Por hacerse cargo de los menores: WP

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Dallas, Tx.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) lograron acceder a los albergues de menores migrantes para recopilar datos de los familiares que se hacen cargo de ellos, según informó The Washington Post.

A diferencia de los centros de detención para inmigrantes que gestiona el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través del ICE, los albergues de menores migrantes -que suelen cruzar la frontera sin adultos- están bajo la tutela del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS).

La Casa Blanca de Donald Trump ha tratado de aumentar los controles sobre las personas que se hacen cargo de los menores migrantes, normalmente familiares que viven con o sin papeles en Estados Unidos, pero hasta ahora sin mucho éxito.

Sin embargo, The Washington Post publicó que la Casa Blanca ha intentado implementar este diciembre un plan que ha mantenido en secreto para integrar agentes migratorios en los albergues gestionados por el HHS.

Pese a que altos funcionarios del Departamento de Salud se han negado a aceptar estos planes, sí han accedido a que el ICE tome huellas dactilares y otra información biométrica de las personas adultas que reclaman a los menores en los albergues.

Según el artículo del Post, que cita bajo condición de anonimato a seis funcionarios y exfuncionarios, en caso de que el HHS rechace las solicitudes de los adultos que reclaman a menores, el ICE está autorizado a usar la información para, en caso que proceda, detener y deportar a estas personas.

En el pasado, el Congreso ha manifestado su oposición a perseguir a personas que reclaman menores porque no quiere que se priven de hacerlo al sentir miedo por una posible deportación.

La Casa Blanca, por su parte, defiende que padres utilizan el sistema para enviar a sus hijos solos a Estados Unidos y que familiares se hagan cargo de ellos, sin que los primeros puedan ser deportados, al tratarse de menores.

La nueva política, según el Post, ha sido diseñada por Stephen Miller, quien es la mano derecha de Trump en inmigración.

FALLEN OTROS

DOS MENORES

Dos niños inmigrantes guatemaltecos murieron bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, pero DHS eximió hace unos días de falta a las autoridades.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) descartó hace unos días de “falta” o “mala actuación” en los hechos que rodearon la muerte, en diciembre del año pasado, de dos niños inmigrantes guatemaltecos que permanecían bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

Jakelin Caal, de siete años, y Felipe Gómez, de ocho, murieron el 8 y el 25 de diciembre de 2018, respectivamente, luego de haber sido detenidos junto a sus padres en territorio estadunidense.

En ese entonces se señaló que Caal, originaria de la comunidad de San Antonio Secortéz, del municipio de Rarxuha, murió al parecer de deshidratación, y Gómez, procedente de Nentón, supuestamente de una fiebre común, aunque ambos casos permanecían bajo indagación.

Según la Oficina del Inspector General, a cargo de la supervisión independiente del Departamento de Seguridad Nacional, el cual tiene bajo su mando a las autoridades migratorias y de aduana, no se encontró “falta o mala actuación por parte del personal del DHS”, según dos comunicados separados difundidos en su web, con fecha 20 de diciembre.

La nota detalla los hechos ocurridos antes del deceso de ambos menores, quienes habían salido de las empobrecidas tierras indígenas de Alta Verapaz y Huehuetenango, en Guatemala.

El Inspector relató que el 6 de diciembre de 2018 Jakelin (cuyo nombre no es suministrado en el comunicado) y su padre fueron detenidos en Antelope Wells, Nuevo México, y un día después fueron trasladados a otra instalación de la Patrulla Fronteriza (USBP) en Lordsburg.

Durante el recorrido, Nery Caal, padre de la pequeña y en ese entonces de 29 años, advirtió a las autoridades que Jakelin tenía fiebre y vómitos y empezó a tener convulsiones.

“Cuando la niña llegó a la estación USBP en Lordsburg, los técnicos médicos de emergencia de USBP iniciaron la atención y la llevaron al hospital en una ambulancia aérea comercial”, detalla el comunicado, según el cual el personal de la Patrulla Fronteriza traslada al papá (que no es identificado por su nombre) al centro donde permanecía la menor.

El 8 de diciembre, se declaró el deceso de la niña, por lo que se inició una “investigación detallada” coordinada con la oficina del médico forense local.

El Inspector General detalló, citando el informe de la autopsia del médico forense, que Jakelin “murió por causas naturales debido a secuelas de sepsis estreptocócica”.

FELIPE, SEGUNDO

FALLECIDO

Felipe Gómez Alonzo, de 8 años, era oriundo de la aldea Yalambojoch (a unos 410 kilómetros de Ciudad de Guatemala), en el municipio de Nentón, ubicado en el departamento noroccidental de Huehuetenango.

La investigación indicó que Felipe (quien tampoco es identificado en el documento difundido) fue detenido junto a su padre, Agustín (por entonces de 47 años), el 18 de diciembre del año pasado cerca de El Paso, en Texas.

Posteriormente, el 23 de diciembre, fueron transportados a un punto de control de la Patrulla Fronteriza en Alamogordo, Nuevo México, donde esperarían la reubicación.

Un día después de su llegada al lugar, un agente “notó que el menor parecía enfermo y entrevistó al padre, quien solicitó tratamiento médico para su hijo”, relata la nota oficial, que no revela el nombre del padre.

Fue entonces cuando ambos fueron llevados a un hospital para evaluar al menor, al quien se le diagnosticó “con una infección de las vías respiratorias superiores”, para cuyo tratamiento se le recetó amoxicilina y acetaminofén.

Ambos fueron devueltos a la instalación de la Patrulla Fronteriza, donde el pequeño, a quien se le administraron sus medicamentos, “mejoró brevemente”, pero luego “empeoró”, según determinó la pesquisa, lo que obligó a que fueron transportados al hospital, donde Felipe “no respondió y fue declarado muerto”.

“El informe de la autopsia del médico forense del estado encontró que el niño murió de sepsis causada por la bacteria Staphylococcus aureus”, concluyó el comunicado.

ADVERTENCIA

A TEPESIANOS

Un inmigrante en Estado de Protección Temporal (TPS) que viaja al extranjero conserva la misma condición migratoria cuando regresa a Estados Unidos, pero primero debe obtener un permiso especial para salir del país llamado ‘Advance Parole’, aclaró el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tras actualizar su manual de procedimientos.

Los beneficiarios de TPS que tienen pendiente un proceso en su contra o cuenten con orden de deportación, al regresar de un viaje al exterior también mantienen la misma situación migratoria que cuando salieron del país, señaló la agencia.

El viaje al exterior, aseguró USCIS, no puede resultar en la ejecución de ninguna orden de deportación pendiente a la que pueda estar sujeto un beneficiario de TPS.

Pero recalcó la necesidad de obtener el ‘Advance Parole’, que es un permiso de viaje que otorga el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través del mismo USCIS.

Aclaró que existen algunos casos en los que el beneficiario de TPS está restringido para viajar. Para ello se debe consultar con un abogado especialista en inmigración.

El ‘Advance Parole’ es un documento para salir del país que otorga el gobierno estadunidense a quienes no tienen residencia permanente, como los beneficiarios de DACA, TPS o quienes están en trámite migratorio.

El permiso debe ser aprobado antes de que la persona salga del país y le permitirá regresar a Estados Unidos en tiempos muy específicos.

USCIS otorga el ‘Advance Parole’ por propósitos educativos, de empleo o humanitarios, a un costo de $660 dólares mediante el llenado del formulario I-131.