Beneficiados, acusados de Dallas y Richardson 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- Los intentos por frenar el tráfico de influencias sufrieron un duro golpe cuando un tribunal federal de apelaciones desestimó la condena de un urbanizador acusado de sobornar a dos miembros del Concejo Municipal de Dallas. Si bien los expertos legales dicen que es poco probable que el fallo obstaculice futuros juicios por corrupción pública, también podría afectar la condena de un exalcalde de Richardson.

La opinión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en el caso de soborno de Ruel Hamilton se centró estrictamente en las instrucciones dadas al jurado sobre las propinas en el Ayuntamiento de Dallas. El fallo también significó un desacuerdo serio y creciente entre los tribunales federales de apelaciones sobre una cuestión legal importante: si la ley federal contra el soborno cubre las gratificaciones ilegales.

La ley contra el soborno no menciona específicamente las gratificaciones. La jueza principal Barbara Lynn, quien presidió el juicio de Hamilton, señaló en sus fallos que la ley penaliza dar u ofrecer “cualquier cosa de valor” con la intención de “influenciar o recompensar”. Y la mayoría de los circuitos interpretaron que eso incluía propinas.

Pero el Quinto Circuito se unió a la minoría de los tribunales de apelaciones al adoptar una visión más limitada. Los tribunales que fallaron están divididos 5-3. El Quinto Circuito dijo que las propinas no están cubiertas y que al jurado de Hamilton se le debería haber dicho que tenía que encontrar específicamente un soborno «quid pro quo», es decir, algún beneficio esperado a cambio del dinero, para distinguirlo de las propinas.

Los fiscales pueden apelar el fallo y/o volver a juzgar a Hamilton con las instrucciones adecuadas del jurado.

POLEMICO 

FALLO 

Los expertos legales dicen que el fallo probablemente no atará las manos de los fiscales que buscan presentar casos similares de corrupción pública porque la mayoría tiende a tener pruebas sólidas de un quid pro quo, como llamadas telefónicas y correos electrónicos.

“Por lo general, hay un quid pro quo, incluso en los casos de gratificación”, dijo Paul Coggins, exfiscal federal en Dallas que ahora maneja el trabajo de defensa de cuello blanco.

Los fiscales tienen que explicar efectivamente el acuerdo de esto por aquello para “realmente llamar la atención del jurado”, dijo Coggins.

“La promesa, el quo, no tiene que ser explícita”, dijo Coggins. “La evidencia circunstancial es una evidencia poderosa que puede probar que hubo un quid pro quo a pesar de que no hubo una promesa específica”.

Si se instruye adecuadamente a un jurado sobre el elemento quid pro quo, el fallo del 5º Circuito no debería perjudicar los enjuiciamientos futuros, dijo.

SOBORNO EN 

RICHARDSON 

El fallo también podría eventualmente revertir la condena de la exalcaldesa de Richardson, Laura Jordan, por aceptar sobornos de un desarrollador que ahora es su esposo.

Laura y Mark Jordan fueron sentenciados cada uno a seis años de prisión a principios de este mes bajo la misma ley de soborno que en el caso de Hamilton. Sus abogados citaron el fallo del Quinto Circuito y dijeron que exige que sus condenas también sean anuladas.

Los fiscales alegaron que la entonces alcalde aceptó una serie de favores, algunos sexuales, de Mark Jordan, de 55 años, antes de casarse con la intención de influir en su voto sobre su controvertido proyecto de apartamento.

Brent Newton, abogado de Laura Jordan, de 57 años, dijo que las instrucciones del jurado en ese caso contenían el mismo defecto fatal en las instrucciones del jurado: la omisión de un quid pro quo.

Los abogados defensores de los Jordan argumentaron que el exalcalde aceptaba gratificaciones no delictivas, como máximo, y no sobornos. Los fiscales aún no han presentado una respuesta al argumento de los Jordan para un nuevo juicio.

El caso de soborno de Jordan de alto perfil ya pasó por un nuevo juicio, después de que el intento de un oficial de seguridad de la corte de calmar a un jurado angustiado condujo a un juicio nulo en el caso.

DALLAS, 

EN LA MIRA 

En el caso del Ayuntamiento de Dallas, los fiscales federales dijeron que Hamilton, de 66 años, un desarrollador de viviendas para personas de bajos ingresos, canalizó sobornos a la exconcejal Carolyn Davis a través de una organización benéfica dirigida por un asociado. A cambio, Davis abogó por el desarrollo de Hamilton para recibir valiosos créditos fiscales estatales. El estado no otorgó a Hamilton los créditos fiscales.

“Ruel Hamilton dio dinero a los miembros del Concejo Municipal de Dallas. No recibió nada tangible a cambio”, dijo el Quinto Circuito en la apertura de su fallo del 23 de agosto.

Los fiscales y los abogados defensores en el caso de Hamilton no han comentado sobre el fallo.

Davis murió en un accidente automovilístico después de declararse culpable en el caso, pero antes del juicio. Hamilton también fue condenado por sobornar al exmiembro del Consejo Dwaine Caraway pagándole para que incluyera un tema en la agenda del Concilio y por su apoyo futuro para un desarrollo propuesto. Caraway se declaró culpable en un caso diferente pero luego testificó contra Hamilton.

Pero el término «quid pro quo», que habla de la intención, no se incluyó en las instrucciones dadas a los miembros del jurado antes de sus deliberaciones en junio de 2021, a pesar de una solicitud de los abogados de Hamilton.

“Aunque las instrucciones usaron alguna forma de ‘soborno’ diecisiete veces, el Tribunal nunca definió el soborno, ni requirió un quid pro quo o gratificaciones distinguidas”, escribió Abbe Lowell, abogado de Hamilton, en su apelación.

SOBORNO Y 

CORRUPCION 

La oficina del fiscal federal, que siempre insistió en que el caso Hamilton era sobre soborno, dijo en sus argumentos ante el 5to Circuito que el jurado recibió instrucciones adecuadas sobre la base de un soborno: que existió un acuerdo corrupto y precedió a la acción oficial.

“El jurado nunca escuchó mencionar la palabra ‘gratificación’”, escribió el fiscal federal adjunto Stephen Gilstrap en un informe de apelación de julio. «Y las únicas referencias al término ‘recompensa’ describían un soborno… Incluso Hamilton dijo antes del juicio que este caso se trataba de sobornos, y solo cambió de rumbo después del veredicto».

Dan Guthrie, un exfiscal federal y estatal que ahora tiene práctica privada en Dallas, dijo que hasta que se resuelva la cuestión de las propinas, obtener condenas podría ser complicado en algunos casos.

“No hay duda de que esto crea incertidumbre en estos juicios”, dijo.

Los federales, agregó, tendrán que seguir usando operaciones encubiertas y escuchas telefónicas para buscar pruebas sólidas de sobornos, y tratar de cambiar a participantes como Caraway al amenazar con cargos y luego ofrecer tratos frente a ellos.

“Es muy común en los casos de corrupción pública tener individuos que cooperan y escuchas telefónicas además de videos”, dijo Guthrie. “Seguiremos viendo ese tipo de pruebas”.

PROXIMO 

PASO 

La oficina del fiscal federal no ha dicho cuál será su próximo paso en el caso de Hamilton. Debido a serios problemas de salud, el nativo de Oak Cliff nunca comenzó su sentencia en prisión de ocho años.

El fiscal federal Chad Meacham puede solicitar una nueva audiencia ante el panel completo del Quinto Circuito. Si se confirma el fallo, entonces puede apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero eso implica obtener primero la aprobación del procurador general, dijo Coggins.

Coggins dijo que la Corte Suprema probablemente escucharía el caso porque involucra un tema legal importante, así como opiniones divididas entre los tribunales de circuito. Eso podría ser un proceso largo. Y la Corte Suprema actual tiende a interpretar las leyes de manera restringida, enfocándose, como lo hizo el 5to Circuito, en el “texto simple”.

Si el tribunal supremo confirma el fallo de Hamilton, correspondería al Congreso decidir si modifica la ley para criminalizar las gratificaciones pagadas a los políticos, así como los sobornos. Esa sería la solución más simple, evitando años de litigio y solucionando una debilidad importante, dijo Guthrie. Pero la opción legislativa también podría ser un proceso prolongado, sin garantía de éxito, agregó.

“Es un esfuerzo arriesgado tratar de predecir lo que haría el Congreso en este tipo de entorno”, dijo Guthrie.

El Congreso redactó la ley para que las reglamentaciones federales sobre sobornos se aplicaran a los funcionarios estatales y locales, así como a los empleados federales. El factor clave es si los gobiernos locales reciben dinero federal como subvenciones.

“Esta ley crea jurisdicción federal en virtud del hecho de que están involucrados fondos federales”, dijo Guthrie.

¿OTRO 

JUICIO? 

El fiscal estadunidense también podría volver a juzgar a Hamilton.

Los casos de corrupción pública siempre son difíciles, complejos y muy controvertidos. El fallo del 5to Circuito arrojó algunas dudas sobre si el gobierno podría ganar una segunda condena contra el desarrollador.

El gobierno no utilizó la declaración de culpabilidad de Davis como prueba en el juicio de Hamilton. Si los fiscales lo hubieran hecho, la defensa podría haber ofrecido el testimonio de los amigos de Davis, quienes dijeron que la exmiembro del Consejo se retractó de su culpabilidad poco antes de su muerte.

En cambio, el gobierno puso a un tercero en el banquillo de los testigos: Jeremy Scroggins, un aliado cercano de Davis. Le dijo al jurado que su organización benéfica aceptó el dinero de Hamilton para su beneficio para ocultar la verdadera razón de los pagos. Scroggins se declaró culpable de un cargo menor a cambio de su testimonio.

Los pagos a los políticos no tienen que estar vinculados a un acto específico, siempre que ambas partes acuerden un «tipo específico de acción» a realizar. Sin embargo, los federales deben demostrar que un político entendió que se esperaba que ayudara a la persona a cambio del dinero. Entonces, las donaciones de campaña, por ejemplo, son legales a menos que estén vinculadas o supeditadas a algún acto oficial esperado por parte del receptor.