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Dallas, Tx.- El movimiento a favor del TPS a nivel nacional sigue creciendo y sus líderes ahora reiteran su pedido al Congreso federal de otorgar una solución permanente a los beneficiados con este programa para que de manera definitiva vivan y trabajen legalmente en los Estados Unidos. Grupos de apoyo a los “tepesianos” en Dallas –condado en el que se ha establecido cada año un mayor número de centroamericanos, principalmente salvadoreños– enfatizaron que mantendrán activas sus visitas en Washington a los congresistas principalmente republicanos para que concedan una residencia permanente a estos migrantes. Toda esta efervecencia de regocijo y respaldo se suscitó después de que la comunidad “tepesiana” lograra un breve respiro de la amenaza de la deportación por el freno temporal de la cancelación del TPS interpuesto por un juez federal, pero el Congreso tiene la tarea pendiente de aprobar una legalización permanente para estos inmigrantes, afirmaron activistas. El juez federal en San Francisco (California), Edward Chen, falló hace unos días a favor de 14 demandantes que impugnaron la decisión de la Administración Trump de desmantelar el programa de “Estatus de Protección Temporal” …(TPS), que durante décadas ha protegido de la deportación a decenas de miles de inmigrantes indocumentados de Africa, Asia y Centroamérica. Chen ordenó que la Administración Trump mantenga en pie el TPS, que da a sus beneficiarios estadía legal y permisos de trabajo, mientras se resuelve el litigio en los tribunales. En este caso, el fallo de Chen, que abarca a unos 300,000 inmigrantes de los primeros cuatro países afectados por la cancelación del TPS -Sudán, El Salvador, Haití y Nicaragua-, fue en respuesta a una demanda que entablaron en marzo pasado varios grupos defensores de los inmigrantes en nombre de nueve “tepesianos”, y cinco de sus hijos nacidos en los Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Justicia, Devin O´Malley, aseveró que el gobier- no luchará contra lo que considera como una “usurpación” de los poderes del Ejecutivo para aplicar las leyes de inmigración. “El Departamento de Justicia completamente rechaza la noción de que la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional hicieron algo indebido. Continuaremos luchando por la integridad de nuestras leyes de inmigración y nuestra seguridad nacional”, afirmó O´Malley.

VERDADERA BATALLA Durante una conferencia telefónica con periodistas, activistas y abogados implicados en el litigio celebraron el singular fallo, pero enfatizaron que la verdadera batalla se librará en el Congreso, donde hay cinco legislaciones relacionadas con una solución para los “tepesianos”. “Esta es una decisión extraordinaria, porque es la primera vez en la historia de un estatuto del TPS en el que hay una orden judicial para frenar la cancelación” del programa humanitario y “es enormemente importante” para estas familias, explicó Emi MacLean, co-directora legal de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON). Según MacLean, Chen cuestionó que la Administración Trump haya “cambiado las reglas del juego sin explicación alguna”, violando la ley en base a motivaciones de racismo y discriminación contra estos inmigrantes. MacLean explicó que Honduras y Nepal no fueron incluidos en el fallo porque la cancelación de su TPS surgió después de que la demanda fue entablada el pasado 12 de marzo contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. “Estamos considerando todas las opciones legales disponibles”, afirmó la abogada. En su dictamen de 43 páginas, Chen dijo que sin este alivio judicial, los beneficiarios del TPS y sus hijos “indiscutiblemente sufrirán un daño irreparable y gran adversidad” ante la amenaza de la deportación. Los padres de niños nacidos en los Estados Unidos, en particular, se verían obligados a escoger entre llevárselos y apartarlos de la única comunidad que conocen, o dejarlos con otros familiares. En cualquiera de los dos escenarios, habría separación familiar, señaló el juez. Por otra parte, el gobierno no logró establecer que habría un “verdadero daño” si mantiene en pie el TPS mientras se resuelve el litigio y, por el contrario, los demandantes y partidarios “establecieron sin duda que las economías locales y nacional se verán perjudicadas si centenares de miles de beneficiarios del TPS son desarraigados y deportados”, enfatizó Chen. La próxima vista judicial sobre el caso está programada para el 26 de octubre, en la que la Administración tendrá que explicar sus próximos pasos. Para los activistas de grupos como NDLON y la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU) del sur de California, aunque la decisión de Chen es un parche temporal, al menos sirve para reinvidicar la lucha de los “tepesianos” por permanecer en territorio estadunidense, donde llevan décadas contribuyendo a la economía del país. Por separado, la principal demandante en el litigio, la joven salvadoreña, Crista Ramos, manifestó en una declaración escrita que ella y su familia celebran porque el fallo de Chen les da un respiro y evita, por ahora, la posible deportación de su madre a El Salvador. “Seguiremos luchando por un estatus permanente para los beneficiarios del TPS”, prometió Ramos, de 14 años y nacida en Estados Unidos.

CRUELDAD Y CINISMO En la actualidad, ninguno de los cinco proyectos de ley sobre la mesa para proteger a los tepesianos –tres en la Cámara de Representantes y dos en el Senado- ha tenido siquiera una audiencia. En ese sentido, Frank Sharry, director ejecutivo de “America’s Voice”, manifestó en un comunicado que el fallo pone “un alto temporal a la crueldad y al cinismo de este aspecto de la agenda de deportación masiva de Trump, Stephen Miller, Jeff Sessions y Kirstjen Nielsen”. Sharry puso en duda que en el marco de la prolongada batalla legal por el TPS, el litigio obtenga una “decisión justa e imparcial” si llega hasta el Tribunal Supremo, por lo que “la única solución real está en el Congreso”. Sharry cifró sus esperanzas en que los demócratas recuperen al menos una de las dos cámaras del Congreos en los comicios del próximo 6 de noviembre para lograr una solución permanente para los “tepesianos”. El legislador republicano por Colorado, Mike Coffman, instó a sus colegas en el Congreso que deseen proteger a las familias amparadas al TPS a que “trabajen por una solución legislativa que provea una vía hacia la residencia permanente”. Coffan señaló que representa un distrito con alta concentración de salvadoreños, que llevan casi dos décadas criando hijos y nietos, o aportando a la economía mediante la compra de casas y el establecimiento de pequeños negocios. “Han formado parte del tejido de nuestra comunidad y no deberían ser obligados a abandonar” el país, puntualizó Coffman, copatrocinador de dos de los proyectos de ley pendientes. Coffman sigue esperando respuesta a una carta que envió el pasado 26 de septiembre a Nielsen en la que solicitó una reunión para discutir una posible extensión del TPS.

7 CAMBIOS EN USCIS USCIS está pidiendo a los inmigrantes mantenerse informados sobre los ajustes migratorios que se han realizado durante este régimen republicano. Aunque la orden ejecutiva del presidente Donald Trump “Compra americano, contrata a estadunidenses” se firmó en 2017, la mayoría de los cambios de fondo en el sistema migratorio están comenzando este año. De este modo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha hecho ajustes a varios de sus programas, sin necesidad de reformas en el Congreso, a fin de aplicar la política del antiinmigrante mandatario. La firma de abogados Ogletree Deakins hace un análisis para lexology.com de los cambios y sus impactos.

1. Las notificaciones de deportación La oficina informó que las Notificaciones de Comparecencia (NTA, en inglés) a cualquier persona que, después de que se rechace una solicitud migratoria, no se considera legalmente presente en los Estados Unidos, por lo que se iniciará su proceso de deportación y exige que el ciudadano extranjero comparezca ante un juez de inmigración. El cambio.- Antes de esta decisión, USCIS otorgaba a un extranjero a quien se le niega un beneficio de inmigración la oportunidad de salir de los Estados Unidos por su cuenta antes de llevarlo a un procedimiento de deportación. Su impacto.- Una vez implementada, la nueva práctica pone a los extranjeros en una situación sin salida, ya que si permanecen en EU para asistir a sus audiencias corren el riesgo de acumular presencia como indocumentados, debido a que muchos tribunales de inmigración están programando audiencias hasta 2019. El castigo por quedarse puede generar sanciones de 3 a 10 años antes de que puedan volver. Lo peor es que si deciden abandonar la nación antes de sus audiencias, estarán sujetos a un castigo de 5 años de reingreso por no comparecer ante un juez.

2. Sin segundas oportunidades USCIS anunció que otorgaba a los oficiales la autoridad para negar peticiones y solicitudes que se encuentran incompletas o que carecen de evidencia suficiente, sin necesidad de emitir una solicitud de pruebas (RFE) o un aviso de intención de denegación (NOID). El cambio.- La política entró en vigencia el 11 de septiembre de 2018. Su impacto.- El Ombudsman de USCIS afirma que la nueva política no pretende castigar a quienes cometen errores inocentes, sino más bien desalentar el uso de registros de solicitudes presentadas intencionalmente a pesar de estar incompletas. Los adjudicadores aún tienen la discreción de emitir un RFE, pero lo harán sólo si determinan que el declarante hizo un esfuerzo de buena fe para cumplir con los requisitos. La discrecionalidad absoluta es lo que preocupa.

3. Nuevos indocumentados La autoridad implementó su nueva política de presencia ilegal para castigar la acumulación de “presencia ilegal” de estudiantes internacionales (F-1), visitantes de intercambio (J-1), estudiantes vocacionales (M-1) y sus dependientes. Un titular de ese tipo de visas será considerado “indocumentado” el día posterior a la violación de su estado, incluso si no es consciente de esa falta. El cambio.- Un estudiante puede violar los términos de su estado sin acumular presencia como indocumentado, pero ahora, un estudiante que infringe inadvertidamente su estado puede no darse cuenta de que ha estado acumulando involuntariamente esa presencia como “indocumentado” hasta solicitar un beneficio de inmigración con USCIS. El impacto.- La presencia como indocumentados es una preocupación seria porque puede evitar la reinserción en los Estados Unidos, ya que esas personas están sujetas a un período de tres años de reingreso. Si alguien sumó más de un año de estancia sin permiso la sanción podría ser de 10 años para volver.

4. Condicionantes de trabajo USCIS publicó una guía permitirá que los estudiantes F-1 que trabajan bajo la extensión de entrenamiento práctico opcional (OPT) en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática (STEM) se coloquen en sitios de trabajo de terceros, siempre y cuando el empleador pueda demostrar que tiene una relación de trabajo de buena fe con el estudiante y cumple con todas las demás obligaciones de capacitación. El cambio.- La autoridad busca que un estudiante pueda trabajar en cualquier lugar, que no sea el lugar de trabajo de su empleador. El impacto.- Los empleadores que puedan demostrar que mantienen una relación de trabajo de buena fe con sus empleados estudiantes los podrán colocar en otras oficinas, pero la autoridad migratoria revisará caso por caso.

5. Adiós a los procesos “premium” USCIS anunció la extensión de la suspensión de procesamiento de procesos acelerados para todos los casos de H-1B hasta el 19 de febrero de 2019, y amplió la suspensión para incluir la mayoría de los tipos de peticiones H-1B. El cambio.- Esto impacta a los empleadores que buscan acelerar la contratación de un empleado. El impacto.- La suspensión del procesamiento afecta a visas H-1B.

6. ¿Nuevas tarifas? Aunque se informó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aumentará las tarifas de sus servicios, la dependencia indicó que eso no tiene fecha, pero anunció un incremento en la visa “premium”, la cual aplica a varias visas, a excepción de la H-1B.

7.Castigo por “carga pública” El 22 de septiembre, el DHS dio a conocer el documento de más de 400 páginas donde expone su plan para limitar beneficios migratorios a extranjeros que puedan considerarse una “carga pública” para el gobierno. El cambio.- La propuesta debe pasar un periodo de comentarios públicos, pero buscará evaluar a cada inmigrante que solicite una “green card”, por ejemplo, para determinar si puede ser una “carga” para el gobierno. El impacto.- Activistas acusan que esta medida es un castigo a la pobreza, debido a que muchas de esas ayudas son para madres solteras o familias que buscan asegurar la sana alimentación y atención médica de sus hijos, por ejemplo.