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Dallas, Tx.- La regulación promovida por el presidente Donald Trump conocida como “carga pública” entrará en vigor el 24 de febrero próximo excepto en el estado de Illinois donde un juez de distrito la mantiene bloqueada, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Bajo esta nueva norma, los inmigrantes que durante 12 meses o más, dentro de un período de 3 años, hayan recibido asistencia del gobierno, como estampillas o cupones para alimentos, subsidios de vivienda o servicios de salud del programa Medicaid; serán más propensos a ser considerados una “carga pública” y por lo cual le serían negados beneficios migratorios, como la residencia permanente o “green card”.

Los factores que se analizarán para designar a un inmigrante como inadmisible o determinar la probabilidad de que en el futuro se convierta en “carga pública” son edad, salud, ingresos, educación y habilidades, indicó USCIS.

El inmigrante que busque extender su estadía en el país o hacer un ajuste de estatus migratorio deberá comprobar que no han recibido beneficios públicos por tiempo prolongado o durante más de doce meses.

“La autosuficiencia es un valor central de Estados Unidos y ha sido parte de la ley de inmigración durante siglos. El presidente Trump ha pedido que se aplique la ley de inmigración y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración está cumpliendo con esta promesa al pueblo estadunidense”, declaró Ken Cuccinelli, director de la agencia.

“Exigiendo a quienes buscan venir o quedarse en Estados Unidos de que confíen en sus propios recursos, familias y comunidades, fomentaremos la autosuficiencia, promoveremos el éxito de los inmigrantes y protegeremos a los contribuyentes estadunidenses”, agregó.

Durante la semana que inicia el 3 de febrero USCIS publicará en su sitio de internet los formularios actualizados, las instrucciones de envío de solicitudes y un manual de orientación para ofrecer al interesado tiempo suficiente de revisar el nuevo procedimiento y actualizar sus peticiones.

Después del 24 de febrero serán rechazados los formularios anteriores que tengan fecha de envío posterior a ese día y se tendrá que volver a hacer el trámite.

En las próximas semanas USCIS planea llevar a cabo reuniones con abogados de inmigración, representantes de la comunidad y organizaciones para abordar el tema.

JAULAS

CON NIÑOS

“Los participantes del caucus de Iowa se despertaron con más de una docena de niños en jaulas por toda la ciudad de Des Moines“. Con ese mensaje Raíces, organización en defensa de los derechos migrantes, anunció su intervención en la ciudad en la que arranca el periodo electoral de este 2020 con las primeras votaciones para elegir al candidato demócrata que se enfrentará a Donald Trump.

Raíces aprovecha esta fecha clave en Estados Unidos para recordar a los votantes del estado de Iowa y de todo el país que, pese a que la atención mediática está ahora en otra parte, en la frontera se siguen separando a niños de sus familia y encerrando a los menores en jaulas, una dinámica criticada en todo el mundo.

En Twitter, la organización aprovecha para recordar que actualmente hay 41,000 personas en detención por asuntos migratorios y más de 60,000 solicitantes de asilo forzados a esperar en México que avancen sus casos en Estados Unidos.

La separación de familias en la frontera sur, que afectó a 4,300 menores, se llevó a cabo bajo el paraguas de la llamada política de “tolerancia cero” de la Administración Trump. Lejos de poner fin al sufrimiento de los niños migrantes y de sus progenitores, la justicia estadunidense reconoció recientemente el derecho del Gobierno de aplicar la polémica medida para “asegurar la frontera”.

El mismo juez de distrito que falló a favor de Donald Trump, Dana Sabraw, había ordenado previamente a la administración que se hiciera cargo de la reunificación de las familias. Sin embargo, Sabraw no encontró evidencia de que el Gobierno estuviera abusando de su poder, como había argumentado la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU).

La acción de Raíces llega un día después de que, durante el intermedio de la popular Super Bowl, la cantante Jennifer Lopez apareciera con su hija Emme dentro de una especie de jaula. Segundos más tarde, el escenario se llenó de decenas de niños también aparentemente enjaulados. Las redes sociales y algunos analistas del espectáculo consideraron este momento como una crítica a la tantas veces tachada de cruel política migratoria del presidente estadunidense.

TRIUNFO DE

DREAMERS

Esto luego de que la Corte Suprema de Utah anunciara que aprobó una regla que permite explícitamente que los beneficiario por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) poder aplicar para el examen de la barra estatal y ser litigantes.

The Salt Lake Tribune destaca la historia de Heidi Chamorro, una joven que lideró el movimiento entre los abogados y estudiantes de Derecho de Utah que han estado tratando de cambiar la ley estatal durante los últimos cuatro años.

Después de esfuerzos infructuosos, la joven se sumó como una co-peticionaria y, en octubre, un abogado presentó el caso ante la Corte Suprema de Utah en su nombre. Las cosas se movieron más rápido.

La Corte Suprema propuso un cambio en diciembre, cuando comenzó a recibir comentarios públicos, la mayoría de los 100 apoyaron el cambio.

La mayoría fueron presentados por abogados y ciudadanos que expresaron su aprobación, junto con funcionarios públicos como la alcaldesa del condado de Salt Lake, Jenny Wilson, y la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, indica el reporte.

“Las mujeres que presentaron este caso se encuentran entre las que han asistido a nuestras escuelas públicas y posteriores escuelas de Derecho de Utah”, se citó a Mendenhall.

Ahora Chamorro, de 31 años, y otros “dreamers” como ella podrán continuar con sus carreras.

CRITICA

A TRUMP

Nombrar a una activista xenófoba para velar por los inmigrantes es «a big fat orange middle finger», aseveró Thomas A. Sáenz, presidente de MALDEF

Como una burla y un insulto, es como ha sido calificada la designación hecha por el gobierno del presidente Donald Trump al promover a Julie Kirchner para estar al frente de una oficina de reciente creación que se supone debe velar por los derechos civiles de los detenidos por inmigración.

Y es que Julie Kirchner tiene un largo historial como activista antiinmigrante al haber sido directora de la Federation for American Immigration Reform (FAIR), una organización xenófoba y vinculada con grupos de supremacistas blancos.

Para Thomas A. Sáenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), poner a alguien que tiene una marcada ideología antiinmigrante a cargo de darle forma a la oficina que atenderá las quejas de los detenidos, es un insulto tan vulgar que equivale a “sacar el dedo”.

O como lo describe en su declaración en inglés: “Is a big fat orange middle finger to every immigrant in the world” (es un enorme dedo medio gordo anaranjado para todos los inmigrantes en el mundo), en referencia a la señal ofensiva que se hace con el puño cerrado y el dedo medio extendido, la cual estaría haciendo el propio presidente Trump por el color de piel.

De acuerdo con Sáenz, Kirchner es tan competente y sensible para velar por los derechos civiles de los inmigrantes como lo es una piedra.

De acuerdo con un artículo periodístico de BuzzFeed News que cita un memorándum interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tanto Julie Kirchner como Tracy Short, exasesora de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE), serían las encargadas de establecer los lineamientos y planificar el funcionamiento de la nueva entidad del gobierno.

En diciembre del 2019 el Congreso de Estados Unidos ordenó al DHS crear la Oficina del Ombudsman para Detenciones de Inmigración como un organismo independiente para atender las denuncias sobre maltrato, abuso y condiciones inhumanas de los detenidos por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de los encarcelados por ICE.

La Oficina del Ombudsman para ICE y CBP debería representar la figura de “defensor del pueblo” que investigue las quejas, supervise las condiciones en los centros de detención y asista a las víctimas.

“El ombudsman establecerá y administrará un proceso independiente, neutral y confidencial para recibir, investigar, resolver, corregir y proporcionar compensación en todas las denuncias”, refiere la iniciativa H.R. 1158.

La legislación también señala que la persona a cargo deberá ser un funcionario de alto ranto con experiencia en la aplicación de los derechos civiles, el cuidado y la custodia civil, así como de las leyes de inmigración.

S. MILLER,

“NEONAZI”

Más de 100 legisladores demócratas firmaron una carta para exigir al presidente Donald Trump que despida a su asesor Stephen Miller, uno de los arquitectos de la política antiinmigrante del actual gobierno y quien es considerado un “neonazi” luego de que se revelaran correos electrónicos que intercambió con grupos de supremacistas blancos.

“Los correos electrónicos de Miller y los sentimientos expresados en ellos son incompatibles con el servicio público y lo desacreditan para diseñar cualquier política, ya sea de inmigración o de otro tipo”, refiere la misiva enviada a la Casa Blanca.

Los legisladores consideran que el activismo de Miller como promotor de la ideología extremista y antiinmigrante lo descalifican para ser funcionario público.

Una investigación reciente del Southern Poverty Law Center (SPLC) reveló los correos electrónicos que Miller escribió a los editores de Breitbart News, un sitio de la extrema derecha impulsor de las políticas radicales de Trump.

En los correos Miller da instrucciones para coordinar la cobertura sobre inmigración durante la contienda electoral de 2016 haciendo referencias a publicaciones asociadas con el nacionalismo blanco.

Los legisladores señalan que Miller ha jugado un papel fundamental en la configuración de la política antiinmigrante de la Administración Trump, la cual ha impregnado de racismo y de la ideología radical de los supremacistas blancos.

Entre esas políticas se refieren a la prohibición de ingresar al país a ciudadanos de países musulmanes, el rechazo a refugiados centroamericanos y la decisión de terminar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Estos son sólo algunos ejemplos obvios de la influencia supremacista blanca del señor Miller en su política de inmigración”, escribieron los legisladores a Trump. “Y parece muy probable que la pérfida lealtad de Miller a la ideología extremista haya conformado su administración de formas que aún no son públicas”.

Entre los firmantes se encuentran Alexandría Ocasio-Cortez (D-NY), Bárbara Lee (D-CA), Ilhan Omar (D-Minn), Don Beyer (D-VA), Bill Pascrell (D-NJ), Tim Ryan (D-Ohio), Rashida Tlaib (D-Mich) y Tom Malinowski (D-NJ).