Arresta ICE a decenas de migrantes en su gran operativo nacional

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Dallas, Tx.- La organización humanitaria Refugees International expresó su preocupación ante la posible deportación secreta de venezolanos por parte del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de terceros países

“Estamos profundamente preocupados por los informes de que la Administración Trump ha estado involucrada en deportaciones secretas de venezolanos desde Estados Unidos a Venezuela a través de terceros países, incluida Trinidad y Tobago“, acusó en un comunicado la portavoz de la organización, Aviva Shwayder.

Refugees International se pronunció después de que el senador demócrata Bob Menéndez reveló que el gobierno de Trump se valió de terceros países para seguir deportando a migrantes venezolanos, una estrategia que le sirvió supuestamente para esquivar una prohibición de vuelos a Venezuela que él mismo decretó en 2019.

Menéndez, de origen cubano y muy crítico con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que las deportaciones se produjeron al menos hasta marzo de este año y aseguró que los vuelos con origen en Estados Unidos hacían escala en Trinidad y Tobago antes de llegar a Venezuela.

Esta ruta buscaba supuestamente esquivar una normativa que el mandatario decretó en mayo de 2019 para impedir cualquier vuelo con destino a Venezuela.

La organización señaló además en su comunicado que el enviado de Washington para Venezuela, Elliott Abrams, reconoció en febrero pasado que habían continuado algunas deportaciones hacia Venezuela.

La nota indicó que Abrams indicó luego en agosto pasado que la Administración de Trump no estaba deportando venezolanos y estuvo de acuerdo en que no era seguro devolver a estas personas a su país de origen.

MENTIRAS Y

DEPORTACIONES

“Estamos de acuerdo con el Representante Especial para Venezuela en que nadie deberá ser devuelto a Venezuela en las condiciones actuales”, apuntó Shwayder.

En ese contexto, instó al Gobierno de Trump a “afirmar que Estados Unidos no está o no deportará venezolanos” y a proveer “información detallada sobre las deportaciones secretas a través de terceros países que han tenido lugar desde mayo de 2019”.

“Trinidad y Tobago, uno de los países presuntamente implicado en esas deportaciones, debería negarse a cooperar en cualquier devolución forzosa de venezolanos por parte de Estados Unidos. De hecho, mediante un proceso de registro el año pasado, Trinidad y Tobago otorgó estatus legal y derecho al trabajo a unos 16,500 venezolanos, pero otros miles siguen en el limbo legal y también se les debería permitir registrarse”, añadió la portavoz de Refugees International.

La suspensión de los vuelos de Estados Unidos a Venezuela se produjo después de que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, rompiera relaciones diplomáticas con Washington después de que, en enero de 2019, Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Venezuela se ha convertido ahora en un tema clave para las elecciones presidenciales de noviembre debido al peso del voto cubano y venezolano en el estado clave de Florida.

Para captar ese voto, Trump ha decretado más sanciones y restricciones a Cuba y Venezuela; mientras que los demócratas del Congreso -entre ellos Menéndez- han pedido al Ejecutivo que otorgue a los venezolanos que viven en Estados Unidos un permiso migratorio para vivir y trabajar en el país, conocido como Estatuto de Protección Temporal (TPS).

DECENAS DE

ARRESTADOS

Más de 170 inmigrantes indocumentados han sido detenidos en el segundo gran operativo nacional de las autoridades federales en una estrategia enfocada en ciudades declaradas “santuario” de inmigrantes, informó el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf.

El plan “Operation Rise” se desarrolló entre el 3 de octubre y el 9 de octubre en Seattle, Denver, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y la capital estadunidense.

Todas estas áreas han aprobado leyes que limitan la colaboración voluntaria de la policía local con la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la aplicación de leyes migratorias, de competencia exclusiva del Gobierno federal.

“Las políticas de ciudad santuario son una amenaza para la Patria y ponen en peligro la seguridad del pueblo estadunidense para que ciertos políticos locales puedan ganar puntos políticos baratos a costa de la vida y la seguridad de los estadunidenses”, recalcó Wolf en la conferencia de prensa.

Esta es la segunda aparición del Secretario en lo que va del mes para anunciar los arrestos, lo que ha sido catalogado por activistas y defensores de inmigrantes como un acto político en plena campaña electoral a favor de la reelección del presidente Donald Trump.

El pasado 7 de octubre, Wolf anunció el arresto de 128 inmigrantes en el curso de una redada de cinco días en California, que se enfocó principalmente en las áreas de Los Ángeles y San Diego, y cargó contra estas normas.

A pesar de las acusaciones de los defensores de los inmigrantes, Wolf ha defendido sus acciones diciendo que “la política no prevalecerá antes que la seguridad al hacer cumplir la ley y mantener seguros a nuestros ciudadanos”.

SEGUIRAN

LAS REDADAS

Wolf ahondó al decir que el año fiscal pasado, más del 80% de las personas arrestadas por ICE tenían condenas penales o cargos pendientes.

“A nivel nacional, aproximadamente el 86% de todas las personas arrestadas por ICE durante el año fiscal 2019 tenían una condena penal, un cargo penal pendiente, habían reingresado a los EU después de haber sido expulsados previamente o eran fugitivos de inmigración sujetos a una orden final de expulsión”, agregó.

A su turno, el director interino de ICE, Tony Pham, ratificó que los agentes se preparan y entrenan para llevar a cabo una nueva regla.

El cuestionamiento de la prensa se refería a la entrada en vigencia de una nueva medida que permitiría las deportaciones aceleradas en todo el país.

El objetivo de esta nueva regla serían los indocumentados que hayan estado viviendo menos de dos años del país, y que no estén en espera de ninguna petición a las cortes de inmigración o el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

Wolf advirtió que Operation Rise aún continúa y que los residentes de las ciudades santuario deben esperar mayor visibilidad en sus comunidades de agentes del ICE.

Desde su llegada al poder el presidente Trump y su gobierno han llevado a cabo una batalla contra las ciudades “santuario”, aunque sin mucho éxito hasta ahora.

AUMENTO

SALARIAL, NO

Un conglomerado de empresas de tecnología presentó una demanda en contra del gobierno del presidente Donald Trump por el incremento de los salarios mínimos a ofrecer a trabajadores con visa H-1B.

La demanda presentada en Nueva Jersey es contra la regla de aumento salarial del Departamento de Trabajo, la cual marca que las empresas deberán pagar hasta un 50% más.

Los demandantes en el caso incluyen a ITServe Alliance, una asociación de empresas de tecnología en Estados Unidos y otras siete empresas.

Se trata de la primera demanda que impugna los recientes aumentos impuestos por el DOL que entró en vigencia el 8 de octubre.

Los quejosos indican que la regla se implementó sin el período de notificación correspondiente y sin posibilidades de comentarios públicos.

Los incrementos varian por estado, ya que sería un 47 por ciento para el rol de desarrolladores de software en Texas.

En California, el aumento salarial para los trabajadores H-1B aumentó en un 40 por ciento.

Las empresas acusan que el impacto monetario en sus negocios será importante y les resultará “difícil contratar mano de obra calificada en Estados Unidos”.

La demanda argumenta que la decisión del DOL no consideró datos, hechos y estudios empíricos relevantes y califican de “arbitraria” y “caprichosa” la decisión.

La Administración Trump implementa varios cambios en sus políticas de visas de trabajo, en concordancia con órdenes ejecutivas que buscan aumentar la contratación de estadunidenses, aunque para algunas áreas no hay especialistas calificados suficientes.

CESE A LAS

DEPORTACIONES

Más de 200 organizaciones gremiales, religiosas, legales y de derechos civiles pidieron al presidente Donald Trump y a su rival demócrata Joe Biden que prometan que, desde el primer día del futuro Gobierno, actuarán para impedir la deportación de unos 2.2 millones de inmigrantes.

Trump, de 74 años de edad y quien busca la reelección el 3 de noviembre, aparece a la zaga con una desventaja de unos 10 puntos porcentuales en la competencia por votos con Biden, de 77 años. Quien sea ganador iniciará su mandato el 20 de enero de 2021.

En la carta enviada a Trump y publicada por la revista Forbes, las organizaciones señalaron medidas que ha tomado el gobierno republicano de Trump que amenazan la situación de cientos de miles de extranjeros ahora amparados por un estatus de protección temporal (TPS), y la designación de países para ese programa.

En una carta parecida enviada a Biden, los grupos hicieron mención a las promesas en favor de los inmigrantes contenidas en la plataforma política del exvicepresidente, y en la carta a Trump señalaron los cambios de normas del TPS que perjudican a los beneficiarios del programa.

A ambos, los firmantes pidieron que “en el primer día de su mandato” decreten una postergación de las deportaciones y el comienzo del trabajo legislativo para dar una solución permanente a la situación de cientos de miles de inmigrantes.

Mientras que la carta a Biden está dirigida a una casilla postal en Filadelfia (Pennsylvania) donde se domicilia el candidato demócrata, la misiva a Trump está dirigia a Trump Tower, en Nueva York.

“Reconocemos su compromiso actual con el TPS para Venezuela, una revisión de otros países para posibles designaciones de TPS, y el empeño por crear una senda legislativa a la ciudadanía para todos los inmigrantes, tal como lo delinea su plataforma”, indicó la carta a Biden.

“Sin embargo estos compromisos son insuficientes”, añadió. “Si es elegido presidente, usted tendrá atribuciones para proteger a estas poblaciones desde el primer día, y le pedimos que ejerza esa autoridad”.

RIESGO

GRAVE

Los firmantes señalaron que, bajo las normas establecidas por el gobierno de Trump, hay más de 400,000 beneficiarios de TPS de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán que corren “un riesgo grave de perder sus permisos de trabajo y la protección de la deportación”.

Las cartas detallaron que unas 14,200 personas de las Bahamas, 750,000 de El Salvador, 600,000 de Guatemala, 100,000 de Haití, 200,000 de Venezuela y 54,900 de Nicaragua, entre otros grupos, podrían recibir el amparo de TPS de acuerdo con la ley.

“Le urgimos a que use un decreto de postergación de deportaciones desde el primer día de su presidencia a fin de dar protección interina mientras su gobierno trabaja en las designaciones TPS y busca una senda legal para la ciudadanía”, indicó la carta a Biden.

“La necesidad de alivio legal para estas personas es grave e inmediata”, señalaron los firmantes. “Millones de personas que no son ciudadanos de Estados Unidos no estarán seguras sin una protección inmediata, ni serán capaces de trabajar y sustentar a sus familias en los primeros meses de su gobierno”.