*A pesar de estar casados con ciudadano de EU Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Decenas de casos reportados a nivel local por abogados y personas afectadas advierten que la agencia federal migratoria ICE aceleró hace varios meses la persecución y arresto de inmigrantes indocumentados que han tenido problemas con el Servicio de Inmigración. Estas masivas capturas – alertan- se están llevando a cabo contra individuos sin documentos pero que tengan una orden de deportación a pesar de haber recibido por Inmigración la aprobación de su “perdón” y estar casados con ciudadanos estadunideneses. Según abogados en la materia, decenas de este tipo de casos se han registrado durante los últimos meses con clientes que han tenido su entrevista en Ciudad Juárez o aquí en Dallas. “Esta práctica de persecución la hemos notado principalmente contra indocumentados a los que se les dictó una orden de deportación sin importar que hayan contraído matrimonio incluso desde hace años con un ciudadano de esta nación”, acusaron. “Ahora queremos enviar un mensaje de advertencia de que los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadunidenses y quienes tenga una orden de deportación ya no están a salvo, a pesar de la vigencia del amparo migratorio 601-A instaurado por el presidente Barack Obama en 2013”, advirtieron. Este amparo es conocido como el “Perdón 601 A” que le permite a los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadunidense la posibilidad de salir del país sin el riesgo de que les aplique la denominada “Ley del Castigo”, asistir a una cita en el consulado estadunidense en su país de origen, recibir una visa de inmigrante y así regresar a los Estados Unidos para aplicar por su residencia legal o “Green Card”. Sin embargo las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump parecen no dar ningún respiro a aquellos que hayan estado en el país de forma ilegal.

TE HABLA LA “MIGRA” Uno de los casos más sonados es el de la detención de la inmigrante guatemalteca Lilian Calderón, ocurrida el 30 de enero en Rhode Island. Su esposo Luis Gordillo, un ciudadano estadunidense, introdujo una solicitud I-130 a nombre de la inmigrante guatemalteca bajo el amparo de “Perdón 601 A”, el cual incluye no solo a cónyuges sino a hijos y padres de ciudadanos estadunidenses. La mujer con un record criminal limpio y sin ningún tipo de condena obtuvo una orden de deportación final. Este sucedió luego de la entrevista que sostuvo con funcionarios de Inmigración para tramitar su “Green Card”. Estos oficiales le dijeron que creían que su matrimonio con el ciudadano estadunidense era genuino, por lo que su solicitud de “green card” era autorizada. Sin embargo cuando la pareja estaba a punto de irse, los oficiales les dijeron que agentes de “La Migra” querían hablar con ella brevemente. Luego fue esposada y llevada a un centro de custodia federal. Lilian Calderón forma parte de un grupo integrado por cerca de 1 millón de indocumentados que han recibido una orden de deportación final y que el gobierno de Trump puso en prioridad de deportación a partir del 20 de febrero de 2017. Un informe del Center for Immigration Studies reveló en marzo del año pasado que las órdenes de deportación final no ejecutadas hasta marzo de 2017 eran 953,506, un aumento del 58% desde 2002. Por su parte Joanne Talbot, vocera de USCIS, manifestó que “ICE puede trabajar con USCIS en ciertos casos que incluyen órdenes finales de deportación no ejecutadas, según se determine caso por caso”. Trámites como el de Calderón se suman a otros que han llevado a la presentación de una demanda colectiva por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (UALC), la cual acusó al gobierno de realizar indebidamente detenciones de personas durante sus entrevistas cuando asisten a su cita para obtener su Residencia Legal Permanente o “Green Card”.

TPS: ESPERANZA HONDUREÑA La próxima semana se espera que las autoridades migratorias anuncien si los casi 60,000 hondureños que radican en el país recibirán otra extensión del TPS o se cancelará el programa Iris Acosta a veces se despierta en medio de la noche con una pesadilla. “Sueño que estoy en Honduras y me pongo a llorar”, confiesa. “No se por qué la gente es tan injusta, no nos dejan tranquilos ni aquí ni allá”. Su permiso de TPS, que el gobierno de Trump extendió el pasado año por apenas seis meses, se vence el 5 de julio. Es una fecha que se le viene encima, porque hasta ahora no se sabe si habrá una extensión. “Aquí donde trabajo me encanta como me tratan”, dice Iris, de 51 años de edad y más de 10 como doméstica en el Hotel W de Westwood. “Pero si se me acaba el permiso aquí no puedo quedarme”. Iris es una “tepesiana” de Honduras que vino a este país en 1992 y ha estado aquí legalmente bajo la protección del programa TPS o “Estatus de Protección Temporal”. La próxima semana, a más tardar el día 4 de mayo, el gobierno de Donald Trump anunciará si los tepesianos hondureños correrán el mismo destino de otros grupos, como haitianos, salvadoreños y nicaragüenses a quienes se suspendió el programa. Aún así, el gobierno les dio un último período de extensión y es ese tiempo extra con el que cuentan los activistas que trabajan en Washington y en todo el país en nombre de los beneficiarios de TPS de diversos países. “Idealmente, si cancelan el TPS para hondureños, siguiendo el patrón hasta ahora practicado por el gobierno de Donald Trump, sería con otra extensión de 18 meses”, dijo Alexandra Morales, directora de defensa del Centro para Recursos Centroamericanos (CARECEN) de Los Angeles. “No esperamos escuchar buenas noticias la semana que viene”, agregó Morales. “Pero si aprovechamos esta oportunidad para recordarle a los tepesianos que aunque les parezca que no tienen solución, hay mucha gente que sí tiene otras formas de quedarse en este país”. Desde que el gobierno de Trump comenzó a cancelar el programa TPS para diversos grupos, casi 300,000 personas alrededor de todo el país se enfrentan a perder eventualmente el estatus que han tenido durante años. Los nicaragüenses, salvadoreños, haitianos y sudaneses con TPS perderán la protección del programa, que proporcionó estatus legal y permisos de trabajo luego que sus países enfrentaron catástrofes de diversa índole. El caso de Honduras fue algo diferente, en vez de tomar una decisión, el año pasado el Departamento de Seguridad Nacional anunció que seguía considerando qué hacer con respecto a los casi 60,000 hondureños. En ese entonces, Honduras recibió 6 meses de extensión y la esperanza de que su futuro aún no estaba decidido. Martín Pineda, un activista con la Alianza Nacional por el TPS, dijo que la comunidad hondureña aún no ha perdido la esperanza, porque el presidente Trump mostró simpatías en el pasado por el gobierno de ese país, que pidió la extensión. “Estados Unidos le manda dinero a Honduras”, manifestó Pineda. No hace mucho, Honduras fue el único país de América Central que anunció su apoyo a la decisión de Trump de cambiar la embajada estadunidense de Tel Aviv a Jerusalem.

CARCEL A MARCHISTAS Pero hace poco que Trump amenazó con retirar las ayudas a Honduras luego que se supo de una caravana migrante que partió de ese país con más de 1500 personas que se dirigían hacia Estados Unidos para pedir asilo. La caravana empezó a llegar a Tijuana ayer martes y el gobierno de Trump está en alerta, anunciando que desde el lunes empezaría a enviar jueces y fiscales migratorios a la zona y amenazó que los que “entren ilegalmente” serán enviados a la cárcel sin contemplaciones. Sin embargo, personas como Iris simplemente toman las cosas como vienen, aunque les cause pesadillas. “Yo se que hay gente que está pensando irse, hay compatriotas míos que simplemente dejaron de renovar por temor y han vuelto a las sombras”, expresó Acosta. “A mí, que me vengan a buscar porque sabiendo lo que sé de la vida en Honduras, yo no me voy voluntariamente”.