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Los Desafueros

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Por: Ing. Esteban Sánchez
Inmunidad, impunidad o protección son las palabras que reflexionamos cuando escuchamos el
tema del “Fuero Constitucional”, que protege a los altos mandos de la administración pública
federal y a todos los congresistas del país.
El fuero es una figura jurídica que se creó para proteger a los legisladores de “las furias de los
gobernantes en turno” y que estos se expresen con libertad, sin temor a represalias durante el
periodo de su encargo para evitar ser juzgados procesalmente.
En la actualidad se registran innumerables casos de “políticos aviesos” que, en el ejercicio de
sus funciones, incurrieron en actos de omisión que redundaron en perjuicio de los intereses
públicos y de su buen despacho; por ello, buscan “la patente de Corso”, que otorga el ser
legislador.
El artículo 110 constitucional refiere que podrán ser sujetos de juicio político los congresistas
federales y estatales, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros de la
Judicatura Federal, los miembros del gabinete presidencial, el Fiscal General de la República,
los magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los consejeros del Instituto Nacional Electoral
(INE), su presidente y su secretario ejecutivo, los magistrados del Tribunal Electoral, los
integrantes de organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria,
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Las sanciones consisten en la destitución del servidor público y su inhabilitación para
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza, posteriormente
son juzgados por el Poder Judicial,
que revisa la acusación y determina si es inocente o
culpable, pero más allá de las pasiones que desata este tema, revisemos la historia.
Fue en 1909 el primer desafuero en contra del Diputado José López Portillo y Rojas, abuelo del
Presidente del mismo nombre, por una acusación de fraude cuando en realidad fue por
proponer a Bernardo Reyes para vicepresidente de México.
En 1935, el senador Manuel Riva Palacio fue desaforado por conspirar contra Lázaro Cárdenas.
En 1945, a los diputados Carlos Madrazo, Sacramento Joffre y Pedro Téllez se les acusó de
traficar con tarjetas para la contratación de braceros en Estados Unidos.
En 1947, el senador Félix Ireta Viveros, por falsificación de documentos, y al comprobar su
inocencia regresó a sus funciones 4 años después. El director de Pemex Jorge Díaz Serrano,
senador por su natal Sonora, fue acusado en 1983 de fraude por el sobreprecio de 5 mil 100
millones de pesos en la compra de 2 barcos en su gestión.
En 2004, el diputado local René Bejarano, por el escándalo de los dineros que el empresario
Carlos Ahumada daba a los candidatos de su partido.
En 2005, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, fue acusado de violar una orden judicial con suspensión de la construcción de una
calle que conducía a un hospital en un terreno expropiado años atrás.
En 2010 el diputado electo Julio César Godoy fue señalado de tener vínculos con el crimen
organizado. Lucero Sánchez, diputada Local por Sinaloa, por su relación con el narcotráfico,
perdiendo su fuero en 2016 por “uso indebido de documento público”, siendo detenida en
California, Estados Unidos, cuando buscaba conseguir asilo político.
Hace 7 días, el Jurado de Procedencia de la Cámara de Diputados desaforó al legislador
Cipriano Charrez Pedraza para que se presente ante tribunales judiciales y responda a una
acusación de homicidio culposo.
“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Por ello, más de algún
legislador debe estar muy incómodo y quizá hasta el sueño le sea difícil conciliar.
Por ahora es todo; mientras tanto ¡!! AQUÍ NO PASA NADA ¡!! Para cualquier información, favor
de comunicarse a:
editorial@novedadesnews.com
y/o
tulmex@hotmail.com

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