Duarte, sinónimo de impunidad

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Por: Ing. Esteban Sanchez

Los constantes escándalos sobre violaciones a derechos humanos y desviaciones de recursos públicos tuvieron el único mérito de desatar un debate sobre la impunidad y abuso de poder. La desaparición de jóvenes en Tierra Blanca entregados por policías al narco; la protección de la justicia local a los Porkys, hijos de cuatro empresarios y un exalcalde, acusados de violar a una joven; el estado más peligroso para los periodistas; la creación de empresas fantasma y prestanombres para desviar dinero. Una saga de abusos tan larga que sería difícil hallar en la “memoria colectiva” un gobierno estatal que dejara recuerdos tan imperecederos como el suyo, aunque no es el único. Deja también una profunda confrontación de la élite política local. Académicos de la Universidad Veracruzana, organizaciones civiles y de víctimas dicen tener elementos suficientes para llevar su expediente a la justicia internacional. Su sucesor, Miguel Ángel Yunes advierte que probará cada una de las acusaciones contra Duarte y que las revelaciones “cimbrarán al país”. Aunque lo más importante será saber si conserva protección ins titucional local, como intentó con reformas que lo “blindaran” de acusaciones de corrupción, o del federal, la fama pública de Duarte, pues, corresponde a esas estampas que se venden con la leyenda que no perecerán. La voluntad de atacar la corrupción y la eficacia de las leyes anticorrupción están a prueba en su investigación, así como a los otros gobernadores que pusieron rostro al “nuevo PRI” y comparten la imagen de autoridad voraz que destruye rápidamente la credibilidad en las instituciones. En su caso, las investigaciones de la PGR por acusaciones de desvío de 35 mil millones de pesos, contratos a 131 empresas fantasma, hasta la incineración y hallazgo de fosas clandestinas. El historial de abusos se funde en un sello de impunidad.

El proceso en el PRI para retirarle la militancia tras años de acusaciones y escándalos muestra su necesidad de evitar esa marca, pero la operación limpieza es insuficiente para aclarar el largo apoyo a su administración y la dificultad de confundirse con ella en el ocaso del sexenio. Ahora expuesto a la acción de la justicia, el PRI deberá probar si puede actuar diferente a los tradicionales pactos de impunidad para encubrir la corrupción, y el PAN, demostrar no sufrir amnesia de las graves acusaciones que lanzó a Duarte desde la campaña electoral. El regreso de Javier Duarte de Ochoa a territorio nacional abre un par de interrogantes. La primera: ¿Tendrá el Ministerio Público la capacidad de probar ante un juez los delitos que se atribuyen al exgobernador? ¿Y sabrá el gobierno federal generar un mensaje positivo en torno de su extradición y procesamiento? La segunda: ¿El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que ha sido llamado hipergarantista, dejará satisfechos a quienes tienen una visión prejuiciada sobre la culpabilidad de un acusado, a quien en los hechos se niega la presunción de inocencia? Me llamaron la atención las primeras declaraciones que hizo Marco del Toro, abogado de Duarte, a las afueras del Reclusorio Norte, justo cuando éste arribaba al juzgado A, pregunta expresa, Del Toro afirmó que las acusaciones contra el exmandatario estatal tenían unas “flaquezas impresionantes” y que el expediente armado por la PGR daba cuenta de la “plena inocencia” de su defendido. Parecería una mala estrategia legal alertar al Ministerio Público sobre sus fallas, pues podría llevarlo a reforzar el contenido de la carpeta de investigación, cosa que ningún abogado alentaría. Por la selección de la defensa, da la impresión de que la batalla de Duarte contra sus acusadores se dará, sobre todo, en el terreno mediático, como ha ocurrido en el caso de Elba Esther Gordillo. A la exlideresa del SNTE el abogado Del Toro aún no le ha podido conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria, pero sí ha logrado una asombrosa transformación de su imagen ante la opinión pública, de perversa regenteadora de la educación pública a víctima del sistema. ¿Será la estrategia de fondo de Javier Duarte aprovechar la escasa capacidad comunicativa del gobierno federal? ¿Se le hará bolas a éste un asunto que debiera beneficiarlo, que podría ayudarlo a limpiar su propia imagen? Cualquier provecho que pueda sacar el gobierno federal de este caso pasará necesariamente por conseguir una sentencia condenatoria. Para eso, tendrá que probar ante la justicia las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero contra Duarte. Si lo logra, el gobierno habrá borrado la impresión de que la corrupción no tiene consecuencias, lo que favorecería la lucha cuesta arriba del PRI por permanecer en Los Pinos. En cambio, si permite que se le vaya el tiempo en las maniobras dilatorias que Del Toro conoce muy bien, ese efecto se perderá. Peor aún si fracasa en probar sus acusaciones, pues en ese caso habrá cavado su tumba. En resumen, un Duarte redimido en su imagen pública y/o exone rado, sería un desastre para la imagen del gobierno. El proceso del político veracruzano también pondrá a prueba el nuevo sistema penal. Éste será el primer caso relevante a nivel nacional juzgado bajo las nuevas reglas. Para bien o para mal, el sistema se dará a conocer por este caso. ¿Se imagina si Duarte queda libre gracias al hipergarantismo del nuevo sistema? Por ahora es todo; mientras tanto ¡!! AQUÍ NO PASA NADA¡!! Para cualquier información, favor de comunicarse a: editorial@novedadesnews.com y/o tulmex@hotmail.com

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