Entraron en vigor nuevas leyes migratorias

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Dallas, Tx.- Como parte del combate a la inmigración ilegal por parte del presidente Donald Trump, el pasado lunes entraron en vigor nuevas y más severas leyes migratorias que harán casi imposible que los indocumentados –sobre todo aquellos que integran las masivas caravanas, incluidos menores de edad– puedan recibir algún tipo de beneficio migratorio.

Desde inicio de esta semana la Administración Trump comenzará a devolver a sus países de origen a niños no acompañados, al aplicar las nuevas restricciones de asilo en la frontera sur,  según afirmaron funcionarios de alto rango de los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Durante una conferencia telefónica con periodistas, los funcionarios del DHS, y otro del Departamento de Justicia, explicaron la puesta en marcha del entrante reglamento, emitido el pasado 16 de julio, que prohíbe el acceso al asilo a decenas de miles de migrantes que primero hayan pasado por otro país antes de llegar a la frontera sur.

El reglamento, indicaron los funcionarios, se aplicará de forma retroactiva al pasado 16 de julio, y las autoridades de Inmigración regresarán a todo migrante que no pueda demostrar que pidió asilo en otro país.

Las autoridades también devolverán a niños migrantes que lleguen a la frontera sin sus padres, aunque los niños no acompañados tienen ciertos beneficios y protecciones bajo las leyes federales.

La restricción “no aplica si el extranjero demuestra que solicitó protección de persecución o tortura, y recibió una adjudicación de su caso en los terceros países por donde transitaron”, explicó uno de los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Si esos países les niegan la protección, entonces los migrantes podrán solicitar asilo, siempre y cuando demuestren que hicieron la petición en otro país, agregó el funcionario.

En todo caso, el extranjero “tiene derecho a pedirle a un juez de Inmigración que revise su decisión”, en caso de que la solicitud sea rechazada, dijo el segundo funcionario del DHS.

“REAJUSTE

UNILATERAL”

La medida -calificada como un “reajuste unilateral” a la política de asilo de EU- es aparte de los esfuerzos dentro del programa “Quédate en México”, mediante el cual el actual gobierno estadunidense obliga a los solicitantes de asilo a aguardar la resolución de sus casos de asilo en suelo mexicano.

Desde enero pasado y hasta el pasado 1 de septiembre, EU había devuelto a México a poco más de 42,000 migrantes.

Según los funcionarios, la nueva restricción ayudará a “mejorar la capacidad del sistema de asilo humanitario”, e insistieron en que la prioridad de la Administración es “desarrollar una solución duradera a los asuntos de migración”.

Agregaron que la restricción ayudará a las autoridades de Inmigración a centrarse únicamente en las solicitudes con posibilidades de ser aprobadas.

En la actualidad, los tribunales de Inmigración afrontan un atasco de cerca de 400,000 solicitudes de asilo, y las decisiones pueden tomar varios años. La Administración Trump ha dicho que quiere combatir el fraude en las solicitudes de asilo.

Los funcionarios convocaron a la conferencia telefónica un día después de que el Tribunal Supremo diera luz verde para que la Administración Trump aplique la nueva restricción de asilo mientras los tribunales estudian su legalidad.

Grupos cívicos, religiosos y defensores de los inmigrantes, sin embargo, han denunciado que la restricción no sólo viola las leyes de EU sino también el derecho internacional.

La ley estadunidense vigente, por ejemplo, permite que las personas soliciten asilo en la frontera, sin importar por dónde entraron.

AUDIENCIAS

EN CARPA

21 de los inmigrantes forzados a esperar en México su audiencia ante un tribunal migratorio estadunidense pudieron acudir el pasado lunes a una de las cortes en carpas ubicadas en Laredo, Texas. Es el inicio de las audiencias en este tipo de instalaciones móviles.

Las más de dos decenas de personas llamadas a corte hicieron fila en México para cruzar la frontera y presentarse a sus citas, según The Associated Press. La mayoría de ellos eran centroamericanos aunque también habían dos cubanos.

Sin embargo, las autoridades migratorias prevén atender en la corte de Laredo a 200 migrantes al día. Las audiencias en la localidad fronteriza serán atendidas mediante videoconferencia por un juez de San Antonio.

Actualmente, unos 42,000 inmigrantes esperan en México después de haber tratado de solicitar asilo en Estados Unidos gracias a la política de Donald Trump conocida como “Permanecer en México“. La medida, ampliamente expandida tras el acuerdo migratorio entre México y EU, ha recibido fuertes críticas porque los inmigrantes se ven obligados a esperar en peligrosas ciudades.

SECUESTRAN A

PADRE E HIJO

David y su hijo fueron dos de los 42,000 inmigrantes que se calcula que Estados Unidos a enviado a México bajo la política del presidente Donald Trump Protocolos de Protección al Migrante. Esta medida, también conocida como “Permanecer en México” fuerza a quienes quieran solicitar asilo en EU a quedarse en una ciudad fronteriza mexicana mientras llega la cita de su audiencia ante un tribunal migratorio.

David, según Vice News, lloró al agente fronterizo que los acompañaba hasta México ya que “en este país, donde estamos, secuestran a mucha gente”. Unas horas más tardes, un cártel del narcotráfico rodeó al grupo de migrantes en el que estaban David y su hijo y los metieron a la fuerza en un camión.

“Los están enviando a un lugar muy peligroso”, dijo Laura, la hermana de David. Y, efectivamente, las políticas de asilo de Trump han venido bien a los poderosos cárteles de la droga, que aprovechan la vulnerabilidad de la migración para sobornar a los familiares. Piden miles de dólares para soltar a sus seres queridos.

David, nombre ficticio que usa Vice News en su reportaje, acusa de mentir a los agentes estadunidenses con los que habló antes de su secuestro. “Nos dijeron que nos iban a llevar a un refugio, pero mintieron“, compartió el hombre. Él, su hijo y uno docena más de migrantes cayeron entre las garras del crimen organizado cuando se habían alejado tres millas de la frontera.

Antes de eso, las autoridades migratorias mexicanas habían ofrecido a David y a otros 120 migrantes la posibilidad de pagarles un viaje en bus para que volvieran a Tapachula, en la frontera con Guatemala. Si tomaban la oferta, no podrían volver a sus citas con el tribunal migratorio de EU. Si la rechazaban, se quedarían en Nuevo Laredo bajo su propio riesgo.

David, indica el citado medio, decidió quedarse con su hijo en una de las ciudades más peligrosas de México, donde el crimen organizado campa a sus anchas. El hombre, sin teléfono ni dinero, intentó por todos los medios contactar con su hermana Laura (también nombre falso) desde la oficina migratoria.

Desde el celular de un hombre que estaba en dicha oficina y que se identificó como agente migratorio, David contactó con Laura, que vive en EU. El supuesto agente, que vestía la camiseta blanca de los funcionarios de migración mexicano, también dijo a Laura que era un oficial y ofreció su cuenta bancaria para que ella depositara allí el dinero que el hermano necesitaba. Esa misma noche, Laura recibió una llamada en la que otro hombre le informaba que le habían entregado a su hermano.

David cree que los agentes los agentes fronterizos nunca tuvieron la intención de ayudar. De hecho, denuncia que “ellos los entregaron a los cárteles“. “No les importan si te matan o no”, sentencia David en su conversación con Vice. Sin embargo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard asegura que el secuestro de migrantes no es “un fenómeno masivo”.

Los secuestradores de David le quitaron las poca pertenencias que tenía, incluso los documentos que las autoridades migratorias estadunidenses le habían dado de cara a su audiencia en la corte, prevista para diciembre. Durante el secuestro, amenazaron a David con extraer uno de los riñones de su hijo. También vio como baleaban a uno de sus compañeros cuando intentó huir.

Laura, la hermana de David reunió algo de dinero para pagar la libertad de su hermano y su sobrino. La mujer, que gana unos $10 dólares la hora por su trabajo en una fábrica, consiguió unos miles de dólares de familiares pero no era suficiente para los secuestradores. Aún así, le pidieron que solicitara el dinero y llevaron a su hermano y a su sobrino a una estación de autobús. Allí los soltaron bajo la amenaza de matarlos si decían algo.

David dijo a Vice que al menos diez menores quedaron privados de su libertad cuando el y su hijo abandonaron el lugar.

DEMANDAN

LEY DE TRUMP

Miembros de la organización CASA presentaron dos demandas contra una norma que permite rechazar los permisos de residencia a los inmigrantes que las autoridades consideren se han convertido en una “carga pública” para el país.

Mónica Camacho y Ángel Aguiluz, en representación de los 100,000 miembros de CASA, interpusieron los recursos ante un juez federal en Maryland, cuya decisión puede tener impacto nacional.

“Las dos piezas buscan impedir la implementación (de la norma)”, dijo a el director de Programas y Servicios de Casa, George Escobar, quien indicó que uno de los recursos es “contra los méritos legales” de la norma, por lo que busca su anulación definitiva, y el otro persigue que se detenga su implementación, prevista para el próximo 15 de octubre.

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Escobar indicó que esa norma, que estuvo abierta a discusión pública entre octubre y diciembre pasado, recibió más de 200,000 comentarios en contra.

“Es un reglamento sumamente ridículo porque la gente afectada nada más es aquella que ahorita está recibiendo este beneficio” social, agregó Escobar, al señalar que puede alcanzar a quienes “en el futuro tenga la posibilidad de aplicar” una modificación de su visado para una residencia.

El activista se quejó de que esta norma está basada en la discriminación “contra inmigrantes de bajos recursos y limitando su habilidad de ajustar su estatus” migratorio.

Ya el pasado 27 de agosto, una coalición de cinco fiscales generales, liderada por el procurador de California, Xavier Becerra, pidió a un tribunal que detenga la aplicación de la regla de “carga pública”, mientras se resuelve una demanda contra la norma.

Con esta acción legal, Becerra y los fiscales de Pennsylvania, Oregon, Maine y el Distrito de Columbia, esperar detener la regla que a partir del 15 de octubre hace no aptos para obtener la residencia permanente a los inmigrantes que hayan recibido ciertos beneficios públicos.

La Administración de Trump presentó el pasado 12 de agosto una normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país.

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Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos, entre otros.

Con esta nueva norma, el Gobierno de Trump reducirá también la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de las “green card”  o de algunos visados.