En su primer día de gobierno  

Nota Novedades News  

Dallas, Tx.- Tal parece que el presidente electo Joe Biden cumplirá una de sus principales promesas de campaña y, el primer día de su gobierno, presentará un proyecto de reforma para la naturalización de cerca de 11 millones de indocumentados.

Así lo afirmó también Domingo García, presidente de LULAC y reconocido activista de Dallas, quien estuvo presente en la reunión celebrada con dirigentes hispanos  la semana pasada entre líderes hispanos y el presidente electo, lo cual confirmó la oficina de transición.

El proyecto fue anunciado en dicho evento con líderes hispanos y defensores de inmigrantes, quienes incluso se mostraron sorprendidos por la acción inmediata que buscaría el demócrata, reportó The Associated Press.

La desconfianza sobre el plan es porque en 2008 el presidente Barack Obama prometió una reforma, lo cual intentó hacer hasta el segundo mandato, cuando surgió DACA.

En esta ocasión, la necesidad de proteger a los indocumentados tiene un motivo especial, ya que en medio de la pandemia de coronavirus, al menos nueve millones realizan trabajos esenciales, incluidas labores agrícolas, suministro en la cadena de alimentos y reparto de comida.

“En estos tiempos únicos… ha destacado su trabajo crucial como trabajadores agrícolas que cosechan la comida de los estadunidenses; empleados que almacenan estantes de comestibles, y repartidores que llevan comida con seguridad a los hogares”, apunta un reporte del Centro para el Progreso Americano (CAP).

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, reconoció sentirse sorprendida, ya que el gobierno iría en dirección opuesta al gobierno presidente Donald Trump.

“Esto realmente representa un cambio histórico de la agenda antiinmigrante de Trump”, dijo.

Ron Klain, el jefe de gabinete de Biden, también confirmó que el presidente electo enviará un proyecto de ley de inmigración al Congreso “en su primer día en el cargo”.

Domingo García, presidente de LULAC, estuvo presente en la reunión de la semana pasada entre líderes hispanos y el presidente electo, lo cual confirmó la oficina de transición.

“(En) su primer día planea introducir una legislación de reforma migratoria y proteger a los beneficiarios de DACA”, indicó la campaña sin precisar sobre los indocumentados.

En 1986 fue la más reciente reforma migratoria que dio alivio a casi tres millones de indocumentados, impulsada por demócratas y firmada por el presidente republicano Ronald Reagan.

CONTRATACA  

TRUMP  

El gobierno del presidente Donald Trump firmó acuerdos con autoridades locales y estatales en lo que parece un esfuerzo para hacer más difícil a la Administración entrante de Joe Biden cumplir con su promesa de detener las deportaciones y flexibilizar las peticiones de asilo, informó el medio periodístico BuzzFeed.

Según documentos obtenidos por BuzzFeed, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmó acuerdos con los gobiernos de Arizona, Louisiana e Indiana y la Oficina del Sheriff del condado de Rockingham en Carolina del Norte, que requieren que el gobierno entregue un aviso de 180 días antes de promulgar una gran cantidad de cambios en la política de inmigración.

Este compromiso, conocido como Acuerdo de Primera Promulgación del Santuario para los Estadunidenses (SAFE), detendrá por al menos seis meses la implementación de las nuevas políticas del nuevo gobierno demócrata.

Este último esfuerzo revelado antes de que Biden tome posesión fue firmado por Ken Cuccinelli, el segundo al mando del DHS.

PROTESTA  

ACLU  

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) reaccionó de inmediato.

En una comunicado, Naureen Shah, asesora principal de defensa y políticas de la organización, dijo que “este es un intento transparente de los funcionarios de Trump para atar las manos de la Administración Biden-Harris y preservar la grotesca política de inmigración de Trump”.

“La Administración Biden tiene la autoridad, el mandato y la responsabilidad de romper con el legado de la Administración Trump, y nada sobre estos acuerdos informados cambia esa realidad”, agregó la abogada.

Por su parte Sarah Pierce, analista de políticas de Migration Policy Institute, dijo en un mensaje de Twitter que los acuerdos “ni siquiera pasan la prueba de la risa, y ciertamente no el escrutinio legal”.

En medio del escándalo que lo tiene a las puertas de un segundo juicio político, Trump realizó esta semana su última visita como presidente al muro a la frontera con México, y desde allí envió un mensaje a Biden, instándolo a mantener las políticas migratorias que su gobierno ha implantado.

611 HIJOS  

SEPARADOS  

Los abogados que tratan de reunir a cientos de familias separadas por la política de “cero tolerancia” del presidente Donald Trump en 2018 no han podido encontrar todavía a los padres de 611 niños que fueron apartados de sus progenitores.

En un documento judicial entregado a una corte federal de San Diego, que lleva el caso y ordenó la reunión familiar, los abogados establecieron que siguen sin poder comunicarse con los padres de 611 niños que fueron separados de sus familias por funcionarios fronterizos de Estados Unidos.

En octubre pasado una investigación presentada al tribunal conjuntamente por el Departamento de Justicia (DOJ) y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) encontró que más de 545 niños no habían podido ser reunificados con sus padres.

De este total no se había podido ubicar ni a los padres ni a los niños de 362 familias. En el caso de las otras 183 familias solo se pudo ubicar a los niños.

Unas semanas más tarde los mismos abogados extendieron el número probable de familias separadas de las que no se había podido hallar contactos a más de 660.

En el nuevo reporte establece que son 611, y de esta cifra se estableció que los padres de 392 familias fueron deportados.

El informe judicial también advierte que 201 de los progenitores de estos niños probablemente estén en Estados Unidos.

La Administración Trump no tiene información de contacto de al menos 18 niños, estableció el documento judicial presentado en la corte del juez federal Dana Sabraw, que lleva el caso desde 2018, cuando se presentó la demanda encabezada por ACLU.

VIL E  

INMORAL  

El dato se reveló casi simultáneamente de un informe del inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, que asegura que el gobierno Trump no tuvo en cuenta el impacto que tendría su política de “cero tolerancia” cuando separó de sus familiares a miles de niños migrantes.

“El enfoque decidido del Departamento de Justicia en aumentar los enjuiciamientos se produjo a expensas de una consideración cuidadosa y adecuada del impacto que el enjuiciamiento de los adultos de unidades familiares y las separaciones tendrían en los niños que viajaban con ellos y en la capacidad del gobierno para reunir a los niños más tarde con sus padres”, indicó el informe.

Jeff Sessions, era la cabeza del Departamento de Justicia en abril de 2018 cuando se estableció esta política, que fue suspendida semanas después tras recibir el Gobierno críticas tanto nacionales como internacionales por la crueldad de la medida.

ACLU dijo que el informe oficial conocido “muestra cómo los funcionarios de más alta jerarquía no impidieron que los niños fueran arrancados de sus familias”.

“La práctica bárbara de separar a las familias fue inmoral e ilegal. Este nuevo informe demuestra hasta qué punto el gobierno de Trump estuvo dispuesto a destruir a estas familias. Cuando uno cree que el saliente régimen republicano saliente no podría caer en algo más vil, lo hace”, sostuvo el abogado Lee Gelernt, de ACLU.

PAISES  

ELEGIBLES  

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció en el Registro Federal (Federal Register) la lista de países que son elegibles para las visas H-2A y H-2B para los próximos 12 meses.

El programa de visas H-2A permite a empleadores estadunidenses traer a extranjeros a los Estados Unidos para empleos agrícolas temporales.

El programa de visas H-2B permite traer a extranjeros para empleos temporales no relacionados con la agricultura.

Países elegibles para visas H-2A y H-2B en el 2021

A partir del 19 de enero del 2021, los países de Latinoamérica elegibles para participar en los programas de visas H-2A y H-2B son los siguientes:

Programa de visas H-2A  

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Programa de visas H-2B  

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.

España y Portugal también están en la lista y pueden participar en ambos programas.

Puede ver la lista completa de todos los países leyendo el anuncio en el Registro Federal.

Esta nueva lista no afecta el estatus de personas que actualmente tienen visas H-2A o H-2B.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sólo aprueba las peticiones de ciudadanos de los países que el Secretario del DHS considera elegibles para participar en el programa H-2A y H-2B. Existen excepciones.

Advertencia  

No todas las personas son elegibles para una visa H-2A o H-2B.

Empleadores y agentes estadounidenses y trabajadores extranjeros deben consultar con un abogado de inmigración que tenga licencia en Estados Unidos y experiencia antes de comenzar cualquier trámite migratorio.

Para más información y consejos de inmigración, visite mi sitio web Inmigración Hoy®.

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.