Por orden de un juez federal

• Crecen protestas contra prohibiciones migratoria de Trump

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  Dallas, Tx.- Un juez federal en Maryland ordenó al gobierno del presidente Donald Trump, que reanude la recepción de solicitudes y la extensión de permisos del programa DACA, que protege a miles de jóvenes indocumentados, casi un mes después de un fallo del Tribunal Supremo que calificó de «arbitraria y caprichosa» su cancelación.

  En su dictamen de cuatro páginas, el juez Paul Grimm volvió a describir como «arbitraria y caprichosa» la terminación de DACA decretada por Trump en septiembre de 2017 y añadió que tras el fallo del Supremo del 18 de junio el programa «queda restaurado como estaba» antes de la cancelación.

  El juez prohibió al gobierno y sus agentes que apliquen o pongan en práctica la rescisión del DACA y «que tomen alguna otra acción para rescindir el DACA que no esté en cumplimiento de la ley aplicable».

  En el curso de una conferencia de prensa, Trump aseguró que su gobierno «se ocupará del DACA», un programa instaurado por decreto del presidente Barack Obama en 2012 que ha protegido de la deportación a cientos de miles de personas traídas de forma ilegal al país cuando eran menores de edad.

  Hasta hoy, el gobierno no ha indicado si, como corresponde de acuerdo al fallo judicial, mantendrá la extensión de permisos a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), y aceptará las solicitudes de otras personas impedidas de hacerlas desde la decisión de rescindir el programa por parte de Trump.

  Esto incluye aquellas personas entre unos 650,000 beneficiarios del DACA que han de renovar los permisos, y más de 300,000 nuevos solicitantes, entre quienes se cuentan alrededor de 55,000 individuos que en los últimos tres años han cumplido la edad para ampararse en el programa.

  El Centro para Progreso Americano calcula que cualquier decisión sobre el DACA afecta a más de 1.1 millón de inmigrantes indocumentados si se cuentan a los familiares de los «soñadores» -como a sí mismos se denominan los beneficiarios directos- y decenas de miles de niños y niñas, hijos de los «soñadores», que han nacido en EU y son ciudadanos estadunidenses.

  Treinta y tres miembros del Senado enviaron una carta al secretario interino de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Chad Wolf, pidiendo que el gobierno cumpla con la decisión del Tribunal Supremo sobre el DACA, reanude los trámites de extensión de permisos y acepte nuevas solicitudes.

  «No hay indicio de que su agencia haya dado paso alguno para restaurar las protecciones del DACA tal como lo requiere, de manera inequívoca, la decisión del Tribunal», señalaron los senadores. «No hemos encontrado una sola declaración suya o de algún funcionario de DHS notificando al público que su agencia cumple con la decisión del Supremo».

  «Por el contrario, el 19 de junio, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) actualizó su página web afirmando, falsamente, que la decisión del Tribunal Supremo ‘no tiene sustento en la ley’, y atacando a los recipientes del DACA», indicaron los senadores.

   

  BATALLA

  MIGRANTE

   

  A través de dos esfuerzos en paralelo, más de un centenar de aspirantes a la Residencia Permanente, sus familiares y empleadores han presentado una lucha contra las prohibiciones migratorias del presidente Donald Trump de abril y junio.

  Los abogados alegan que el mandatario sobrepasó su autoridad sin tener en cuenta las leyes federales de inmigración.

  Los recursos son apoyados por defensores de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), Mayer Brown LLP y otras organizaciones actualizaron su demanda en la corte federal de Washington D.C. para desafiar las prohibiciones, reportó Law360.

  Los expertos indican que la decisión del Gobierno federal afecta a los trámites para obtener la «green card» basadas en la familia, como a las visas de trabajo temporal.

  Las empresas que apoyan la demanda actualizada el viernes pasado argumenta que las restricciones emitidas en abril y ampliadas en junio para proteger los empleos de los EU durante la pandemia de coronavirus, son «irracionales» y, en realidad, minarán la economía.

  «La prohibición afecta a los trabajadores, innovadores, emprendedores y consumidores nacidos en el extranjero de los que depende la economía para la estabilidad y el crecimiento continuo, y obstaculiza a las empresas estadunidenses de todo el país para que administren eficazmente sus necesidades laborales», dice la queja.

  Los abogados indican que las prohibiciones han separado a las familias al impedir que parientes con visa no puedan viajar a EU, además de que suspenden nuevas «green card» para familiares, incluidos cónyuges, de residentes permanentes de Estados Unidos.

  Uno de los demandantes que lidera la queja, Nazif Alam, es Residente Permanente y había aplicado por esa protección migratoria para su esposa, pero la prohibición migratoria detuvo el proceso de la mujer que vive en Bangladesh.

  VIGILANTES

  CIUDADANOS

  Legisladores demócratas bloquearon fondos federales para tratar de evitar la creación  Academia Ciudadana, organizada por la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, según el congresista por Illinois Jesús «Chuy» García, convertiría a civiles en «vigilantes» para espiar y denunciar a sus vecinos indocumentados.

  «Al principio pensé que era una broma, o una noticia falsa, pero luego comprobé que se trataba de una maniobra de relaciones públicas para mejorar la imagen de ICE (Inmigración y Control de Aduanas), que continúa enjaulando niños en centros de detención inhumanos y mortales», declaró el demócrata.

  Chuy García, que encabezó el bloqueo de fondos junto a la congresista por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y otros colegas de la Cámara Baja, aludió así a un curso de seis semanas que está previsto comience el 15 de septiembre próximo en las oficinas de ICE en Chicago.

  Según ICE, con el entrenamiento se busca la participación de representantes de grupos comunitarios, líderes estatales y locales, funcionarios del Congreso, cónsules extranjeros y hasta líderes empresariales y religiosos.

  «El programa será el primero de su tipo, servirá de piloto para ser implementado a nivel nacional y permitirá que los participantes se informen de primera mano y entiendan nuestra misión», señala la carta de invitación enviada por ICE.

  Además de clases los días martes en salones de clase, los participantes visitarán centros de detención y serán entrenados en «tácticas defensivas, familiarización con armas de fuego y detenciones», agrega.

  García dijo que un programa de este tipo debería ser informado al Congreso antes de su lanzamiento, pero en cambio se difundió primero por las redes sociales.

   

  DERECHISTAS

  VIGILANTES

  En su opinión, existen riesgos de «violencia potencial», porque la invitación a participar en la academia podría atraer a «derechistas» que buscan actuar como vigilantes, alentados por la campaña que realiza el presidente Donald Trump contra los inmigrantes.

  «Esta gente puede sentir que le están dando carta blanca para realizar perfiles raciales, vigilar y atacar a miembros de la comunidad», agregó.

  El congresista por Illinois Mike Quigley informó que ha logrado que el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes incluya una enmienda para bloquear fondos federales para este programa en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Nacional.

  «Estados Unidos no es un estado policial, donde personas ordinarias son autorizadas a realizar las tareas policiales de ICE. Este programa es una afrenta a nuestros valores», declaró en un comunicado.

  Su colega Jan Schakowsky, también representante demócrata por Illinois, señaló que ICE está tratando de atacar a ciudades «santuario», como Chicago y cientos más en todo el país, mediante la creación de «organizaciones de vigilantes» que ayudarían a acosar, detener y deportar a indocumentados.

  Grupos proinmigrantes y defensores de los derechos civiles y humanos se han pronunciado a favor del bloqueo de fondos y en contra de la realización de la academia, que crearía «vigilantes armados y sin control», según declaró Nicole Melaku, directora ejecutiva de la coalición National Partnership for New Americans, que funciona en 37 estados.

  Por su parte, Eréndira Rendón, de la organización comunitaria Proyecto Resurrección de Chicago, dijo que la capacitación de vigilantes para perseguir inmigrantes «es lo último que necesita» esta ciudad, que se declaró «santuario» en 1986 y protege a los «sin papeles».

  Para Comunidades contra las Deportaciones, también de Chicago, agencias como ICE no pueden mejorar sus relaciones con la comunidad porque son parte del problema y «necesitan ser desmanteladas».

  La vocera de la oficina de ICE en Chicago, Nicole Alberico, dijo en un comunicado que la meta de la agencia es «construir puentes con la comunidad», y negó que se vaya a entrenar a los participantes para que realicen tareas que corresponden a los agentes federales.

  «Los malentendidos, indignación y confusión sobre que hacemos todos los días son una muestra de por qué se necesita una academia de este tipo», afirmó.

   

  OFICIALES

  CASTIGADOS

   

  Un año después de que se denunciaran expresiones racistas y sexistas de agentes migratorios en un grupo de Facebook, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tomó acciones al despedir a cuatro empleados y suspender a docenas más.

  Un reporte de The Hill indica que la agencia migratoria investigó 138 casos vinculados a los grupos privados sobre los que dieron cuenta ProPublicay L.A. Times.

  «De ellos, la agencia descubrió que 63 acusaciones no tenían fundamento, 4 empleados fueron retirados del servicio, 38 empleados fueron suspendidos sin paga, y el resto fueron disciplinados con amonestaciones o asesoramiento», dijo el portavoz al portal.

  Los mensajes de los agentes causaron indignación, ya que se referían en tono de burla a hechos trágicos como la muerte de un migrante de 16 años en mayo de aquel año, cuando estaba bajo la custodia de las autoridades federales en Weslaco, Texas.

  Otro de los mensajes alentaba a lanzar a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Verónica Escobar comida mexicana en unos textos que contienen además groserías y palabras ofensivas, como imágenes de carácter sexual.

  The Hill indicó que el año pasado, CBP anunció que 70 empleados actuales o anteriores estaban bajo investigación interna, la mayoría involucrados en un grupo llamado «Tengo 10-15», un código para «extranjeros bajo custodia».

  En ese grupo en la red social había más de 9,000 miembros, entre exempleados y empleados en activo, quienes bromeaban sobre los migrantes muertos.

  Incluso entre los miembros del grupo estaba la exjefa de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, aunque ella no estaba vinculada a material ofensivo.