Hoy (miércoles) será presentada a la Cámara de Diputados 

• Los beneficiados deberán tener 7 años de permanencia en EU 

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  Dallas, Tx.- Los demócratas en la Cámara de Representantes presentarán hoy miércoles un proyecto de Ley de Registro que permitiría abrir el camino a la ciudadanía para ocho millones de inmigrantes indocumentados.

  “El proyecto de ley establece siete años de elegibilidad de presencia [en Estados Unidos] para solicitar una tarjeta verde”, cita el periodista Pablo Manríquez de Latino Rebels, quien tuvo acceso al plan.

  El reporte agrega que el proyecto será presentado este miércoles (hoy) en una conferencia de prensa con la asistencia de los representantes Zoe Lofgren (California), Norma Torres (California), Grace Meng (Nueva York), Lou Correa (California), Adriano Espaillat (Nueva York) y Jesús “Chuy” García (Ilinois).

  Eso quedó confirmado con un comunicado de prensa de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

  Agrega que la propuesta incorpora “un componente continuo para que no se requiera legislación futura” que permita actualizar el registro de acuerdo con la Ley de Ciudadanía e Inmigración (INA).

  7 AÑOS 

  EN EU 

  Actualmente, la Ley de Registro tiene como límite el 1 de enero de 1972 como fecha de estancia en EU para que un inmigrante pueda apegarse a la norma y solicitar una ‘green card’.

  El nuevo proyecto de ley actualizaría esa fecha de registro tomando en consideración siete años como base de estancia en el país, pero no se indicó la fecha en particular. 

  Destaca que el proyecto busca mantener la posibilidad de que un inmigrante indocumentado solicite una ‘green card’ tras siete años de estancia en el país y otros requisitos marcado en la INA. 

  Es decir, no se trata de una actualización de una regla impulsada durante el gobierno de Ronald Reagan en 1986, que cambió la fecha de registro al 1 de enero de 1972.

  Durante la discusión del paquete Build Back Better (Reconstruir Mejor) los demócratas pretendían incluir la Ley de Registro como un beneficio migratorio, pero el plan fue rechazado por la parlamentaria Elizabeth MacDonough.

  En una entrevista con este diario, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), dijo que apoyaría el plan de varios senadores hispanos para desobedecer a la parlamentaria y avanzar con alguna protección migratoria.

  “REDADAS 

  DIGITALES” 

  Las autoridades de inmigración de Estados Unidos adquieren y usan “vastas cantidades” de datos de localización de inmigrantes mediante teléfonos celulares sin orden judicial, denunció la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU).

  La documentación obtenida por esa organización muestra “los intentos del Gobierno por lavarse las manos de toda responsabilidad en la adquisición de datos sobre la localización de personas que requerirían una orden judicial”, afirmó Shreya Tewari, de Aclu.

  La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés), el Servicio de control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), y otras agencias que dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) han estado recolectando información “extraída a las llamadas de aplicaciones en teléfonos inteligentes”, según ACLU.

  Las autoridades de inmigración han recurrido a aplicaciones y celulares para determinar la ubicación de migrantes indocumentados que están a la espera de una audiencia en tribunales de inmigración para determinar si permanecerán en el país o deben ser deportados.

  VENTA DE 

  INFORMACION 

  El Gobierno ha usado millones de dólares “para comprar el acceso a la información de localización de teléfonos celulares compilada y vendida por dos vendedores de datos, Venntel y Babel Street”, añadió el grupo.

  Los documentos que el grupo obtuvo mediante una gestión bajo la Ley de Libertad de Información muestran los intentos de las compañías y del gobierno por “racionalizar esta venta irrestricta de cantidades enormes de datos“.

  ACLU apuntó que el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado por la protección de datos similares de localización mediante los teléfonos móviles contra el acceso gubernamental sin orden judicial.

  “El Tribunal Supremo ha dejado en claro que, debido a que nuestro historial de ubicación mediante el teléfono celular revela tanto de la ‘vida privada’, merece toda la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución”, señaló Nathan Freed Wessler, subdirector de la organización.

  El Comité Judicial de la Cámara de Representantes tendría ayer martes una audiencia en la cual se examinarán las “redadas digitales” y el acceso del gobierno a la información personal de la población, indicó ACLU.

  MIGRACION 

  REGULADA 

  El presidente del Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés), Andrew Selee, pidió en Miami que Estados Unidos ponga en marcha iniciativas que permitan la inmigración legal desde América Latina, durante la jornada de clausura de la Cumbre Concordia de las Américas.

  Selee, al frente de esta institución con sede en Washington, señaló en el panel “Una crisis en desarrollo: migración y refugiados en América Latina” que se trata de una medida necesaria dada la magnitud de un problema creciente.

  “La pregunta es cómo crear una fórmula para que esa migración sea legal”, sostuvo Selee en la segunda y última jornada de la Cumbre Concordia de las Américas, que reúne en Miami a políticos, empresarios y académicos para hablar de los desafíos y oportunidades del continente.

  “La crisis provocada por la pandemia de la covid-19 ha generado que personas de clase media de países como Brasil y Perú que perdieron sus trabajos se sumen a la corriente migratoria hacia Estados Unidos”, destacó el experto.

  Miguel Pizarro, nombrado por el opositor venezolano Juan Guaidó comisionado para la ONU, dijo que en su país la migración es resultado de “la corrupción” y de un Gobierno que permite unas condiciones de vida como las que sufre la población.

  HIPOCRIFO 

  GOBIERNO 

  “En Venezuela hay 7 millones de personas que viven dentro del país que necesitan ayuda y otros 6 millones que están fuera”, destacó Pizarro.

  Sostuvo que la crisis migratoria de su país se entiende si se tiene en cuenta que el 90% de la población se sitúa por debajo del nivel de la pobreza, lo que empuja a la gente a buscar fuera mejores condiciones de vida.

  “La emigración continuará”, indicó, después de recordar que en su país la gran mayoría de la población tiene graves dificultades para acceder a cosas tan básicas como alimentos o electricidad.

  El embajador de Guatemala en Estados Unidos, Alfonso Quiñónez, el tercer de los participantes en el panel, aseguró que la falta de oportunidades ha provocado un flujo constante de migrantes de Venezuela que pasan por su país camino hacia Estados Unidos.

  “Por ello se deben crear oportunidades en los países de origen y tiene que haber un esfuerzo conjunto entre las naciones”, apuntó Quiñónez.

  El diplomático subrayó que en su país se plantea en estos momentos cómo acoger a la cantidad de inmigrantes que tienen como destino final EU, pero que quedan varados en Guatemala.

  Concordia es una organización dedicada a fomentar en el continente las asociaciones intersectoriales para el impacto social.

  Esta cumbre que ayer se clausura, no ligada a un partido político y organizada por Concordia, es la sexta dedicada a las Américas.