Reinician senadores negociaciones para la Reforma Migratoria 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- Las ganancias de la actividad criminal de tráfico de personas por trasladarlos a Estados Unidos en los últimos cinco años son de alrededor de $2,200 millones de dólares, según revela un informe del Instituto de Política Migratoria MPI.

En su mayoría, quienes pagaron a criminales por escapar de la violencia y pobreza de sus países fueron salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.

El informe ‘Las complejas motivaciones y los costos de la inmigración centroamericana’ da cuenta de las causas de la crisis migratoria en Centroamérica, un problema que lleva creciendo al menos décadas y en el que “influyen toda una gama de factores”.

Sin embargo, en el último lustro, la cantidad y rasgos de quienes están migrando “han atraído una atención sin precedentes de los gobiernos de la región, que están tratando de reducir la migración irregular”.

Entre los mencionados rasgos cabe destacar el creciente hallazgo de familias completas, con integrantes de todas las edades, así como de menores no acompañados.

El documento indica que entre los años fiscales 2017 y 2021, cuando Donald Trump encabezaba el gobierno estadunidense, la Patrulla Fronteriza reportó casi 2 millones de encuentros con migrantes centroamericanos en la frontera con México.

En los últimos cinco años fiscales, “los encuentros con personas migrantes de esos tres países (El Salvador, Guatemala y Honduras) excedieron los encuentros de personas migrantes mexicanas”, que solían ser los primeros en encuentros o detenciones en la frontera.

RAZONES 

PARA MIGRAR 

Quienes estudian el fenómeno aseguran que las principales razones para migrar a Estados Unidos son, la violencia doméstica y de pandillas, que engloba a la inseguridad en general; las malas condiciones económicas que dificultan tener un empleo o uno bien remunerado, además de que los ha llevado a la pobreza extrema; y otros como la corrupción e incluso el cambio climático.

Desde 2013, la Organización de las Naciones Unidas ya advertía que esta situación podría darse en un futuro cercano y convertirse en un auténtico éxodo, lo que en ese momento no fue escuchado.

RUMBO A  LA 

REFORMA 

Desde la cantidad de inmigrantes indocumentados que podrían ser beneficiados con la ‘green card’ tras ser protegidos con el plan de ‘parole’, el impacto fiscal por las ayudas sociales a recibir y la confusión de que el proyecto aprobado en la Cámara sería por más de 10 años que establece la regla de Reconciliación, son algunos de los retos que enfrentan senadores para negociar la propuesta migratoria.

Con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) sobre el plan de protección para indocumentados o ‘parole’ surgieron esos aspectos que podrían representar un reto para la negociación en el Senado con la parlamentaria Elizabeth MacDonough, reconoció una fuente del grupo de activistas directamente involucrado en el proceso legislativo.

De entrada, la fuente –quien no puede revelar su nombre para no entorpecer las negociaciones– revela que se debe aclarar a la parlamentaria que el plan es de 10 años, es decir máximo al 2031.

“Bajo las reglas de Reconciliación y lo que ha explicado la parlamentaria creemos que tenemos una buena oportunidad, porque está en la regla de Reconciliación de 10 años, no es algo permanente, es temporal, se puede renovar para el total de 10 años”, explicó la fuente.

Agregó que legisladores y los expertos que asesoran en la integración del proyecto se sorprendieron sobre algunos datos del CBO, como la cantidad de inmigrantes que podrían obtener la ‘green card’ tras estar protegidos con el ‘parole’.

2 O 3 MILLONES 

BENEFICIADOS 

La oficina presupuestal estima que serían hasta tres millones de personas, pero la fuente señala que el plan contempla una proyección del Center for American Progress (CAP) que estima unos dos millones de personas.

“Sí, es un problema que tenemos con CBO, porque el estimado del CAP era dos millones, debido a que toma en cuenta cuando los hijos cumplen 21 años, pero el CBO toma en cuenta a los hijos (en general), no la edad”, indica la fuente.

Agrega que si la parlamentaria MacDonough analiza esos datos contempla que más inmigrantes obtendrían el camino a la ciudadanía y, por ende, beneficios sociales.

“El CBO estima que más inmigrantes serán legales… eso puede ser un problema”, reconoció.

Durante las reuniones con la oficinal presupuestal ya se han hecho ajustes a algunos datos, para que la parlamentaria tenga la información más clara, agregó la fuente.

REGLA DE 

LOS 10 AÑOS 

La fuente insistió en la importancia de seguir las reglas de Reconciliación, las cuales marcan inversiones en máximo 10 años, por ello el plan migratorio está limitado.

Agregó que la estimación de poco más de $100,000 millones de dólares se aplicaría durante ese periodo, aunque hay cierta flexibilidad, pero por montos no muy altos y no especificados.

“Tenemos una flexibilidad con el número de los 10 años, pero no puede ser muy grande”, indicó. “Se toman otras consideraciones, como que esos inmigrantes se van a casar, tienen hijos”.

El reporte del CBO muestra que el plan de ‘parole’ podría continuar indefinidamente, aunque eso dependería del Congreso, ya que no es una orden ejecutiva del gobierno del presidente Joe Biden, pero la confusión puede ser un problema con la parlamentaria.

“Sí, va a ser un problema para ella, pero creo que se puede arreglar ahorita”, adelantó. “Aunque el proceso es por 10 años, el CBO piensa que va a seguir y quieren tomar eso en cuenta”.

Señala que la proyección de la oficina presupuestal es el impacto fiscal cuando más personas obtengan la ciudadanía, un monto que era muy alto cuando se presentó el primer plan.

“Hemos tenido oportunidad de hablar con CBO y darles más datos, pero cuando salieron estos número no sabíamos en qué se basaban”, reconoció la fuente.

MILLONES 

BENEFICIADOS 

A pregunta expresa del reportero del diario La Opinión, la fuente reconoció que había una disparidad en los números que el CBO exponía sobre que 6.5 millones de inmigrantes serían beneficiados, cuando las organizaciones civiles y legisladores contemplan entre 7.1 y 7.8 millones.

“El CBO a veces toma unos datos que nosotros no pensamos que sean muy exactos, también quiero señalar que no sé si los 7 millones aplicarían por el ‘parole’”, aclaró la fuente.

Señaló que cuando se planeó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) había un estimado de 1.2 millones de beneficiarios, pero solamente aplicaron unos 800,000.

“Siempre son menos lo que aplican, quizá porque no saben, no tienen recursos, no tienen suficiente educación sobre quién aplica para el programa”, reconoció.

Además del líder de la mayoría Chuck Schumer (Nueva York), los directamente involucrados en las negociaciones son el senador Dick Durbin (Illinois), presidente del Comité Judicial; Bob Menéndez (Nueva Jersey), presidente del Comité de Relaciones Exteriores; Alex Padilla (California); presidente del Subcomité de Inmigración, así como Catherine Cortez Masto (Nevada).

Todavía no hay una fecha para la reunión con la parlamentaria, pero ha habido discusiones informales sobre el plan, indicaron fuentes del Congreso.

¿NUEVAS 

REGLAS? 

Otros expertos han señalado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá crear nuevas reglas para el programa de protección a indocumentados, pero la fuente afirma que no es un asunto complicado, pues se tomarán en cuenta los lineamientos existentes de ‘parole’.

“Los requisitos de ese programa de ‘parole’ son los mismos que vienen bajo ‘parole’ en otros casos, como aquello que tienen al asilo”, dijo. “Lo que hace es crear una nueva apertura de ‘parole’ para los indocumentados”.

Sobre la operatividad la fuente adelantó que la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recibiría fondos adicionales para operar, pero el proceso está en funcionamiento.

“No sería un nuevo staff, es lo que hace USCIS, hay miles de nacionales de Afganistán que tienen ‘parole’ ahorita. Ya existe la agencia para hacer eso”, expuso. “Tenemos fondos adicionales para que pueda aprobar hasta 7 millones en seis meses o un año”.

SE DISUELVE 

CARAVANA 

Una de las tres nuevas caravanas migrantes que partió el viernes de la ciudad de Tapachula en el suroriental estado de Chiapas, integrada por unas 1,000 personas, fue disuelta cuando los migrantes se entregaron a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México.

Los migrantes detuvieron su marcha en la comunidad de Xochiltepec, municipio de Tuzántan, donde a manera de presión bloquearon la carretera en ambos sentidos para obligar a los agentes del INM a dotarles de autobuses para continuar su camino hacia la Ciudad de México.

Un total de 10 autobuses de pasajeros llegaron hasta la comunidad para trasladar a los migrantes que salieron desde Tapachula, en busca de que las autoridades atendieran sus peticiones ya que en el municipio existe una saturación de extranjeros.

Este grupo de migrantes, en su mayoría haitianos, caminó unos 31 kilómetros desde Tapachula hasta Tuzántan, mientras que decenas de extranjeros no quisieron esperar y decidieron caminar hacia el municipio de Escuintla.

En medio de empujones, gritos y desesperación, los migrantes intentaban subir a los autobuses que las autoridades enviaron para llevarlos a otros estados del país donde puedan obtener documentos que regulen su situación migratoria.

Ante la desorganización, agentes de la Guardia Nacional llegaron junto con personal de INM para ordenar y organizar a los migrantes y que fueran subiendo a los vehículos por nacionalidad.

El subdelegado federal de la zona sur del INM, Hugo Salvador Cuéllar, comentó que conseguirán “los camiones necesarios para evacuar a las personas que permanecen en esta caravana”.

MEDIDAS 

DE PRESION 

Este tercer grupo de la caravana, integrada por unos 2,200 migrantes, previamente bloqueó por dos horas la carretera Tuzántan-Huixtla y mantuvieron en garantía al representante del INM, esto a cambio de que las autoridades les proporcionaran autobuses para su traslado hacia la Ciudad de México.

La caravana no siguió avanzando para evitar las altas temperaturas y cuidar la salud de niños y mujeres y evitar que se deshidraten.

Wilfredo, un migrante de Nicaragua, indicó que detuvieron la caravana “porque no llevamos agua, médicos y ningún alimentos. Por ello, decidimos no seguir avanzando”.

“Cerramos la carretera y calle, llegó el representante de Migración y se acordó retirar el bloqueo (…). Al dejar libre la carretera nos ofrecieron autobuses para trasladar a estas personas sin distinción alguna”, añadió.

La caravana migrante había advertido que en caso de que el gobierno mexicano no cumpliera con el envío de autobuses volverían a bloquear la carretera, lugar donde también pernoctarían.

En tanto, la primera y segunda caravanas de migrantes, integrada en su mayoría por haitianos, han continuado su avance por las carreteras de Chiapas.

La primera, que marcha por el tramo carretero Villa Comaltitlán hacia Escuintla y hasta ahora ha recorrido unos 58 kilómetros, también bloqueó la carretera que liberaron horas después y siguieron hacia el municipio de Escuintla.

SUFRIDO 

PEREGRINAR 

Una de las miles de mujeres migrantes haitianas que viajan en la caravana, Beatriz, se estacionó en el centro de Huixtla para descansar y luego continuar ya que su objetivo, dijo, es dejar Tapachula, al tiempo que llamó a las autoridades a brindarles ayuda para no seguir su travesía a pie.

“Nosotros estamos cansados, tenemos la esperanza de obtener un autobús que nos lleve a la Ciudad de México”, confió.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha dicho que van a continuar con los traslados de autobuses, pero van a organizar y ordenar a los migrantes para continuar su proceso de regulación.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) “encontró” más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Los migrantes se han puesto de nuevo en marcha después de que en los primeros días de septiembre las autoridades mexicanas frustraran el avance de cuatro caravanas que partieron precisamente desde Tapachula.

México ha detectado más de 190,000 inmigrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74,300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.