Describe AMLO un México en ruinas, corrupción y pobreza Este 1 de diciembre, la transmisión de la toma de protesta del Presidente de México.

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 Dallas, Tx.- Al tomar posesión de la Presidencia el sábado anterior, Andrés Manuel López Obrador pintó el panorama desastroso de un país –que gobernará– sometido a 36 años de neoliberalismo, durante los cuales la corrupción, la pobreza y la violencia se desbordaron. Para enderezar un México que describió prácticamente en ruinas, el presidente ofreció perdón y no venganza, y detalló una serie de medidas que resumió en la frase “Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”. “Hoy comienza un cambio del régimen político”, lanzó Andrés Manuel López Obrador desde la tribuna del Congreso de la Unión. El reloj marcaba las 11:26 horas del sábado 1 y el tabasqueño se ceñía el símbolo del poder, la banda presidencial, para convertirse al fin en presidente de México. Protagonista del quiebre del PRI en 1988, Porfirio Muñoz Ledo encabezó el ritual desde la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión: del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, recibió la banda presidencial, la levantó, la mostró al pleno y se la colocó al tabasqueño, arrancando así lo que se ha llamado “la hora cero de la República”… y estallaron los aplausos en el pleno. Acabar con 36 años de neoliberalismo –marcados por una corrupción que corrió a galope–, privilegios imparables, la venta del país a pedazos, el remate de los bienes nacionales y la impunidad, el perdón y no la venganza, fueron los ofrecimientos de López Obrador. “Iniciamos hoy la Cuarta Transformación. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada. Se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”, exclamó entre vítores. Y aunque pretende acabar con los males del país, ofreció no ser juez sino conciliador. Puso sobre la mesa la política de “punto final”, a lo que la bancada del PAN respondió con un rotundo “¡noooooo!” Abarrotado el recinto de San Lázaro, el tabasqueño se apropió del escenario. El PRI que combatió replegado, respetó la ceremonia republicana y acaso dio débiles gritos de apoyo a Peña Nieto en su despedida. El PAN, que por momentos parecía lleno de ira, lo recibió con pancartas, exigencias y reclamos para acabar lo que ellos mismos echaron a andar: el aumento al precio de las gasolinas. El PRD, partido que él, Muñoz Ledo y Cárdenas Solórzano (testigo de la ceremonia desde el palco de invitados especiales) construyeron, ahora estaba totalmente desdibujado. En el otro extremo, la izquierda del recinto, sus compañeros de la larga campaña presidencial de 12 años: el PT, sus nuevos aliados del PES y Morena no cabían de gozo. “¡Sí se pudo, sí se pudo!”, coreaban exultantes.El ambiente era de fiesta para la nueva mayoría y de prudencia para el PRI, al cual se aludió una y otra vez, pero a final de cuentas uno con el PAN en su caminar por el neoliberalismo. ELIMINACION DEL FUERO La eliminación del fuero presidencial inició con el envío de la iniciativa al Senado de la Republica, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa matutina, se refirió a su compromiso por erradicar los privilegios y aseguró que el proyecto plantea que un presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, incluida la corrupción. Expuso, a manera de antecedente histórico que, desde la Constitución de 1857, el presidente sólo podía ser procesado por traición a la patria y delitos electorales, pero estos últimos fueron eliminados en la Constitución de 1917. “Se termina la impunidad”, dijo.Además, se mostró esperanzado en que la reforma pase en el legislativo. El fuero, la inmunidad presidencial en México es hasta ahora de orden constitucional, lo que impide que un presidente en funciones o un expresidente puedan ser juzgados por delitos cometidos durante su ejercicio. Entre otros casos, uno de los destacados ocurrió en 2011, cuando una corte en Estados Unidos conoció la masacre de Acteal y el gobierno de Feli- pe Calderón envió una nota diplomática informando de la inmunidad presidencial a fin de que no se sometiera a juicio al expresidente Ernesto Zedillo, lo que efectivamente ocurrió. La protección constitucional a los presidentes hace imposible procesarlos como ha ocurrido en otros países en los años recientes. PRIMER CONFRONTACION Los jueces del país se preparan para equilibrar el poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su mayoría en el Congreso de la Unión. La pretensión del nuevo gobernante y los legisladores de Morena para reducir los sueldos y prestaciones en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y disponer de su permanencia en los tribunales, tiene movilizados a los impartidores de justicia en todo el país, apoyados desde la Suprema Corte. Como nunca antes había ocurrido en la historia moderna de México, el PJF se dispone a actuar para reivindicar el equilibrio de poderes, su independencia y su autonomía ante lo que el ministro saliente José Ramón Cossío Díaz consideró el 29 de noviembre como un gobierno que quiere hacer “lo que le venga en gana”. En una acción sin precedente, centenares de jueces y magistrados promueven un amparo colectivo que más allá de su rechazo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, representa la posición del PJF ante el gobierno de López Obrador y la mayoría que tiene en el Congreso. Aseguran que el nuevo Ejecutivo, apoyado por esa mayoría, pretende cooptar al Poder Judicial para disminuir los controles a la concentración de poder. Hasta el viernes pasado (30 de noviembre), más de 614 titulares de juzgados y tribunales federales del país se habían adherido a la propuesta de amparo colectivo contra las reformas a la Ley de Remuneraciones, mientras que otros jueces ya han solicitado la intervención directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que se concrete la reducción de sus ingresos. Además, López Obrador está en condiciones de influir en el perfil de la SCJN con la designación de tres de sus 11 ministros. En lo inmediato está el reemplazo de Cossío, quien hace unos días terminó su periodo de 15 años en la SCJN. El saliente gobierno de Enrique Peña Nieto dejó al de López Obrador la definición de la terna que se debe entregar al Senado para designar al próximo ministro. En febrero el presidente estará otra vez en condiciones de proponer a quien habrá de suceder a la ministra Margarita Luna Ramos. Lo mismo pasará en 2021, cuando termine el periodo de José Fernando Franco González Salas. Con la mayoría que tiene Morena en el Senado se da por casi un hecho que los nuevos ministros sean cercanos al presidente. Entre los nombres que se han hecho públicos como propuestas de López Obrador para posibles ministros destaca el de la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y esposa del contratista José María Riobóo, uno de los empresarios más cercanos al nuevo presidente. La redefinición en la SCJN también pasa por un hecho próximo: la designación de quien será su nuevo presidente, que al mismo tiempo se convierte en presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Quien sea el máximo representante del PJF será el interlocutor de López Obrador durante cuatro años, entre enero de 2019 y enero de 2023. Será además quien dé la cara ante las impugnaciones que lleguen a la SCJN por los actos de gobierno de López Obrador. Proyectos centrales para la nueva administración, como la creación de la Guardia Nacional, las consultas populares o la construcción del Tren Maya, podrían acabar en juicios constitucionales a cargo del máximo tribunal del país. Ya hay una primera, la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) precisamente a la Ley de Remuneraciones.

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