 62 años. Los expertos combinaron este factor con la salud de la persona, lo que sumaría a un elemento positivo o negativo, según sea el caso.

3. Salud.- Inmigrantes con enfermedades crónicas, como un problema del corazón, podrían enfrentar problemas, sobre todo si el seguro médico con el que reciben atención es subsidiado.

4. Estudios.- Los oficiales evaluarán el grado educativo de la persona, así como su nivel de inglés para considerarlos factores positivos o negativos. La capacitación se volverá un elemento esencial, ya que se considerará que esa persona puede integrarse más fácilmente al mercado laboral.

5. Estados financiero.- Se revisarán los bienes de los inmigrantes, así como el dinero que tenga ahorrado y los ingresos familiares. Los importante será que una persona pueda pagarse una vivienda, alimentación y atención médica.

6.- Trabajo.- Aquellas personas que no hayan tenido, por ejemplo, un trabajo en los últimos dos años –sin ninguna justificación válida– podrían enfrentar problemas, sobre todo si no hay una oferta laboral visible.

7. Familia.- La situación familiar también será evaluada, ya que los oficiales considerarán si un inmigrante forma parte de una familia grande con pocos recursos o pequeña, pero con suficientes ingresos.

Antes de tomar una decisión busque asesoría, recomiendan los expertos.

BUSQUE

ASESORIA

“Un excelente abogado de inmigración que tiene licencia y experiencia le puede ayudar a un inmigrante a guiarlo, a entender sus opciones migratorias que pudieran ser inmediatas o a veces a largo plazo”, indicó el doctor Castillo.

¿Afecta para naturalización?

Los portadores de “green card” tienen distintos derechos, por lo que podrían aplicar por beneficios públicos sin que eso afectara su proceso de naturalización. La abogada Neugerbauer señala que estos inmigrantes no deberían pasar por este tamiz de evaluación.

“Cuando una persona tiene la ‘green card’ y aplica por la naturalización no hay requerimiento de regla de carga pública”, afirmó en entrevista. “(Los oficiales) no preguntan sobre eso, no revisan el caso con la nueva regla”.

Agregó que algunos inmigrantes buscan exentar el pago por el proceso, lo cual pueden hacer sin que su caso de naturalización sea afectado, ya que son trámites en paralelo, pero independientes.

Cabe destacar que para la exención de pago de tarifa de naturalización, USCIS ha endurecido el proceso, advirtiendo a los inmigrantes no podrán presentar como prueba cartas de beneficios públicos estatales.

MAYOR

CASTIGO

Activistas y abogados reconocen que la regla final de “carga pública” es más compleja de lo que parece, al grado de que el impacto negativo en la comunidad inmigrante podría ser mayor.

Una de las perspectivas –y alertas– es que aquellas personas que soliciten Residencia Permanente, por el simple hecho de pretender ese beneficio se volverían “sospechosas” de querer obtener “beneficios públicos”, lo que inmediatamente las colocaría en las categorías de riesgo de “carga pública” y, por ender, un motivo para negarles ese beneficio.

En otras palabras, los oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) negarían a los inmigrantes una “green card” por el hecho de ¡solicitar una “green card”!

“La Administración Trump lo admite: como reconoce en su regla, al adivinar si una persona podría, por ejemplo, solicitar cupones de alimentos o Medicaid en 30 años es ‘inherentemente de naturaleza subjetiva’”, apunta la editorial de la experta en políticas públicas Catherine Rampell en The Washington Post. “Los funcionarios de inmigración tienen amplia discreción al hacer estos pronósticos”.

Destaca que la regla que entró en vigo este 24 de febrero “se basa en una serie de premisas defectuosas e incluso en procesos más defectuosos”.

Apunta que los inmigrantes ya pagan más en impuestos de lo que reciben en beneficios federales y que, incluso, esos inmigrantes usan menos beneficios que sus contrapartes nativas.

“Incluso aquellos que llegan con ingresos relativamente bajos, personas de las que se sospecha que algún día se convertirán en una carga… tienden a tener una trayectoria de ganancias abrupta a medida que adquieren habilidades, mayor dominio del idioma inglés y redes profesionales”, indicó. “Los datos del Censo y una gran cantidad de investigaciones académicas muestran que los inmigrantes pobres generalmente hacen lo que los políticos les aconsejan: trabajar duro, ponerse al día y convertirse en miembros productivos de la sociedad”.

Rampell considera que el mayor problema de la norma es que los oficiales de USCIS tendrán la decisión de determinar si un inmigrante podría convertirse en una carga pública “en cualquier momento”, en una evaluación considerada “vaga”.