A través de cursos de capacitación de la UFM

*Aumenta el apoyo en el Congreso para aprobar una Reforma Migratoria

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Al principio, la Universidad Fuerza Migrante comenzó a hacer alianzas con instituciones públicas y privadas de México. La idea original era educar a los mexicanos en Estados Unidos en temas financieros, pero este tema llevó a otros y actualmente tiene cursos incluso para que se aprenda a demandar en tribunales por los derechos políticos.

En pocas palabras: que cualquier migrante sepa confrontar jurídicamente al gobierno mexicano si éste le impide participar como sujeto activo de la vida pública del país, votar o ser votado; si no le dejan contender para presidente municipal, gobernador, alcalde, diputado de congresos locales en sus estados…

“Se trata de que tengamos los mismos derechos”, advirtió Verónica Giles, directora de UFM, en entrevista telefónica.

Desde que se permitió a los mexicanos en el exterior votar para presidente de la República, en tal año. El avance para participar en otros niveles ha sido muy lento y sujeto a restricciones.

“Nos han regateado derechos, nos los han dado a cuentagotas”, advierte César Michel, un activista en California de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior.

En un principio, por ejemplo, no se permitía el voto electrónico, por ejemplo. Actualmente sólo pueden votar por senadores, no por diputados federales, y sólo en algunos congresos estatales se les permite tener legisladores; votar para gobernador en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

DENUNCIAS

Y QUEJAS

La apuesta de la UFM y el Tribunal electoral es que los mexicanos sepan exigir sus derehos a través de la denuncia.

Uno de los más reciente promocionales para invitar a los mexicanos en el exterior a involucrarse políticamente, es el siguiente:

“Los tribunales no funcionan si no hay queja, no son agencias de investigación. Debemos presentar denuncias y quejas para que el tribunal los estudie. Si hay algo que no está funcionando, los magistrados no pueden actuar por cuenta propia. Ahí radica la importancia de la queja, pues sin una queja, la denuncia no procede”, afirma Daniel Thatcher, catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Antecedentes

Durante un par de años, el Congreso de la Ciudad de México debatió eliminar la figura de diputado migrante que se había plasmado en la Constitución. A pesar de reclamos de organizaciones civiles, la votación decidió quitarla. Sin embargo, los mexicanos en el exterior no estuvieron conformes y recurrieron al TEPJF. Finalmente en 2017 éste determinó que debía restituirse porque, de lo contrario, violaba sus derechos políticos.

Entre los demandantes de aquella ocasión se encontraba César Michel quien cuenta que aquella victoria significó una luz en el camino para entender cómo se exigen los derechos políticos desde el exterior.

“Ahora en reforma política estamos pidiendo la participación integral de los mexicanos residentes en el exterior ya estado por estado. En Jalisco estamos solicitando, por ejemplo, que se dé la representación de los jaliscienses residentes en el exterior, al igual que en Nayarit y Yucatán, Guanajuato y Zacatecas”.

César Michel reconoce que estas exigencias son un proceso permanente. “Si el tribunal ordena que se legisle y se defiendan los derechos de los mexicanos en el exterior, entonces es una obligación y todos los funcionarios deben dejar de comportarse como si las leyes fueran de chocolate, que si no importara si se cumplen o no”.

ARBITRO Y

PROTECCION

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene 26 años que se formó y tiene dos objetivos fundamentales: ser árbitro final de los procesos electorales y proteger los derechos políticos de la ciudadanía, en materia de derecho a votar y ser votado, atender las quejas e impugnaciones.

“De lo más importante es que atiende las quejas de la ciudadanía cuando tienen obstáculos para votar como es el caso de la ciudanía mexicana residente en el extranjero que no tienen garantizado que haya candidaturas de la comunidad migrante”, explica Thatcher. “Como no en todas las constituciones estatales ni en la federal está garantizado ese derecho, se tiene que recurrir constantemente a esta instancia”.

El Tribunal Electoral ha puesto varios caminos para ello: mediante mensaje de texto, WhatsApp y también llamadas por líneas tradicionales. También pueden buscar orientación mediante la página https://www.te.gob.mx/defensoria/. La defensoría acompaña todo el proceso.

La alianza Universitaria

Con los cursos de capacitación en la UFM, el TEPJF busca darle un sentido educativo a todo lo que los migrantes pueden hacer aún cuando se encuentren en el exterior. Tienen cursos como “derecho para no abogados”, con el propósito de que sepan de legalidad, democracia, cómo obtener tu INE desde el extranjero, cómo votar, además de conocer qué hacen los diputados y senadores.

Los cursos son totalmente gratuitos para conocer las instituciones electorales. Los más recientes iniciaron el 8 de noviembre, pero pueden tomarse en línea en cualquier momento porque son a distancia.

La directora de la institución explica que buscan fortalecer a la comunidad en varios ejes: binacionalidad, perspectiva de género, cívica, ética, economía, derechos humanos, desarrollo humano, sustentabilidad y salud mental además de los político- electorales.

“El principal objetivo es empoderar a los migrantes”, detalla Verónica Giles. “Por eso la filosofía de reforzarlos política y económicamente a través de la educación. Al mismo tiempo brindan educación a sus familias, sin importar si radican en Estados Unidos o México”.

Al final de cada uno de estos cursos los adultos obtienen sus certificados en cualquiera de los modelos híbridos, con clases en línea y presencial. Los cursos para conocer las instituciones electorales mexicanas son totalmente gratuitos.

Para ingresar, basta que las personas accedan a la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federació y ahí se inscriben. También en la plataforma www.educacionufm.com, en la sección de cursos gratuitos.

CLASES

GRATIS

Desde el 30 de mayo pasado, la UFM inauguró su primera sede en México —ubicada en Puebla—, donde también ofrecen clases presenciales y certificaciones y en todo momento promueven el empoderamiento de los migrantes mediante la educación.

Si hay alguna necesidad o duda, las personas se pueden comunicar en México al 77730185607.

APOYO A LA

REFORMA

Los defensores de inmigrantes indocumentados tienen buenas y malas noticias para esta población, ya que por un lado hay un avance en cuanto al apoyo para aprobar una reforma a la Ley de Registro, pero por otro en el Senado no hay suficientes republicanos para lograr su aprobación.

Hasta el momento, esa propuesta presentada en julio pasado por la representante demócrata Zoe Lofgren (California), presidenta del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara, cuenta con 70 representantes que copatrocinan el proyecto.

Así lo confirmó la activista Angélica Salas, presidenta de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), en una entrevista con el podcast “El Diario Sin Límites”.

En septiembre pasado, esa organización tenía en la lista a 57 representantes demócratas, como parte de la campaña de reuniones y llamados a respaldar el proyecto que abriría la puerta a la ciudadanía para unos ocho millones de inmigrantes indocumentados.

Es posible que el respaldo demócrata avance, pero el principal problema se encuentra en el Senado, donde se requiere a 10 republicanos que apoyen el plan para su aprobación.

“Les preguntamos a senadores demócratas de cuántos [republicanos] estamos hablando, ellos hablan de cuatro o cinco”, compartió Salas.

Esa cifra coincide con la proporcionada por senadores demócratas la semana pasada, incluido Alex Padilla (California), quienes reconocieron cierto avance con los republicanos moderados.

OBSTACULO

REPUBLICANO

“En la oficina de la senadora [Catherine] Cortez Masto le preguntamos si estaban hablando con el líder Mitch McConnell”, expuso Salas. “Para asegurar que él en realidad dé luz verde para que sus senadores voten por un tema de inmigración”.

La preocupación de la activista es que mientras algunos demócratas, incluido el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), intentan convencer a republicanos, éstos no puedan votar sin un aval de su liderazgo.

“Está muy complicada la situación, vamos a ser bien realistas, pero lo que yo sí sé es que se tiene que hacer una lucha real, genuina, no nada más promesas”, expuso Salas. “Para de esa manera ver si hay votos de los republicanos y ellos están dispuestos de desligarse de esa perspectiva antiinmigrante que, desafortunadamente, tiene la mayoría del Partido Republicano”.

A finales de septiembre, el senador Padilla introdujo en el Senado la reforma “espejo”, es decir, el mismo plan que se presentó en julio ante la Cámara.

Qué es la Ley de Registro

En forma bipartidista, en 1929 se creó la Ley de Registro, la cual permite a inmigrantes indocumentados con cierto periodo viviendo en Estados Unidos aplicar por una Green Card.

“Queremos que se actualice la Ley de Registro, que comenzó en 1929, para ayudar a la gente indocumentada”, expuso Salas. “Es una ley que dice básicamente que por haber estado en este país por una cierta cantidad de tiempo… tú puedes demostrar ese tiempo, más buen carácter moral y no ser elegible para la deportación, entonces tú puedes calificar para la residencia permanente”.

La activista recordó que la última reforma de esa ley ocurrió en 1986 y aunque sigue vigente aplica para quienes llegaron al país en los años setenta del siglo pasado, no después, por ello se requiere su actualización.

“Que la actualicen, para que cualquier persona que ha estado aquí desde el 2015 pueda legalizar su estatus”, indicó.

Defensores del proyecto indican que es la mejor forma de proteger a millones de personas de la deportación, incluidos a los ‘dreamers’, a la gente con Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores agrícolas y otros indocumentados con acciones diferidas a la deportación.

El principal reto en este momento es que los congresistas tienen un mes para aprobar la reforma, antes de que termine el periodo conocido como ‘lame duck’, es decir, los últimos días de la legislatura actual, debido a que el 3 de enero del 2023 comienza el Congreso 118.