Arrecia apoyo a DACA y el TPS

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Dallas, Tx.- En los últimos cinco meses, que corresponden al actual año fiscal 2020, la administración del presidente Donald Trump ha deportado a más inmigrantes de los que han intentado cruzar la frontera de México a Estados Unidos y han sido detenidos.

De acuerdo con datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), son casi 14,000 inmigrantes más los que han sido expulsados del país en comparación con los detenidos por la Patrulla Fronteriza.

De octubre a febrero fueron 202,228 los detenidos en la frontera mientras que las deportaciones ascendieron a 216,132.

El DHS atribuyó esta tendencia a la eliminación de la práctica “catch and realease” (atrapados y liberados) que se llevaba a cabo en la frontera cuando era detenido un indocumentado y regresado casi de inmediato a México, lo que permitía un nuevo intento de cruce por parte del migrante.

El jefe de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan, indicó que durante el mes de febrero continuó la tendencia a la baja de familias que llegan a la frontera procedentes de Centroamérica al registrarse una baja del 92% en comparación con mayo del 2019, cuando llegó la mayor cantidad de migrantes en caravana.

Las cifras reflejan lo que el gobierno de Trump considera un éxito al cumplir con el objetivo principal de reducir el flujo migratorio de familias centroamericanas.

VUELO DE LA

DEPORTACION

Desde el pasado 19 de diciembre más de 900 mexicanos han abordado “el avión de la deportación” como parte de la Iniciativa de Repatriación al Interior (IRI).

Muchos mexicanos que son deportados a las ciudades fronterizas, como se hace habitualmente, deciden volver a cruzar a Estados Unidos, por lo que de esta forma se les dificultaría.

Además de reducir la reincidencia de indocumentados que ingresan a Estados Unidos y evitar exponerlos a la violencia que se vive en las ciudades fronterizas, las autoridades de inmigración aseguran que el objetivo es regresarlos al interior de su país de forma segura, humana y rápida.

Mientras tanto, los vuelos de deportación en la ruta Tucson-Guadalajara se estarán llevando a cabo de forma continua conforme se requiera, informó ICE.

Al deportarlos a una zona más cercana a su lugar de origen, señala ICE, existe una mayor probabilidad de que se reintegren a sus comunidades en lugar de ser víctimas de la trata de personas o de otros delitos.

Es el programa de deportación masiva por la vía aérea que acordaron los gobiernos de México y Estados Unidos para llevar a los inmigrantes a una zona más cercana a su lugar de origen y de ahí continúen el retorno a casa.

Los vuelos despegan cada semana del aeropuerto de Tucson, en la frontera de Arizona, con destino a la ciudad de Guadalajara, en el centro de México.

Las deportaciones masivas de mexicanos a través de la IRI fueron reactivadas a final del 2019 con vuelos semanales custodiados por agentes de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Desde entonces 920 mexicanos han llegado a Guadalajara en el viaje de expulsión patrocinado por la unidad de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) de ICE.

Al aterrizar en su país, el gobierno de México se hace cargo de ofrecerles transporte a sus lugares de origen, según el plan acordado.

TPS: JUEGO

DE TRUMP

A raíz del reporte que en noviembre publicó el Comité de Relaciones Exteriores del Senado a cargo de Bob Menéndez, el cual revela las motivaciones políticas del presidente Donald Trump para eliminar el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), más de 50 organizaciones demandaron llevar a cabo una investigación sobre las intenciones del mandatario que consideran son antiéticas y posiblemente ilegales.

Los grupos defensores de los derechos civiles enviaron una carta al Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes en la que exponen su preocupación por los planes del gobierno federal para acabar con el programa migratorio que ampara a unos 400,000 inmigrantes de El Salvador, Honduras y Haití.

Quitar la protección humanitaria a los refugiados de estos tres países, señalan, conducirá a la separación forzada de las familias, ya que alrededor de 273,000 niños estadunidenses quedarían sin sus padres que están bajo el TPS, menores que serían carne de cañón para las pandillas que operan en Centroamérica, como las infames MS-13 y Calle 18.

La administración Trump también contempla despojar del TPS a los originarios de Nicaragua, Sudán y Nepal, según el informe del senador Menéndez, el cual está basado en comunicaciones entre funcionarios y diplomáticos, quienes advierten al gobierno federal de las graves consecuencias que tendría el eliminar el programa.

La misiva refiere los peligros a los que se enfrentarían los inmigrantes de esos países en caso de que les quiten el TPS y sean deportados citando un reciente reporte de Human Rights Watch (HRW) que documenta más de 200 casos de salvadoreños que luego de ser deportados fueron víctimas de la violencia de las pandillas, de los cuales al menos 138 fueron asesinados, otros fueron torturados y algunos más se reportan como desaparecidos.

“Con pleno conocimiento de estas consecuencias, los funcionarios designados políticamente por la administración Trump no sólo han avanzado con sus planes de terminar el TPS, sino que aceleraron los tiempos para que El Salvador, Honduras y Haití, entre otros, se alineen mejor con la campaña de reelección de Trump”, señala la carta.

PROTEGEN A

DREAMERS

Senadores republicanos se reunieron con el presidente Donald Trump para evaluar la posibilidad de impulsar un proyecto de ley que proteja de la deportación a miles de jóvenes beneficiados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en caso de que la Suprema Corte de Justicia decida eliminar el programa.

Al finalizar la reunión, el senador Lindsey Graham (R-Carolina del Sur) declaró que el presidente Trump considerará la propuesta  sólo si los magistrados eliminan de forma definitiva el programa DACA.

“Mi conclusión es que si la Corte Suprema le da la razón al presidente (para acabar con DACA), no vamos a permitir que las vidas de esta gente den un vuelco”, dijo Graham a la cadena Fox News.

“Lo que vamos a hacer es intentar impulsar un paquete de iniciativas que protejan a la población de DACA, pero que también solucionen este sistema que está tan descompuesto, veremos lo que pasa cuando llegue ese momento”, agregó el senador en referencia a los tiempos programados por la Suprema Corte para resolver el caso.

La decisión de los magistrados sobre DACA podría emitirse en junio próximo.

La Casa Blanca no quiso hacer comentarios sobre la reunión, la cual no estaba en la agenda pública de Trump y en la que participaron algunos de los senadores republicanos más conocidos por su línea dura en materia de inmigración, como Tom Cotton y David Perdue, además de Mike Lee, Ted Cruz, Kevin Cramer y Martha McSally.

Graham aseguró que el presidente no parece dispuesto a firmar una ley que únicamente proteja de la deportación a los “dreamers”, sino que quiere aprovechar la ocasión para extraer de la oposición demócrata alguna medida más para reformar el sistema migratorio, lo que promete dificultar cualquier acuerdo en un año electoral.

En enero de 2018, Trump ya ofreció una vía a la ciudadanía para 1.8 millones de jóvenes indocumentados -más de los 700,000 amparados por DACA- a cambio de ciertas reformas al sistema de inmigración legal y de $25,000 millones de dólares en una década para construir el muro fronterizo.

La negativa de los demócratas a concederle fondos para el muro y la inflexibilidad de Trump al respecto impidieron cualquier avance en las negociaciones sobre DACA, por lo que los beneficiados con la acción diferida, que en 2012 decretó el entonces presidente Barack Obama, quedaron en un limbo.

“El presidente ya puso sobre la mesa una oferta para que 1.8 millones de personas que se ajustan al perfil de DACA puedan tener una vía a la ciudadanía, pero quiere conseguir algo para hacer frente al problema que persiste en la frontera”, recalcó Graham.

Datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) indican que al 30 de junio de 2019 un total de 660,880 inmigrantes estaban amparados por el programa DACA, de los cuales 529,760 eran de origen mexicano, seguidos por 25,350 salvadoreños y 17,260 guatemaltecos.