Con sus restricciones antiinmigrantes  

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- La prohibición migratoria de 60 días del presidente Donald Trump tiene un amplio impacto en peticiones, lo que causará retrasos en la mayoría de los casos, advierten abogados.

Aunque la Proclamación del 22 de abril se enfoca a evitar la emisión de «green cards» desde el extranjero, también hay un impacto para quienes viven en los Estados Unidos y buscan solicitar a sus familiares en medio de la pandemia por coronavirus.

Un inmigrante, estadunidense naturalizado, preguntó al abogado Allan Wernick, director del programa Citizenship Now!, sobre la pertinencia de comenzar una solicitud de Residencia Permanente para sus padres.

El experto le indicó que hay dos diferencias considerando la regla del presidente Trump:

1. Si el familiar vive fuera

Los padres y hermanos de los inmigrantes no serán atendidos en consulados para procesos de «green card».

Ahora bien, si la persona que los patrocina vive en los EU puede enviar la solicitud correspondiente a través de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) usando el Formulario I-130.

2. Si el familiar vive en EU

Todas las personas que patrocinan a sus familiares pueden inciar el proceso ante USCIS, aunque la respuesta podría ser más tardada de lo usual, debido a la crisis por coronavirus, ya que la autoridad requiere obtener los datos biométricos y programar entrevistas en persona.

Cabe recordar que las oficinas de esa agencia migratoria reabrirán el 4 de junio para procesos persona a persona, aunque hay peticiones que pueden hacerse vía internet.

Se estima que la prohibición migratoria reducirá en un 30% los procesos migratorios en dos meses.

AVANZA

TRUMP

El presidente Donald Trump avanza con su agenda migratoria desde distintos frentes, pero uno de los más preocupantes es la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), uno de los últimos recursos de extranjeros para lograr alguna protección.

Un análisis del portal Law360 señala que la Administración Trump está colocando a jueces con altas tasas de denegación de asilo y personas con antecedentes legales aplicación de las normas migratorias, politizando la Junta.

Con base en documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información se revela que hay una aceleración en el proceso de contratación y amplía los poderes al director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia, James McHenry, y al fiscal general, William Barr.

El reporte de la experta Suzanne Monyak recuerda que, a diferencia de los tribunales federales y de apelaciones, el BIA es una junta administrativa que depende del DOJ, específicamente de la EOIR.

Esto abre las posibilidades de tomar decisiones clave en protecciones migratorias y la deportación.

«Es la agencia más importante que establece la jurisprudencia de inmigración en el país, y cuando se politiza eso, obviamente se está politizando la jurisprudencia de inmigración», advirtió Muzaffar Chishti, jefe de la oficina no partidista del Instituto de Políticas de Migración de Nueva York.

Sobre sus cambios, la EOIR dijo que eran «de sentido común», además de descartar que se esté politizando.

Sin embargo, el reporte agrega que desde agosto, la Administración Trump ha instalado a nueve de los 19 miembros permanentes actuales del BIA.

«La mayoría… tiene tasas de denegación de asilo superiores al 80% y antecedentes en la aplicación de la ley o el ejército», apunta el informe.

Según los datos recopilados por el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, la tasa promedio de denegación de asilo entre esos ocho jueces fue de poco más del 92%.

Chishti advirtió que la Administración Trump permite que la oficina implemente cambios ideológicos en las políticas y procedimientos de la corte.

«Los defensores han señalado las recientes decisiones de BIA que parecen estar en línea con los objetivos declarados por la Administración Trump de restringir la inmigración», señala el informe.

La reorientación de la BIA se suma a las críticas contra el DOJ sobre presión a jueces migratorios para acelerar casos.

NIÑOS

CONTAGIADOS

68 menores que entraron a Estados Unidos sin un acompañante adulto y están bajo la custodia de autoridades federales han dado positivo por COVID-19, según informó la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

La ORR indicó en un comunicado que hasta el pasado 7 de mayo ha contabilizado 68 casos de menores con COVID-19, según han determinado las pruebas de laboratorio, de los que 43 se encontraban en Illinois, 11 en Nueva York, 8 en Texas y 6 en Pensilvania.

Del total de contagiados, 63 se han recuperado y ya están fuera de la cuarentena. Además, 14 de ellos ya han sido reunificados con tutores, que pueden ser sus padres, un representante legal, un pariente adulto, una persona elegida por sus progenitores o una organización afiliada a la ORR.

«Actualmente, un total de cinco menores no acompañados han dado positivo de COVID-19 y están en aislamiento médico», puntualiza la nota, que agrega que ninguno ha requerido de hospitalización.

Junto a esos menores, también han resultado infectados de coronavirus un total de 136 miembros del personal vinculado a la ORR en 12 de los 50 estados del país.

La agencia gubernamental afirmó que tiene bajo su «cuidado y custodia» a unos 1,600 inmigrantes menores de edad.

A raíz de la pandemia, esta institución ha paralizado el reasentamiento de menores en refugios en los estados de California, Nueva York y Washington, estos dos últimos entre los más golpeados por la COVID-19 en el país.

La ORR destacó que sigue las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para atender a los niños y adolescentes bajo su cuidado.

Según esas disposiciones, un menor con síntomas de COVID-19 será aislado y examinado por una autoridad local o un proveedor de salud, en tanto que los asintomáticos que se hayan visto expuestos al coronavirus serán sometidos cuarentena durante 14 días.

La situación de los inmigrantes menores de edad ha sido motivo de preocupación constante para los defensores de derechos en EU, que han advertido de que bajo la política de la Administración de Donald Trump se ha incrementado la separación de familias y, en algunos casos, los niños han sido expuestos a condiciones insalubres.

ALERTA A

VIAJEROS

Autoridades de inmigración de Estados Unidos recordaron que la restricción temporal de viajes no esenciales debido al coronavirus continúa vigente por lo que las personas que planean cruzar la frontera deberán cumplir con ciertos requisitos para poder hacerlo.

El ingreso al país por las garitas fronterizas con México es prácticamente permitido a todo aquel ciudadano estadunidense o residente permanente que presente sus documentos de identidad y también para ciertos extranjeros que validen que el motivo de su viaje es esencial por cuestiones de comercio, trabajo o salud.

El tiempo de espera para cruzar la frontera, que hasta antes de la pandemia solía ser de dos a tres horas en un domingo cualquiera, se ha reducido a un promedio de 15 minutos, al menos como se constató por la garita de Tijuana-San Ysidro.

El viajero no tendrá ese inconveniente, sin embargo los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) están siendo más cautelosos, con revisiones exhaustivas e interrogatorios más prolongados de lo normal, muchos enfocados en detectar contrabando y otros para verificar los motivos del viaje o simplemente para matar el aburrimiento ante la poca afluencia de personas y vehículos que registran las garitas.

Desde mediados de marzo, cuando entraron en vigor las restricciones por el coronavirus, el flujo de personas y vehículos se ha reducido en casi un 80%.

Cabe recordar que la iniciativa «Que nadie entre», es el nuevo decreto que planea Trump para suspender más visas

FRONTERA

PARALIZADA

El coronavirus ha paralizado práctivamente la frontera México-EU: Bajóun 78% el cruce de vehículos y peatones, informaron las autoridades de ambos países.

Los esenciales

Estas son las razones permitidas para cruzar la frontera durante la crisis del coronavirus:

Ciudadanos estadunidenses y residentes permanentes que regresan al país.

Personas que viajan por razones médicas.

Para asistir a instituciones educativas.

Para trabajar.

Funcionarios del gobierno que viajan por asuntos de salud pública.

Miembros de cuerpos de emergencias o departamentos de salud para apoyar las medidas de combate al coronavirus.

Personas involucradas en el comercio transfronterizo, como choferes de camiones de carga.

Representantes de comitivas de funcionarios de gobierno o diplomáticos.

Miembros de las Fuerzas Armadas.

Esposas e hijos de miembros de las Fuerzas Armadas que regresan al país.

Involucrados en operaciones militares o viajes relacionados con las Fuerzas Armadas.

NOCHE DE

TERROR

Una familia de inmigrantes hondureños pasaron una noche de terror en un suburbio de Chicago al ser despertados por la Policía local y agencias de inmigración que les detuvieron, tomaron huellas y transportaron a un centro de detención, denunciaron activistas y abogados.

Los inmigrantes detenidos fueron identificados como José Frank Guzmán Hernández, de 32 años; Elvin O. Guzmán Hernández, de 34; Dagoberto Guzmán Hernández, de 25, y Edy Ramos Ramos, de 22 años de edad.

El abogado Christopher Bergin, del Westside Justice Center, quien representa a los detenidos, y otros líderes hispanos, protestaron los sucesos.

Bergin dijo a la prensa que se interpuso un amparo contra la deportación de los cuatro hondureños para que permanezcan en el país, donde están sus familias.

El incidente ocurrió cuando policías del suburbio de Schaumburg acudieron a la casa de los detenidos. De inmediato se llevaron a dos de los inmigrantes, a quienes acusaron de robo.

La familia, dijeron Bergin y Julie Contreras, de la iglesia Metodista Unida Lincoln, alegó que era imposible porque ellos habían estado en casa.

Después de 36 horas en la cárcel local, los dos fueron entregados a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), quienes los transportaron a un centro de detención.

Pero ahí no terminó la pesadilla, pues cerca de veinte agentes de inmigración regresaron a la casa, según Contreras. Allí los agentes, algunos sin cubrebocas, procedieron a fotografiar y a tomarles huellas a los adultos en ese hogar. Uno de los agentes, dijo Contreras, dejó los guantes en el interior de la casa, poniendo en riesgo de coronavirus a dicho grupo de hispanos.

Acto seguido, los agentes se llevaron a otros dos hombres de esta extendida familia a un centro de detención, en donde se encuentran hasta el momento.

Bastante alarmada, la activista dijo que en tiempos de pandemia hasta llevar a los inmigrantes a un centro de detención puede significar sus vidas.

«Los niños estadunidenses en cuarentena están sujetos a la posibilidad de contaminación con COVID-19 por agentes federales estadunidenses», dijo Contreras, «Y sus padres, que solo son culpables de venir aquí para proteger a sus familias».

Dijo que su iglesia reza por el bienestar de los detenidos en un acto que ella declaro es inaceptable bajo la contingencia de la pandemia.

«Oramos por estos padres que han sido colocados dentro de una trampa de muerte en la prisión o que serán deportados a una sentencia de muerte al ser regresados a las calles violentas de su país, Honduras», expuso.

Un miembro de esta familia lamentó los hechos y declaró que la experiencia los dejó marcados.

«Estábamos asustados con policías por toda la casa», afirmo Yuri Carias, quien padece diabetes. «Somos una familia pacífica en cuarentena y tratando de mantenernos seguros, y ahora extraños llegaron a nuestro hogar con nuestros niños llorando y algunos de los policías no usando ni mascarillas ni guantes tocando cosas en la casa».