Buenos Aires, Arg.- (Notimex) La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, enfrentará por lo menos tres juicios orales y públicos el próximo año de manera simultánea a una posible campaña presidencial con miras a las elecciones de octubre de 2019. En el primer juicio, que comenzará el 26 de febrero, la exmandataría está imputada como jefa de una asociación ilícita que diseñó el otorgamiento de millonarios contratos de obras públicas a cambio de sobornos. Según la acusación, Fernández de Kirchner direccionó obras viales en favor de Lázaro Báez, un empresario que fue amigo personal del fallecido expresidente Néstor Kirchner y que se enriqueció bajo su mandato y el de su esposa y sucesora. En total, Austral Construcciones, la empresa de Báez, quien se encuentra actualmente en prisión, fue beneficiada con 52 contratos de obras viales en la patagónica provincia de Santa Cruz por un monto de 46 mil millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). El juez Julián Ercolini, quien investigó este caso y solicitó su elevación a juicio oral y público, sospecha que parte de los millonarios fondos públicos que recibió Báez regresaron a manos de los Kirchner en forma de sobornos. Además de esta causa, ya hay otras dos en contra de Fernández de Kirchner que llegarán a juicio el próximo año, aunque todavía no tienen fecha de inicio. Una se refiere al delito de perjuicio a la administración pública por tres mil 500 millones de dólares que se le imputa a la expresidenta por haber autorizado en su último año de gobierno la venta anticipada de divisas que después fueron vendidas a un precio mucho mayor. En otra investigación que la sentará en el banquillo de los acusados, se le acusa de haber pactado con Irán la impunidad de ciudadanos de ese país acusados del ataque terrorista más grave sufrido en Argentina, ocurrido en 1994. A estos tres juicios se le podrían sumar por lo menos otros dos en los que ya está procesada por causas bautizadas como “Hotesur” y “Los Sauces”, nombres de empresas inmobiliarias y hoteleras de la familia Kirchner. En ambos casos, se le acusa a la presidenta de haber encabezado una asociación ilícita para otorgar contratos de obras públicas a empresarios amigos a cambio de sobornos que eran “lavados” a través de operaciones hoteleras. Además, en estas investigaciones también ya fueron procesados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, aunque por ahora sólo esta última puede ir a prisión. Fernández de Kirchner y su hijo mayor están protegidos por sus fueros parlamentarios como senadora y diputado, respectivamente, por lo que, aunque fueran condenados, primero tendrían que enfrentar un proceso de desafuero antes de ser detenidos. La expresidenta ya ha denunciado que estas y el resto de las causas judiciales en su contra forman parte de una persecución política que busca proscribirla como candidata presidencial en 2019, tal y como ocurrió este año con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.