Sólo en julio, llegaron casi 20 mil niños solos 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ampliaron una medida sanitaria que permite expulsar a los migrantes que cruzan la frontera de forma indocumentada debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19.

El llamado Título 42 autoriza la expulsión por razones de salud pública de los indocumentados que recién ingresaron al país.

En un comunicado, los CDC indicaron que “independientemente de su país de origen, la migración a través de Canadá y México hacia Estados Unidos crea un grave peligro de introducción de la COVID-19 en el país”, por lo que “es necesaria una suspensión temporal para proteger la salud pública”.

La ampliación de esta medida se da desde este 2 de agosto y permanecerá en vigor hasta que la directora de los CDC, Rochelle Paula Walensky, determine que el peligro de una mayor introducción de la COVID-19 a Estados Unidos por parte de extranjeros indocumentados haya dejado de ser un peligro grave para la salud pública, aclaró en un comunicado la institución. Los menores inmigrantes que crucen la frontera solos no serán cobijados por la medida.

El anuncio se da el mismo día en que la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el Centro para Estudios de Género y Refugiados y otros grupos presentaron una demanda contra el Gobierno del presidente Joe Biden para que deje de aplicar la medida.

La querella contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, presentada en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, argumenta que el Título 42 “viola los estatutos de larga data sobre inmigración que requieren que quienes solicitan asilo tengan un proceso completo y justo que determine su derecho a tener la protección de Estados Unidos”, señalaron los grupos en un comunicado.

El Gobierno del presidente Donald Trump implementó la medida en marzo de 2020 cuando comenzó la pandemia de coronavirus.

En lo que va del año fiscal 2021, que comenzó en octubre pasado, más de 750,000 inmigrantes han sido expulsados bajo el Título 42. En junio pasado, 103,014 extranjeros que ingresaron por la frontera sur fueron regresados a México debido a esta norma.

SUFRIMIENTO 

DE MENORES 

La llegada de niños solos a la frontera se ha incrementado en los últimos meses, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para reducir el envío de menores. En julio se reportó el arribo de al menos 19,000.

El mayor salto de llegada de niños no acompañados ocurrió de febrero a marzo del 2021, cuando pasó de 9,266 a 18,723. Es decir, un incremento del 100 por ciento.

Aunque las cifras bajaron ligeramente, no alcanzaron los mínimos de inicios del año en curso y, mucho menos, el principio del año fiscal 2021, que comenzó en octubre, cuando llegaron 4,690 niños sin sus familiares.

También la cifra de llegada de familias completas se mantiene alta con más de 80,000, pero un número menor a las 88,000 de junio, según cifras preliminares proporcionadas a The Associated Press por David Shahoulian, subsecretario de política fronteriza e inmigratoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A pesar de recibir a los menores migrantes, la Administración Biden está bajo escrutinio por la forma en que atiende a los niños, ya que a inicios de julio empleados federales presentaron una denuncia ante el Congreso por irregularidades en un centro de refugio, donde los menores no tenían la atención correcta, debido a la falta de capacitación del personal.

El principal problema es que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que está bajo el mando del secretario Xavier Becerra, habría mantenido un contrato con Sevpro para atender a los niños, pero se trata de una empresa que se especializa en la limpieza después de desastres causados por agua, incendios y tormentas.

Además de carecer de capacitación para cuidar a niños, el personal no tenía conocimiento del idioma español, la principal lengua de los menores, la mayoría originarios de Centroamérca.

Los hechos habrían ocurrido en Fort Bliss, Texas, en mayo, a donde habrían llegado al menos 800 niños, aunque el espacio tiene capacidad para más de 5,000 menores, reporta el Proyecto de Responsabilidad del Gobierno.

Aunque la Administración Biden mantiene una política de atención a los niños ha acelerado los procesos de deportación para las familias completas, además de extender la aplicación del Título 42 para la expulsión de prácticamente cualquier inmigrante ante la pandemia de COVID-19.

Grupos de activistas han criticado las nuevas medidas del gobierno demócrata, al considerar que amplían acciones de la administración del expresidente Donald Trump.

GRAN 

DECEPCION 

La campaña #WelcomeWithDignity, que se integra por una coalición de organizaciones, consideró como una gran decepción la extensión de la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que bloquea la entrada de personas que buscan asilo.

Afirman que los expertos en salud pública y los defensores de asilo han argumentado que EU puede recibir con seguridad a las personas que buscan asilo sin aplicar el Título 42.

“Las expulsiones a través del Título 42 no son defendibles desde una perspectiva de salud pública”, dijo Michele Heisler, MD, MPA, directora médica de Physicians for Human Rights (PHR) y profesora en la Universidad de Michigan.

Agregó que esta semana se publicó una investigación que concluye que la política de deportación fronteriza está provocando separaciones familiares y graves impactos en la salud mental de los solicitantes de asilo.

“Sabemos lo que funciona para frenar el COVID-19: vacunas, enmascaramiento y distanciamiento social”, indicó. “Una prohibición xenófoba y selectiva de personas y familias que huyen del daño solo socava la credibilidad de los CDC”.

Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, consideró que las comunidades fronterizas tienen suficientes recursos para aplicar los protocolos contra COVID-19.

Paola Luisi, directora de Families Belong Together, consideró que el Título 42 pone en peligro a las personas.

“Cada día que el Título 42 permanece vigente es un día en el que los niños y las familias corren peligro”, expuso. “Siempre ha sido una oscura ley de salud pública que la administración (de Donald) Trump utilizó como arma para promover sus políticas de inmigración crueles, xenófobas e inhumanas”.

DEMANDA 

A BIDEN 

Las organizaciones en defensa de inmigrantes han pedido al gobierno del presidente Joe Biden terminar con el llamado Título 42, el cual permite la expulsión expedita de inmigrantes bajo el argumento de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

A esos reclamos se suma una demanda que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) está reviviendo en una corte federal en Washington, D.C., confirmó The Hill.

“Le dimos a la Administración Biden tiempo más que suficiente para solucionar cualquier problema dejado por la Administración Trump, pero no nos ha dejado otra opción que volver a la corte”, dijo en un comunicado el abogado de la ACLU, Lee Gelernt. “Las vidas de las familias están en juego”.

Cuando inició la pandemia de COVID-19, el expresidente Donald Trump implementó esa regla del Código de los Estados Unidos, la cual permite al director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) prohibir la entrada de extranjeros al país por cuestiones de salud.

De este modo se permite que cualquier funcionario de aduanas, que incluye a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aplicar la medida, es decir, detener a los inmigrantes y procesarlos para su expulsión inmediata.

La orden aplica desde el 20 de marzo del 2020 y su discrecionalidad permitió al gobierno de la Administración Biden aceptar a los niños migrantes cuya llegada aumentó en la frontera a inicios de año, pero mantuvo la medida para adultos y familias.

Hasta junio pasado, CBP reportó que ha detenido y expulsado a más de 800,185 inmigrantes bajo el Título 42.

La orden aplica tanto en la frontera con México como con Canadá, aunque en la primera es donde se concentra la mayor parte de las acciones de la ley.

CULPAN A 

MIGRANTES 

Texas es el segundo estado con más casos de coronavirus en las últimas semanas por encima de 3,500 nuevos contagios diarios, pero el gobernador republicano Greg Abbott quiere hallar culpables y encontró en inmigrantes su objetivo.

La variante Delta de COVID-19 tiene en jaque a varios estados del sur y centro de los Estados Unidos, principalmente porque son las entidades que tienen menor porcentaje de vacunación, debido a la desinformación.

Sin embargo, en medio de su agenda contra inmigrantes, Abbott los acusa de contribuir a los contagios significativamente, en una forma de justificar sus acciones para detenerlos e intentar prohibir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) su traslado.

El miércoles pasado, por ejemplo, Texas reportó más de 10,000 nuevos casos de Covid-19, el número más alto en ´24 horas desde el 9 de febrero y ese mismo día, el gobernador Abbott firmó una nueva orden ejecutiva que, afirmó, ayudaría a contrarrestar el aumento.

No, no se trató de una estrategia de cómo aumentar la vacunación o mejorar la información, sino de ¡contra los inmigrantes!

Su orden restringe el “transporte terrestre de migrantes que presentan un riesgo de llevar COVID-19 a las comunidades de Texas”.

Abbot autoriza a la Policía de Texas a “detener cualquier vehículo bajo sospecha razonable” de violar la orden ejecutiva.

Aunque el gobernador republicano, un fiel seguidor del expresidente Donald Trump y su agenda contra inmigrantes, no demuestra cómo un hecho está enlazado con el otro, pero lanza sus teorías.

“El dramático aumento en los cruces fronterizos ilegales también ha llevado a un aumento dramático en los casos de COVID-19 entre los migrantes ilegales que han llegado a nuestro estado”, afirma Abbott sin cifras que sustenten sus dichos. “Debemos hacer más para proteger a los texanos de este virus y reducir la carga en nuestras comunidades”.

Resulta contradictorio que mientras Abbott pretende estar preocupado por los casos de COVID-19 en su estado recientemente haya emitido otra orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de vacunación y el uso de mascarilla en las agencias y empresas que reciben fondos del estado.