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Detención y prisión a cientos de migrantes, ordena Abbott

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Los acusan de “invasión a la propiedad privada” 

 

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Dallas, Tx.- Cientos de inmigrantes indocumentados han sido detenidos por autoridades estatales de Texas, acusados de “invasión a la propiedad privada” bajo la Operación Estrella Solitaria, un plan impulsado por el gobernador republicano Greg Abbott.

Hasta el momento, según diversos reportes, casi 1,000 migrantes pasan encarcelados por semanas y, a veces, más de un mes, debido a irregularidades que acusan en el procedimiento.

Abbott acusa que hay un flujo imparable de inmigrantes indocumentados a la entidad y que las autoridades federales no los detienen, pero como los policías locales no pueden arrestar a las personas por violaciones migratorias tienen la orden de detenerlos por invasión.

Ahora, más de 25 legisladores pidieron al Departamento de Justicia (DOJ) que investigue ese operativo que combina efectivos policiales y tropas de la Guardia Nacional de Texas.

“(El gobernador) continúa la militarización de las comunidades fronterizas e interfiere con el sistema federal de inmigración”, señalaron los legisladores.

El pedido se envió al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al secretario de Justicia, Merrick Garland, alegando que la política de Abbott “probablemente viola” la cláusula de la Constitución que da supremacía a la ley federal sobre las estatales.

A la Operación Estrella Solitaria (Lone Start, en inglés) se destinan alrededor de $1,000 millones de dólares, según los legisladores.

“Somete a los migrantes sospechosos al arresto, encarcelamiento y procesamiento criminal por parte de las autoridades estatales y locales, por lo que en Texas es el delito menor de traspaso”, indicaron.

Abbott lanzó la Operación a principios de marzo para reforzar la frontera del estado con México y combatir el contrabando de migrantes y el narcotráfico.

A mediados de octubre Abbott indicó que la Oficina de Seguridad Pública de Texas distribuirá más de $36.5 millones de dólares en fondos no reembolsables para las actividades de Policía y enjuiciamiento en apoyo directo a la Operación Estrella Solitaria.

“En el último mes el Estado ha dejado pasar múltiples plazos estatutarios para la presentación de cargos, y las cárceles deben dejar en libertad a los detenidos sin la presentación de los cargos, lo cual no ha ocurrido en todos los casos”, según estos legisladores.

PELIGRA 

REFORMA 

Los demócratas de la Cámara de Representantes dieron la buena noticia de mantener como plan la modificación de la fecha de la Ley del Registro para que inmigrantes indocumentados puedan solicitar la ‘green card’, pero la mala noticia es que eso no sería para los 11 millones de personas en esa condición.

Los representantes están explorando que la modificación ofrecería protecciones a los trabajadores agrícolas, “dreamers” y personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), principalmente, que llegaron antes del 2010 a los Estados Unidos, según un reporte de Bloomberg. 

Es decir, los demócratas pretenden reimpulsar la Ley del Registro que la parlamentaria Elizabeth MacDonough rechazó, pero el nuevo plan sería más específico, aunque no se indica cuántos millones de personas podrían ser beneficiadas, pero un reporte del Center for American Progress había estimado que alrededor de cuatro millones estarían protegidas, si se consideraban los grupos mencionados.

“Estamos teniendo una discusión sobre la limitación de la población elegible, sobre la que creo que podemos llegar a un consenso”, dijo la representante Zoe Lofgren (California), una de las principales negociadoras en inmigración en la Cámara.

La semana pasada, los demócratas en la Cámara dieron a conocer su plan presupuestal que sería aprobado bajo el proceso de Reconciliación, donde incluyeron el llamado plan B migratorio, es decir, modificar la fecha en que llegaron inmigrantes para poder solicitar la Residencia Permanente.

El representante Jerrold Nadler (Nueva York), presidente del Comité del Senado, y uno de los más involucrados en la elaboración de un plan migratorio, también mencionó la propuesta, pero habló en general para inmigrantes que llevaban más de 11 años viviendo en el país.

“Las disposiciones de inmigración en el marco Build Back Better (Reconstruir Mejor) incluyen adelantar la fecha del registro, una medida promovida por última vez por el presidente Ronald Reagan”, indicó Nadler en referencia a la mencionada ley. “(Eso será) para permitir que aquellos que han vivido y trabajado al servicio de nuestras comunidades durante más de 11 años tengan la oportunidad de solicitar la Residencia Permanente”.

Esta semana, los demócratas deberán concretar un plan a impulsar para inmigrantes, pues pretenden aprobar el proyecto de ley presupuestal la siguiente semana.

El Senado todavía espera la negociación con la parlamentaria MacDonough sobre el llamado plan C, que contempla solamente una protección a la deportación y Autorización de Empleo por máximo diez años para indocumentados.

Ambos proyectos corren en paralelo y, según fuentes del Congreso, la decisión dependerá en gran medida de la nueva postura de la parlamentaria, quien debe revisar el impacto fiscal de alguna modificación migratoria.

El plan de la Cámara al restringir el número de personas a beneficiar sería para reducir la presión en negociaciones en caso de que los demócratas deban rechazar la opinión de la parlamentaria y avanzar con una opción.

Activistas consultados por este diario ya habían adelantado que la modificación de la fecha de la Ley del Registro era la mejor opción para proteger a indocumentados, aunque creían que se incluiría a cualquier persona, no a ciertos grupos.

PELIGRA 

PLAN C 

Debido a que en dos ocasiones ha rechazado proteger a inmigrantes indocumentados, hay temor de que la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, rechace el llamado plan C.

El plan consiste en un perdón a la deportación o ‘parole’, además de Autorización de Empleo, a otorgarse en dos periodos de cinco años.

Sin embargo, si la parlamentaria rechaza ese plan, los demócratas tienen pocas opciones, pues activistas han presionado para que los congresistas descarten la opinión de MacDonough, lo cual solamente es viable con 50 votos del Senado más el de la vicepresidenta Kamala Harris.

La mala noticia es que la representante Pramila Jayapal (Washington), presidenta del Caucus Progresista, habría externado esa opción al presidente Joe Biden, con quien concluyó que es un escenario complicado si hay demócratas que no apoyan la idea de desobedecer a la parlamentaria.

“Le he planteado esto al presidente… Lo que hemos concluido es que si hay senadores que no quieren anular la decisión de la parlamentaria, entonces… no creo que sea posible ponerlo en práctica”, citó la periodista Andrea Mitchell.

Esta semana la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) podría entregar a senadores demócratas el reporte del impacto fiscal del plan C sobre indocumentados, el cual deberá ser analizado por la parlamentaria.

Los senadores que lideran estos esfuerzos son Dick Durbin (Illinois), presidente del Comité Judicial; Bernie Sanders (Vermont), presidente del Comité de Presupuesto, y Alex Padilla (California), presidente del subcomité de Inmigración.

La semana pasada hubo cierta confusión sobre la propuesta migratoria, luego de que la Cámara integrara en su plan económico de Reconciliación la posibilidad de modificar la llamada Ley del Registro, la cual abriría el camino a la ciudadanía para millones de personas, pero el marco de la Administración Biden no contempla un plan específico.

Aunado a ello, los $100,000 millones de dólares que incluye el marco de la Casa Blanca se marcó como “separado” de la inversión de $1.75 billones de dólares del plan social de la agenda Build Back Better (Reconstruir Mejor).

EXIGEN A 

DEMOCRATAS 

Aunque celebraron que en el marco del paquete presupuestal de $1.75 billones de dólares se contemplen $100,000 millones de dólares para asuntos migrantorios, organizaciones civiles consideran que los demócratas deben cumplir con su promesa de proteger a millones de inmigrantes indocumentados.

“Ahora, los demócratas deben dar el siguiente paso y cumplir por el país y los millones de familias inmigrantes que cumplen con Estados Unidos”, dijo Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice.

Con un tono mucho más combativo se manifestó Bruna Sollod, directora de comunicaciones del grupo de “Soñadores” United We Dream Action.

“Seremos implacables en nuestra búsqueda y no permitiremos que el presidente (Joe) Biden y los demócratas pongan excusas o se escondan detrás de asesores no elegidos. Pueden, y deben, hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que millones de personas indocumentadas experimenten el alivio que necesitamos y merecemos este año”, dijo.

Otras organizaciones, como una coalición religiosa, reconoce el paso del Gobierno del presidente Biden de contemplar los fondos, pero no se confían del todo.

“El plan del presidente de incluir la ciudadanía como un medio para reconstruir nuestra nación es un paso adelante increíble, pero aún no lo hemos logrado”, consideró Elissa Diaz, copresidenta de la Coalición de Inmigración Interreligiosa y gerente de políticas y defensa de Church World. “Estamos agradecidos por el liderazgo implacable de los propios inmigrantes para llevarnos a este punto. Continuaremos siguiendo su ejemplo para presionar al Congreso por la ciudadanía por cualquier medio necesario hasta que logremos un ‘sí’”.

El presidente, que visitó en días pasados el Congreso para presentar su nuevo paquete de gasto social, que deberá ser aprobado bajo el proceso de Reconciliación, busca unir a las alas moderada y progresista del Partido Demócrata.

INTENTOS 

FALLIDOS 

Hasta ahora, los intentos de los demócratas han sido fallidos, pero los activistas no les echan la culpa del todo, pues consideran que “asesores no elegidos”, dijo Sollod en referencia a la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, han evitado el avance. La experta debe determinar si un plan es viable bajo las reglas del proceso de Reconciliación.

MacDonough ha tumbado dos intentos de los demócratas para sacar adelante su Reforma Migratoria dentro de un plan de gasto, y muchos activistas han pedido a Biden y su partido que, en caso de que MacDonough rechace de nuevo la inclusión de la partida migratoria del plan social, simplemente ignoren su opinión y lo lleven a votación en el Senado.

La otra opción es la posibilidad de acabar con la táctica conocida como ‘filibuster’, una maniobra que permite al partido minoritario en el Senado, en este caso el Republicano, bloquear la votación de proyectos al requerir que primero se reúnan 60 votos, objetivo actualmente imposible en materia migratoria pues los demócratas están lejos de conseguir los 10 votos conservadores que necesitan.

Estas posibilidades no son bien vistas por la gran mayoría de los congresistas demócratas, que han optado por ir reduciendo el alcance de su Reforma Migratoria con la idea de que de esa forma la “parlamentaria” permita su inclusión en la ley presupuestaria.

Todd Schulte, presidente de FWD.us, grupo de presión en favor de una inmigración más abierta creado por grandes empresas tecnológicas, se mostró satisfecho de que la Casa Blanca y los demócratas en el Senado incluyan el “alivio migratorio” ahora que cada vez son más intensas las voces que piden dejarlo de lado para poder aprobar su plan.

“El público, el presidente y todos los demócratas en el Congreso apoyan la modernización de nuestro sistema de inmigración. Este es un buen primer paso que reconoce el papel esencial de los inmigrantes en nuestra economía, sociedad y comunidad”, dijo Sharry.

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