La criticada soberanía energética que persigue el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador requiere de cambios profundos tanto en el sector eléctrico, como en el de hidrocarburos, que le permitan reposicionar a las empresas productivas del Estado como centro de la estrategia. De ahí que esta semana se completó una de las metas con la aprobación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos. Una reforma que tiene como finalidad darle mayores facultades al gobierno para regular el mercado de combustibles, y de paso poner orden a los permisionarios de actividades de importación, muchos de los cuales han abusado de su posición para participar en actividades de contrabando.
Sin embargo, empresarios de distintos eslabones de la cadena de petrolíferos tienen listas sus solicitudes de amparos para ser presentadas en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación, con lo que correrá el mismo destino que la reforma eléctrica. Expertos esperan que sea detenida, pese a que se logró relajar el artículo 59 Bis, al que se le acusaba de ser expropiatorio. Sin embargo, el cabo suelto que dará motivo a la disputa legal será el del almacenamiento mínimo que requerirá la Secretaría de Energía para otorgar los permisos de comercialización.
De manera paralela, la controversia constitucional que interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a la reforma eléctrica pinta para ser admitida y otorgada, sobre todo por el antecedente sentado por la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional en febrero pasado. A esto hay que sumarle que en los siguientes días se turnará al Senado la reforma complementaria al artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos para eliminar la regulación asimétrica a Pemex, y que comentamos el miércoles, misma que ya generó las primeras ‘ronchas’ en amplia parte del sector, comenzando con la Cofece, quien aseguró que aún no es momento de retirarla, y amagó a Pemex con vigilarla y multarla. En este contexto, y de conseguir su objetivo, una parte del sector privado logrará detener momentáneamente la soberanía energética que persigue el gobierno, quien a su vez, ha tenido el error de querer construirlo sobre el andamiaje legal que heredó el peñismo.
Detener las reformas eléctrica y de hidrocarburos pone en jaque al proyecto obradorista de nación, por lo que el gobierno no tendría más alternativa que cambiar de tablero con una reforma a la Constitución. Al respecto, el Presidente ha dicho en sus conferencias mañaneras que si persisten los concesionarios de Pemex en interponer sus demandas, el Gobierno tendrá que proponer enmiendas a la Constitucion con el fin de sacar adelante dicha Ley de Hidrocarburos y asi terminar con viejas practicas que se llevaban a cabo anteriormente y que son actividades que están fuera de la ley.
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