Eliminó Trump definitivamente el TPS a los centroamericanos

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Denuncian a ICE por ordenar el útero a detenidas

 

 

Nota Novedades News

 

Dallas, Tx.- Con una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito avaló al Gobierno del presidente Donald Trump terminar el Estatus de Protección Termporal (TPS) para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, que afectará a unos 300,000 inmigrantes y sus familias.

“El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía implementación de decisiones de rescisión de designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, y en prisión preventiva”, indica la opinión de la jueza Consuelo Callahan.

El panel de jueces encontró que un juez federal de California que decidió mantener vigente el programa tomó una decisión extrema para bloquear la terminación de este programa que otorga perdón de deportación y Autorización de Empleo.

“El Tribunal de Distrito abusó de su discreción para concluir que los Demandantes presentaron al menos serias dudas sobre los méritos de su protección”, indica la opinión sobre la demanda Ramos v. Wolf.

Durante casi 20 años, las administraciones anteriores –republicanas o demócratas– han renovado el estatus de TPS, pero el presidente Trump terminó el programa en noviembre de 2017, aunque los tribunales han bloqueado temporalmente sus esfuerzos.

En medio de la batalla legal, en noviembre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió al 4 enero del 2021 el TPS para los cuatro países mencionados.

En esta decisión última, la jueza Morgan Christen votó en contra citando los esfuerzos de la Administración Trump por terminar con el programa que protege a familias de desastres naturales, el crimen organizado y otros problemas en sus países de origen.

 

DECISION

INHUMANA

 

En su explicación, la jueza Christen apunta las comunicaciones internas entre distintas agencias del DHS, incluido Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entonces dirigida por Francis Cissna, sobre los esfuerzos de terminar con la protección de inmigrantes sin tomar en cuenta las afectaciones a las familias.

Vale recordar que en 2017 se dieron a conocer decenas de memorandos internos del Departamento de Estado y comunicaciones diplomáticas que demuestran que altos funcionarios advirtieron repetidamente al exsecretario de Estado, Rex Tillerson, que eliminar el TPS desestabilizaría gravemente a sus países de origen, además de acarrear problemas de seguridad nacional para Estados Unidos.

Los TPS fueron creados en 1990 por el Congreso, que le dio facultades al DHS de otorgar protecciones migratorias y permisos laborales a originarios de naciones devastadas por desastres naturales o movimientos sociales.

La jueza Christen también citó los comentarios del presidente Trump cuando llamó “países de mierda” a naciones con TPS, como Haití.

“El gobierno nos insta a interpretar muchos comentarios denigrantes en el expediente como descripciones de condiciones de vida inferiores en países extranjeros… no podemos dejar de lado palabras que realmente se usaron y sería peor para nosotros negar su significado”, consideró.

El portavoz de USCIS, Dan Hetlage, indicó que la agencia revisa la decisión de la corte.

“USCIS está revisando la decisión y anunciará cambios cuando estén disponibles”, explicó Hetlage a pregunta expresa de este diario.

Es decir, no se especificó si habrá suspensiones antes de la fecha de terminación del 2021.

La agencia recordó el espíritu “provisional” del programa y que no está sujeto a otorgar una “green card” a los beneficiarios.

“Es un beneficio de inmigración temporal que permite a las personas calificadas que se encuentran en los Estados Unidos permanecer por un período de tiempo limitado; no conduce a un estatus de residente permanente legal ni otorga ningún otro estatus migratorio”, indicó una fuente de esa dependencia.

 

GRAVES

IMPACTOS

 

Ante los intentos de la Administración Trump de poner fin al TPS diversas organizaciones sobre la contribución de inmigrantes a la economía alertaron de los impactos negativos para el país.

Nueva Economía Americana destaca que los titulares de ese programa han contribuido a la economía estadunidense al ser parte de la fuerza laboral estadunidense, pagando impuestos, contribuyendo a la seguridad social y Medicare y como empresarios.

En términos generales, terminar con el programa costaría al país $45,200 millones de dólares en PIB durante una década.

Según el Centro de Estudios Migratorios y el Centro para el Progreso Americano, los originarios de El Salvador, Honduras y Haití tienen el empleo de fuerza laboral más alto con tasas que varían del 81 al 88%.

La mayoría de los titulares son parte de industrias que incluyen la construcción, los servicios alimentarios y restaurantes, servicios de jardinería, cuidado infantil y tiendas de abarrotes.

Si los titulares de TPS ya no pueden renovar sus permisos de trabajo, los empleadores perderán un total de $967 millones de dólares en costos de facturación que afectará Florida, Nueva York, California, Texas, Maryland y Virginia, principalmente, indica el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

 

TRABAJADORES

ESENCIALES

 

De hecho, el CAP encontró que los beneficiarios de TPS laboran en trabajos esenciales durante la pandemia de coronavirus, incluso en áreas enlistadas por el DHS como primordiales.

Se estima que de los 11,600 trabajadores de la salud con TPS, al menos 8,100 son asistentes de cuidado de la salud y el cuidado personal en el hogar, asistentes de enfermería y asistentes psiquiátricos; 1,900 son técnicos de salud; 1,300 realizan labores complementarias de asistencia médica.

Las entidades con más inmigrantes bajo este programa que están en la primera línea contra coronavirus son Florida con 2,900, California con 2,700 y Nueva York con 2,100.

Aunado a ello, 76,100 titulares de TPS trabajan en ocupaciones relacionadas con alimentos, desde supermercados y restaurantes hasta granjas y plantas de procesamiento de alimentos, la mayoría –unos 28,800– trabajan en restaurantes o establecimientos de servicio de alimentos.

“Al igual que muchos estadunidenses, los inmigrantes con TPS son una parte importante de la fuerza laboral que mantiene al país funcionando en medio de la pandemia de coronavirus”, expone Nicole Prchal Svajlenka, directora asociada de investigación del equipo de Inmigración en CAP y coautora del reporte.

 

AFECTADOS

POR PAIS

 

Los inmigrantes de los países afectados son:

 

El Salvador – 195,000 personas

Haití – 50,000 personas

Nicaragua – 2,500 personas

Sudán – 1,040 personas

A esas cifras hay que sumar a las familias.

 

“DIA

OSCURO”

 

Organizaciones defensoras de inmigrantes lamentaron la decisión del Noveno Circuito de Apelaciones para autorizar al Gobierno del presidente Donald Trump terminar con el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.

“Éste es un día oscuro”, aseveró Elissa Díaz, asociada de Políticas de Church World Service y presidenta de la Coalición de Inmigración Interreligiosa. “El impacto de esta decisión es difícil de afrontar. Las vidas de cientos de miles de personas… están nuevamente en peligro. Ellos y sus hijos y familiares nacidos en Estados Unidos deben estar de luto”.

Agregó que el Congreso debería aprobar el Dream and Promise Act, que aseguraría un camino a la ciudadanía para “dreamers” y los llamados “tepesianos” tras la decisión del tribunal, en una votación de 2 a 1.

La organización Church World Service destacó que más de 130,000 trabajadores esenciales durante la pandemia de coronavirus podrían verse afectados por la decisión.

“Los titulares de TPS son miembros integrales de nuestras comunidades. Pagan impuestos, inician negocios, se ofrecen como voluntarios y durante una pandemia que está asolando nuestra nación, están prestando servicio en primera línea”, expresó el revendo John L. McCullough, presidente y director ejecutivo de Church World Service. “Quitarles su estado de protección es cruel, no sólo porque destruirá todo lo que han construido aquí, sino porque podría devolverlos a condiciones potencialmente peligrosas”.

Acusó al Gobierno del presidente Trump de conocer las condiciones a las que enviaría a estos inmigrantes, pero en lugar de protegerlos los “continúan marginando, excluyendo y deportando”, impactando también a sus familias, muchos de ellos niños estadunidenses.

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger a las personas que huyen de naciones devastadas por la guerra y desastres, a fin de tener protección migratoria y Autorización de Empleo.

 

 

EL CRUEL

TRUMP

 

En los últimos 20 años, las administraciones republicanas y demócratas habían extendido los programas por cada país, pero el presidente Trump decidió terminarlos.

“Me enteré del TPS cuando el presidente trató de ponerle fin para mi mamá. Pero como hija de una titular de TPS, no lo pensé dos veces antes de enfrentarme al presidente para defender a mi madre y a nuestra familia”, dijo Crista Ramos, una adolescente nacida en EU que es la demandante principal en el caso Ramos vs. Wolf (antes Ramos vs. Nielsen) presentado por la Fundación ACLU del Sur de California, National Day Laborer Organizing Network y Sidley Austin LLP en nombre de nueve personas con TPS y cinco niños ciudadanos estadounidenses.

La organización CLINIC se sumó a las críticas a los jueces que autorizaron la terminación del programa.

“El Congreso creó el Estatus de Protección Temporal hace más de treinta años con razón, porque sería inconcebible deportar a las personas a situaciones de crisis y conflicto”, expresó Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC. “Ninguna familia debería enfrentarse a la opción de separarse o mudar a toda su familia, incluidos los niños ciudadanos estadounidenses, a un país donde corran peligro”.

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó a este diario que revisará la decisión del tribunal, la cual tuvo el voto en contra de la jueza Morgan Christen.

 

RETIRO DEL

UTERO

 

Grupos de defensa legal presentaron una denuncia de irregularidades en nombre de una enfermera en un centro de detención Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la cual documenta “negligencia médica discordante” dentro de las instalaciones, incluida la negación a pruebas de coronavirus y una tasa “exorbitante” de histerectomías realizadas a inmigrantes.

El caso es de la enfermera, Dawn Wooten, quien trabajaba en el Centro de Detención del Condado de Irwin (ICDC) en Georgia, operado por LaSalle Corrections, una empresa privada de prisiones, reportó Law and Crime.

“Varias mujeres se acercaron para contarle a Project South lo que percibían como la tasa desmesurada a la que las mujeres del ICDC eran sometidas a histerectomías, una operación quirúrgica en la que se extirpa todo o parte del útero”, indica el reporte. “Muchas de las mujeres inmigrantes que se sometieron al procedimiento se sintieron ‘confundidas’ cuando se les pidió que explicaran por qué se sometieron a la cirugía, y una de las detenidas comparó su trato con las prisioneras en los campos de concentración”.

La denuncia fue presentada ante la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por Project South, Georgia Detention Watch, Georgia Latino Alliance for Human Rights y South Georgia Immigrant Support Network.

“Recientemente, una inmigrante detenida le dijo a Project South que había hablado con cinco mujeres diferentes detenidas en el ICDC entre octubre y diciembre de 2019 que se sometieron a una histerectomía”, dice la denuncia.

Se agrega que las mujeres estaban “confundidas” sobre por qué se habían hecho el procedimiento que les impediría nuevamente tener bebés.

“Cuando conocí a todas estas mujeres que habían tenido cirugías, pensé que esto era como un campo de concentración experimental. Era como si estuvieran experimentando con nuestros cuerpos”, dijo la inmigrante.

 

CAMPO DE

CONCENTRACION

 

El reporte señala que el ICDC utilizó a un ginecólogo en particular, fuera de la instalación, que casi siempre optaba por extirpar todo o parte del útero de sus pacientes detenidas.

ICE desestimó las acusaciones, señalando que son “acusaciones anónimas, no probadas, hechas sin ningún detalle específico”, y agregó que deberían tratarse con “el escepticismo apropiado”.

Aunque la agencia migratoria rechace las acusaciones, la OIG deberá continuar con la investigación.

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