Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Ante la ineficacia del Congreso federal para reanudar DACA, un juez federal de Nueva York emitió ayer martes una orden para mante ner vigente totalmente este programa migratorio tal y como se encontraba antes de ser eliminado por el presidente Donald Trump. Esto significa que nuevas solicitudes podrían ser presentadas por adolescentes que llegaron en la infancia a este país. Aunque esta decisión causó gran regocijo entre los “soñadores” y grupos defensores de los migrantes, abogados en inmigración de estas organizaciones pidieron a los estudiantes beneficiados con esta medida cautela antes de reiniciar sus trámites bajo DACA. La orden del juez permitirá a estos estudiantes sin residencia legal renovar sus permisos de trabajo acogidos bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegadas en la Infancia (DACA), incluso después de la fecha límite para su eliminación el 5 de marzo propuesta por Trump. El juez Nicholas Garaufis, del distrito este de Nueva York, informó que tomó la decisión debido a que el gobierno federal no ofreció razones legales adecuadas para terminar el DACA, un programa que beneficia a más de 800 mil jóvenes inmigrantes que fueron traídos en su niñez a Estados Unidos. Garaufis explicó que el gobierno federal estadunidense tiene la prerrogativa de terminar un programa creado por el ahora expresidente Barack Obama, pero que debe ofrecer una base legal adecuada, y no razones que el juez consideró como “arbitrarias”. La orden estableció que aquellos jóvenes que ya cuentan con un permiso DACA podrán renovarlo, aunque la decisión no beneficia a aquellos jóvenes que apenas ahora quisieran acogerse a estos beneficios. La decisión está en sintonía con la emitida el mes pasado por una corte federal de California, que determinó igualmente que el programa de renovación de permisos podría continuar luego del 5 de marzo, que es la fecha cuando el gobierno federal estableció su terminación. “La pregunta ante el tribunal no es si los demandados podrían terminar el programa DACA, sino si ofrecieron razones legalmente adecuadas para hacerlo. Sobre la base de su revisión del expediente que tiene ante sí, el tribunal concluye que los acusados no lo han hecho”, afirmó Garaufis. El juez precisó que la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de finalizar el programa se basó parcialmente en la “premisa fácticamente incorrecta” de que el programa DACA era ilegal. En una declaración, el portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Devin O’Malley, señaló que su dependencia “continuará defendiendo enérgicamente esta posición, y espera reivindicar su posición en futuros litigios”. Actualmente, el gobierno espera la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sobre si aceptará o no la apelación que interpuso contra la decisión del juez de California. Asimismo, el Congreso de Estados Unidos discute una reforma migratoria en Estados Unidos, que apuntaría a beneficiar a cerca de 1.8 millones de migrantes traídos en su niñez al país, conocidos como “dreamers”. La demanda sobre la que este martes decidió Garaufis fue iniciada por el inmigrante mexicano Martín Batalla, respaldado por grupos civiles y por un grupos de 17 procuradores estatales, entre los que destaca Eric Schneiderman, de Nueva York. “Los tribunales federales de costa a costa han ya revisado el caso y llegado a la misma conclusión: la decisión del presidente Trump de rescindir DACA fue ilegal”, aseguró Schneiderman. El procurador señaló que aunque queda aún mucho trabajo por hacer parar proteger “a los millones de familias, negocios, hospitales y universidades estadunidenses que dependen de ‘dreamers’ todos los días para tener éxito, hoy es un importante paso adelante en esa lucha”. NUEVAS APLICACIONES Según otras versiones periodísticas, esta nueva decisión del juez restablece totalmente el programa como estaba antes de su cancelación. Sin embargo, organizaciones y abogados aseguran que queda a discreción del gobierno definir si recibirá o no las nuevas aplicaciones. Este dictamen mantiene la restauración del programa tal y como estaba vigente al 4 de septiembre de 2017, un día antes de la cancelación ordenada por Trump: deja a criterio del gobierno si aprueba o no nuevas solicitudes y renovaciones, o si otorga permisos de viaje (advance parole), tal como venía ocurriendo previo a esa fecha y al evaluar cada caso por separado. “El gobierno tiene absoluta discreción en aceptar o no casos nuevos”, dijo Jaime Barrón un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas, y analiza la decisión. Advierte que, “bajo la política migratoria del gobierno del presidente Trump, es poco probable que estas solicitudes sean tomadas y procesadas, a menos que lo acepten bajo razones extraordinarias”. En el documento de la corte, el juez asegura que “los daños irreparables identificados por los demandantes son resultado en gran medida, del fracaso (del Departamento de Seguridad Nacional -DHS-) en renovar permisos existentes de acción diferida y especialmente de permisos de trabajo, y no de su rechazo a aceptar nuevas solicitudes iniciales de DACA”, explicó el juez. En el documento de la corte se explica que la decisión de cancelar DACA se hizo sobre la base de que el programa era inconstitucional, lo que para el juez es una “conclusión errónea” y por eso argumenta que DACA debe mantenerse. Por esa razón, consideró que la decisión de poner fin al programa fue “arbitraria, caprichosa y un abuso de discreción”. “Esta es una segunda señal positiva de que el programa nunca debió haber sido terminado de la forma en como lo hizo el gobierno”, manifestó Juan Manuel Guzmán, director de políticas gubernamentales de United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers del país. “Celebramos la decisión, pero necesitamos una señal permanente, porque en estos momentos DACA sigue siendo frágil. Nuestros sueños están esta semana enfocados en el Congreso para que aprueben una solución final y permanente, porque de lo contrario seguiremos en riesgo”, agregó. “Es una gran victoria para la comunidad inmigrante, pero más que todo para el país”, enfatizó Juan Escalante, de America’s Voice. “Los dreamers podrán seguir renovando sus protecciones de DACA y con ello seguir aportando a la economía de Estados Unidos”. Escalante aseguró además que si bien se trata de una decisión temporal, urge que el Congreso apruebe una legislación permanente. Abogados del ramo recomendaron esperar a que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) publique el reglamento donde explicará la manera en que cumplirá la orden del tribunal. “No hay que anticiparse. El reglamento que el gobierno emita clarificará todas las dudas tras el fallo de la corte de Brooklyn”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.