Denuncian estafas a familias migrantes En la compra de casas

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Nota Novedades News Con información de agencias
Dallas, Tx.- Ante el constante fraude cometido en Dallas contra familias migrantes indocumentadas en la compra de una casa, lideres y organizaciones comunitarias demandaron de las autoridades locales llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de estos lucrativos delitos. Aunque resulta difícil precisar la cantidad de personas sin residencia legal que son víctimas de este tipo de fraudes al no denunciarlos por temor a ser deportados, los expertos y grupos pro migrantes aseguran que la cifra de estas estafadas asciende a decenas de miles de dólares. Por lo tanto, lanzaron un llamado a las familias engañadas: “Deben denunciar ante las autoridades correspondientes a todas esas compañías o personas inescrupulosas que cometan fraude en la venta de un casa”. Y aclararon: “Las autoridades no van a detener a esas familias denunciantes por ser indocumentadas, debido a que no tienen nada que ver esos casos de estafas con inmigración”. “No le pasará nada.
a las personas que acusen a esos delincuentes y, por el contrario, podrían recuperar todo o parte de lo que invirtieron”. Uno de esos casos acaparó las principales páginas de la prensa local: “Nadie debería comprar esta casa”, se escuchó decir a una de las mujeres. La licitación de una casa comenzó en $12.500. Un hombre de la multitud ofertó $15.000 – dinero presentado personalmente por el Dallas County District Attorney, Faith Johnson. Pero el hombre fue rápidamente superado por una pareja, y luego una mujer joven. Todos ellos apostaban cada vez más alto. Finalmente, la joven ganó la casa por 37.000 dólares. El hombre con el cheque era Anthony Bond, un activista de la comunidad. Su esperanza había sido salvar el hogar de una familia de nueve miembros que pusieron su fe en un hombre acusado de ser un estafador. Ahora, esa familia perdía todo. José Inés Palma y su esposa, Dalia, vinieron a Dallas hace 15 años desde Acapulco, México. Incapaces de obtener el estatus legal, se quedaron en Estados Unidos como inmigrantes indocumentados. Palma, de 43 años, es un trabajador de la construcción, pero quería dar a sus hijos la oportunidad de una mejor educación, una vida mejor. Durante años, la familia vivía apretada en un apartamento. Pero en febrero de 2015, Palma navegaba en Craigslist y encontró la casa en la cuadra 1700 de Pine Street, por 8,500 dólares. Estaba emocionado. Aunque la casa estaba en malas condiciones, era una buena oferta. Podía renovarla con sus hijos poco a poco, y su familia tendría un hogar agradable.
INICIO LA ESTAFA Cuando Palma respondió al anuncio, el hombre que lo atendió sugirió que se reunieran en el centro en Dallas County Records para firmar los documentos. El hombre dijo que trabajó para B & B Acquisition y que necesitaba un empleado particular del condado, indicó Palma. Cuando el empleado apareció, Palma le dio al hombre un cheque certificado. El hombre entregó a Palma una escritura de garantía firmada por el empleado. Todo parecía oficial. La familia se trasladó a la casa en mayo de 2015. Era poco más que unos muros de ladrillo destruidos y postes expuestos donde deberían existir paredes. No había puertas ni ventanas. No había prácticamente nada, ni drenaje, ni electricidad, sólo basura, botellas vacías y agujas. Cada mañana, Palma salía a trabajar a la construcción alrededor de la ciudad. Por las noches, él y sus hijos trabajaban en su casa. Unos dos meses después de su mudanza, un hombre llamado Courtney Hicks llamó a la puerta y afirmó que era el dueño de la casa, indicó Palma. En ese momento, Palma pensaba que Hicks era un estafador, por lo que no prestó mucha atención. Su familia seguía trabajando en la casa, gastando cerca de $50,000 en renovaciones. Eventualmente, Palma y su vecino, Abel Castro, de 44 años, llegaron a creer que habían sido estafados por la misma persona de Craigslist, y que necesitaban ayuda legal. Encontraron a Lisette Caraballo, una abogada comunitario bilingüe y agente de bienes raíces. Pronto, determinaron que había siete familias que creían que eran víctimas de B & B, como lo demostraban expedientes de la corte. Caraballo aseguró que los inmigrantes indocumentados como Palma a menudo son blanco porque los estafadores saben que esas personas son pobres y pagarán en efectivo. Pero, lo más importante, tendrán miedo de denunciar estos crímenes por temor a la deportación. “Nos vieron vulnerables”, lamentó Palma en español a la prensa local. Caraballo se acercó a algunos abogados sobre el caso, pero ninguno lo aceptó. Eventualmente, uno dio un paso adelante: el exjuez Faith Johnson, quien en breve sería el fiscal del distrito designado por el condado. “Defraudaron a estas familias”, manifestó Johnson. “Son gente trabajadora, honesta y algunos de mis mejores clientes, esperamos que esta gente reciba lo que les corresponde”.
PRESENTAN DEMANDA Johnson no sabía si era capaz de mantener a las familias en sus casas compradas, ya que resultó que los vendedores no tenían derecho a venderlas. Pero tuvo esperanza de que sería capaz de devolverles el dinero que habían puesto en esos inmuebles. La abogada Caraballo presentó una demanda en nombre de las siete familias contra B & B Acquisition, el propietario Hicks, y otros tres: Carl Govan, Darron Brooks y William Brownlee. Johnson también incitó a la Policía a perseguir un caso criminal. Desde que se presentó la demanda, Govan, de 29 años, ha sido penalmente acusado de nueve cargos de robo y ha estado encarcelado desde septiembre. El detenido se ha declarado no culpable. Su abogado no devolvió una llamada para hacer comentarios al respecto. Para el caso fue nombrado como fiscal especial Trey Bunch. Randy Taub, abogado de Hicks, quien es el verdadero dueño de los hogares de Palma y Castro en Pine Street, expresó que su cliente no desempeñó ningún papel en el esquema de fraude y no conocía a ninguna de las personas involucradas. Hicks había alquilado las dos casas, indicó Taub, pero en algún momento sus arrendatarios dejaron de pagar el alquiler y él se atrasó en su hipoteca. Aseguró que unos inquilinos dañaron las casas, lo que fue más duro para que Hicks reparara esos inmuebles o consiguiera arrendatarios que hicieran esos pagos. Hicks se declaró en quiebra, pero su prestamista hipotecario no lo aceptó durante años, dijo Taub. Eso fue lo que permitió a las familias establecerse en dichas casas que en realidad no poseían. -No es un caso criminal aquí -recalcó Taub-. “Es una circunstancia desafortunada, debido a la inacción del prestamista, usted tiene un tipo aquí que está victimizando a la gente”. No hay ningún abogado listado en los registros judiciales de B & B Acquisition, Brooks o Brownlee. Los esfuerzos de la prensa para tratar este asunto han resultado infructuosos. A pesar de que no son los propietarios legales, los Palma informaron que pagaron impuestos sobre la propiedad – alrededor de $ 500 – por los últimos dos años. Tener el sueño de un hogar arrebatado es sólo el último reto para los Palma. El año pasado, uno de los hijos de Palma, Emanuel, y su esposa tuvieron un bebé. La niña, Delilah, nació con encefalocele, un grave defecto de nacimiento que afecta su cerebro.
“QUE DIOS DECIDA” El lunes por la noche, Palma y su familia mostraron su arduo trabajo en la casa, inseguros de lo que la subasta traería a la mañana siguiente. “No es mucho, pero hemos puesto todo lo que teníamos en ella”, expresó Palma. “Es tan injusto.” De pie en la sala, Palma y su familia rezaron para que la persona que comprara la casa estaría dispuesta a dejarlos permanecer como inquilinos. En los escalones del edificio de Justicia, Bond, el activista de la comunidad, explicó la situación de los Palma a la mujer que ganó la casa. “Ellos pensaron que su compra era legal”, le explicó Bond. Se ofreció a hacer un arreglo en el cual la familia le devolvería todo su dinero, más intereses. La mujer, que dio su nombre como Ariana Paz, tiene 24 años y dijo que esta era su primera propiedad, que esperaba alquilar. “No creo que haya mucho que pueda hacer por la familia”, lamentó. La familia comenzó a empacar sus cosas. No tienen adónde ir, y poco dinero. Ellos saben que serán expulsados pronto. “En realidad, no tengo idea de lo que va a pasar”, señaló José Palma con claras muestras de dolor y lágrimas. “Lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios decida”.

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