Nota Novedades News Con información de agencias Dallas, Tx.- La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos concedió un fuerte impulso a los votantes latinos de Texas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre y, por el contrario, brindó un severo revés a las pretensiones de los electores rurales anglos y republicanos que intentaban ganar más peso político en las votaciones del país. De esta manera, el Tribunal Supremo de la nación dio alas al voto hispano texano para los próximos comicios generales, al rechazar una petición sobre el mapa electoral con la que los votantes rurales anglos y republicanos querían ganar peso frente a los latinos de zonas urbanas. La decisión rechazó una objeción de votantes de Texas que podría haber diluido el poder de voto de los demócratas urbanos en beneficio de los republicanos rurales. De forma unánime, los jueces de la máxima instancia judicial del país rechazaron la petición de dos texanos, Sue Evenwel y Edward Pfenninger, que creen que la distribución del censo electoral para el Senado estatal es “extremadamente desigual” y, por ello, querían que se revisara el histórico principio de “una persona, un voto”. El alto tribunal definió esta idea en 1964, en plena lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y con el objetivo de evitar que las zonas rurales -tradicionalmente blancastuvieran más poder a la hora de elegir representantes que las ciudades, donde vivía en mayor proporción la minoría afroestadunidense. Los demandantes defendían que en el censo sólo debían aparecer las personas con derecho a votar, es decir estadunidenses mayores de 18 años, y debía excluirse a los menores de edad, aquellos que no son ciudadanos del país y antiguos criminales, cuyo derecho al voto está restringido en muchos estados. Frente a ello, en su sentencia, escrita por la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, el Tribunal Supremo respondió que los legisladores “sirven a todos los residentes, no solo a aquellos que pueden votar o que están registrados para ello”. La magistrada afirmó que aquellos que no pueden votar, como los niños, “tienen una participación muy importante en debates políticos” y, por ello, todos los habitantes deben aparecer en el censo y deben figurar como población a la hora de elegir a los legisladores. Si el Supremo hubiera fallado a favor de los demandantes, las zonas rurales y tradicionalmente republicanas habrían ganado más peso, frente a las concentraciones urbanas, donde vive la mayor parte de la comunidad hispana indocumentada y que, a pesar de no te ner residencia legal, figura en el censo. En términos prácticos, la decisión del alto tribunal beneficia a los demócratas, que suelen encontrar respaldo en zonas urbanas. En un comunicado, Nina Perales, del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), calificó de “clara e importante victoria” para los inmigrantes la decisión del Tribunal Supremo. A pesar de esta victoria, los hispanos se enfrentan a las leyes discriminatorias que varios estados han aprobado en los últimos años para evitar que las minorías expresen su opinión en las urnas. Esta circunstancia es posible desde que, en 2013, el Supremo invalidara una sección de la Ley del Derecho al Voto, de la que se cumplieron 50 años el pasado agosto y que obligaba a algunos estados considerados de “tradición discriminatoria” a pedir permiso al Gobierno antes de llevar a cabo modificaciones electorales. Desde entonces, estados como Carolina del Norte y Virginia han aprobado leyes que, por ejemplo, obligan a los votantes a mostrar un carné con fotografía para poder ejercer su derecho al voto, pese a que en el país no hay un documento nacional de identidad y los ciudadanos no están obligados a disponer de esa identificación. En este contexto, cobra especial importancia esta decisión del Tribunal Supremo sobre Texas, que se produce a sólo unos meses de las elecciones presidenciales y legislativas, en las que el voto latino puede jugar un papel crucial. Los nueve jueces que deben componer el Tribunal Supremo evaluaron este caso en una audiencia en diciembre. Sin embargo, la sentencia la dictaron ocho jueces, que quedaron divididos entre cuatro liberales y cuatro conservadores tras la inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia. RECHAZO CONSERVADOR El caso puso a prueba el principio de “una persona, un voto”, requisito establecido por la Corte Suprema en 1964 para que los distritos políticos fueran más o menos iguales en población, pero la cuestión planteada era qué población tener en cuenta: a todos o solamente los votantes habilitados. Todos los 50 estados utilizan el número de residentes como base para trazar sus distritos electorales, pero los cuestionadores dijeron que los distritos rurales para el Senado estatal en el que vivían tenían muchos más votantes elegibles que los distritos urbanos, lo que significaba que sus votos contaban menos, en violación de la Constitución. En Texas y otros estados con numerosos inmigrantes, los distritos urbanos incluyen mucha más gente muy joven, o no ciudadanos, o no habilitados para votar. Los grupos defensores de los derechos civiles dijeron que forzar a los estados a cambiar su método de trazado de distritos habría perjudicado la influencia política de los hispanos. Ruth Ginsburg afirmó que “la historia, nuestras decisiones y las prácticas sentadas en todos los 50 estados e incontables jurisdicciones locales apuntan en la misma dirección... Los representantes sirven a todos los residentes y no solamente a los elegibles o registrados para votar”. Richard Hasen, experto en derecho electoral en la Escuela de Derecho Irvine, en la Universidad de California, dijo que “un fallo contrario habría trasladado el poder a los distritos rurales republicanos en contra de las áreas urbanas demócratas”. Aunque los jueces respaldaron unánimemente el uso en Texas de la población total, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito no se adhirieron a la opinión de Ginsburg. Thomas afirmó que la Constitución otorga a los estados la libertad de trazar líneas políticas sobre la base de distintos recuentos de población. Refiriéndose al caso en 1964 de Reynolds vs. Sims, dijo que el tribunal supremo “nunca ha fundamentado sólidamente el principio de una persona, un voto”. Por su parte, Alito objetó la dependencia de Ginsburg de la prescripción constitucional de usar el censo de una vez por década para asignar bancas en la Cámara de Representantes estatales. Alito agregó que la historia de la representación congresual ha sido producto del compromiso político.