Alertan para que dreamers no salgan de EU 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- La Corte Suprema de Estados Unidos decidió, por unanimidad, que miles de personas que llegaron a ese país por razones humanitarias, pero de manera ilegal, no podrán solicitar la green card o residencia permanente, aunque tengan el Estatus de Protección Temporal (TPS).

En su resolución, la jueza Elena Kagan puntualizó que la Ley Federal de Inmigración prohíbe a estas personas –que ingresaron sin permiso, pero tienen el TPS– que soliciten este beneficio, aunque lleven años viviendo en Estados Unidos y sus hijos hayan nacido en ese país.

Ese fallo derivó del caso de una pareja de salvadoreños que llegó a Estados Unidos a principios de 1990, y en 2001 se le otorgó la protección legal después de una serie de terremotos en El Salvador. La jueza decidió que las personas “admitidas” por razones humanitarias que ingresaron sin autorización no podrán ser beneficiadas.

El TPS aplica a personas que se desplazaron de sus naciones porque estaban en guerra o fueron devastadas por desastres naturales; los protege de la deportación y les permite trabajar de manera legal. Con ese estatus se reportaron alrededor de 400 mil personas provenientes de 12 países.

“El TPS otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión del ETP no hace que un participante ilegal sea elegible” para ser residente, aseguró Kagan.

La Cámara de Representantes ya aprobó una legislación para hacer posible que los beneficiarios del TPS se convirtieran en residentes permanentes, y el proyecto se envió al Senado, indicó.

La decisión no afecta a quienes entraron legalmente y permanecieron en el país, pese a tener la visa vencida, añadió Kagan. Ellos sí pueden solicitar la residencia permanente.

Los ciudadanos que se han acogido al TPS son, en su mayoría, de Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Venezuela y Yemen.

¿QUE ES LA 

GRENN CARD? 

Es el permiso que otorga el gobierno de Estados Unidos para que inmigrantes elegibles puedan vivir y trabajar de forma legal y permanente en ese país.

“En la mayoría de los casos, un patrocinador (empleador o familiar) es el que solicita la residencia permanente o Green Card (tarjeta verde) en favor de otra persona”, informó CNN.

También la puede solicitar el familiar directo de un ciudadano estadunidense como cónyuge, hijos solteros menores de 21 años o padres de un ciudadano estadunidense que tenga al menos 21 años, presentando el Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero.

Si el familiar inmediato ya vive en Estados Unidos se debe llenar el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus. Si no vive en ese país, se debe llenar el Formulario I-130 para continuar después con el procedimiento con el formato antes mencionado.

También son elegibles los hijos mayores de 21 años, solteros o casados, de ciudadanos estadunidenses; los hermanos de un ciudadano de al menos 21 años; los cónyuges de residentes permanentes legales; hijos menores de 21 años de residentes permanentes legales; hijos solteros, sin importar la edad, de residentes permanentes legales, de al menos 21 años.

Para esto se debe presentar el Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero.

También pueden solicitarla los prometidos o prometidas para matrimonio de un ciudadano estadunidense no inmigrante K1, la persona admitida en Estados Unidos en calidad de hijo de un prometido o prometida de un ciudadano estadunidense (visa de no inmigrante K2) y que se casarán dentro de los 90 días después de que sea admitido en Estados Unidos.

Actualmente hay unas 400,000 personas bajo protección de TPS, pero la cifra aumentará con la asignación de ciudadanos de Venezuela a ese programa, así como la reasignación a originarios de Haití, además de que activistas buscan que se aplique el programa a gente de Guatemala.

DECEPCION Y 

EXIGENCIA 

Gustavo Torres, director Ejecutivo de la organzación civil CASA, calificó de decepcionante la decisión del Máximo Tribunal, además de urgir al Congreso a aprobar una reforma migratoria.

“Este fallo demuestra una vez más la urgente necesidad de una reforma legislativa para las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos”, dijo. “Las leyes de inmigración están rotas y todos los titulares de TPS, muchos de los cuales han vivido en los EU durante décadas y han laborado como trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19, merecen un camino hacia la ciudadanía”.

Torres retomó la postura de otras organizaciones, como Alianza Américas, al pedir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que redesigne “inmediatamente” a Camerún, Guinea, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití, Mauritania, Nepal, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Las Bahamas y Yemen para TPS.

Eso permitiría que todos los ciudadanos de esos países que están en el país puedan aplicar por dicha protección.

“Para que los inmigrantes de estos países puedan vivir libres del temor de ser deportados”, consideró el activista. “Continuamos luchando por la reforma migratoria e instamos al Congreso a aprobar… la Ley de Sueño y Promesa”.

Actualmente el Congreso tiene tres leyes en discusión que beneficiarían a portadores de TPS: la mencionada Ley de Sueño y Promesa, la Ley de Trabajadores Esenciales y la de Ciudadanía 2021.

ALERTA A 

DREAMERS 

El caso de dos ‘dreamers’ que viajaron a México para regularizar su estatus migratorio, pero se encontraron con la negativa de su petición y un castigo de 10 años para ingresar a Estados Unidos, ha puesto en alerta a defensores de inmigrantes.

Los expertos urgen a estos inmigrantes a tomar “decisiones bien informadas” antes de salir del país, ya que pueden enfrentar serios problemas para volver, aunque estén protegidos por la Acción Diferida (DACA).

“Cuando se trata de procesos de inmigración hay que consultar al menos con tres abogados especializados, e informarse de los riesgos del proceso”, expuso a Efe Karina Ruiz, directora de Arizona Dream Act Coalition.

Añade que los inmigrantes, así estén amparados por programas de protección, deben tomar “decisiones bien informadas” cuando están tratando de regularizar su estatus o “pueden terminar viviendo una pesadilla lejos de su hogar”.

La advertencia se da tras los dos recientes casos de las jóvenes Karumi Durán y Ana Rafael Cruz, amparadas por DACA y que salieron a México para regularizar su estatus por estar casadas con ciudadanos estadounidenses, pero sus solicitudes fueron rechazadas por las autoridades del Departamento de Estado.

Además las mexicanas fueron castigadas por 10 años, tiempo en el que no podrán regresar a Estados Unidos por haber ingresado de forma indocumentada al país anteriormente.

SEPARACION 

“ETERNA” 

Al periplo migratorio que están viviendo estas jóvenes se suma el hecho de que los esfuerzos por regresarlas no han dado frutos.

Ni siquiera la intervención de congresistas ha servido para poder hacer que se les otorgue un permiso humanitario de entrada al país.

Los senadores de Massachusetts Ed Markey y Elizabeth Warren y la representante Lori Trahan han luchado por traer de regreso a Rafael Cruz, quien llegó al país de la mano de su mamá cuando tenía 7 años.

En el caso de Durán, los congresistas por Texas Pete Sessions y Silvia García han hecho sendas solicitudes al Gobierno del presidente, Joe Biden, para que permita a la joven regresar al país y reunirse con su bebé de nueve meses y su esposo, que se quedaron en el país.

Jéssica Domínguez, actual abogada de Durán, explicó que recientemente el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) negó un permiso humanitario de emergencia (“parole”) para que la joven mexicana pudiera regresar al país.

“No consideran que la separación que sufrió esta familia sea una emergencia”, criticó la jurista.

Desde Ciudad de México, Durán dijo a Efe que estos han sido los días más dolorosos de su vida al tener que estar separada de su familia y explica que por el momento no puede llevar a su pequeña a México porque no cuenta con los recursos para garantizar su bienestar en ese país.

“Son tiempos muy tristes, esto es una pesadilla”, enfatizó Durán.

Una situación parecida está viviendo Rafael Cruz, quien se quedó estancada en México este mayo cuando en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez le negaron su solicitud de residencia permanente por estar casada con un ciudadano estadunidense.

DESESPARADA 

Y ASUSTADA 

“No voy a mentir, pero a veces me siento desesperada, asustada y sola”, indicó la “soñadora” en un mensaje en su página de Facebook, donde pide a los beneficiarios de DACA como ella que busquen una segunda opinión si se les recomienda regresar a su país de origen para solicitar su visa.

En este sentido Ruiz recomienda que los “soñadores” deben preguntar a los abogados por el “porcentaje de éxito” que se tiene en casos similares.

Roberto Reyes, esposo de Durán y quien realizó la solicitud para su esposa por ser ciudadano estadounidense, reconoció a Efe que sólo consultaron un abogado de inmigración, pero aseguró que el jurista nunca les dijo que podían enfrentar un escenario sin salidas como el que están viviendo.

Ruiz añadió que todos los casos de los amparados por DACA son diferentes y que en los “detalles” están las opciones para regularizar el estatus, especialmente cuando se tienen órdenes de deportación que quedaron suspendidas por el beneficio, o cuando los jóvenes solicitaron el amparo migratorio siendo menores de edad, entre otros.

Entre la lista de preocupaciones de Durán y Rafael Cruz también está el hecho de que puedan perder el amparo de DACA.

Pero ese es un problema que se resolverá después porque lo “más importante actualmente es regresarlas al lugar que ellas consideran su hogar y donde sus familias las esperan”, indicó Domínguez.

La jurista hizo nuevamente un llamado al gobierno Biden y al secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, para que permitan que estas jóvenes regresen al país.