Culpan a Abbott y Trump por la trágica muerte de 50 inmigrantes

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Urge Beto O’Rourke la aprobación de una Reforma Migratoria 

Nota Novedades News 

 

Dallas, Tx.- Tras aplicar severas políticas de verdadera “cacería de indocumentados”, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott y el expresidente Donald Trump fueron acusados por el gobierno federal y diversas organizaciones por la muerte de 50 inmigrantes en hechos sucedidos el pasado lunes.

El mandatario Joe Biden criticó la “grandiosidad” cuando Abbott culpó al presidente del país por el fallecimiento dentro de un tráiler de medio centenar de indocumentados localizado en la periferia de San Antonio (Texas).

Los defensores de los inmigrantes, por su parte, atribuyeron estas muertes a las políticas de seguridad fronteriza de línea dura de Abbott y Trump, mientras Beto O’Rourke, candidato demócrata a la gubernatura tejana, exigió una reforma migratoria.

En información de último momento, se indicó que ya hay tres detenidos por este trágico acontecimiento. De los migrantes que encontraron la muerte dentro del llamado “cajón del infierno”, 22 son de origen mexicano, 2 guatemaltecos, 7 hondureños y los 17 restantes no se ha determinado su nacionalidad.

Luego de dada a conocer la dramática noticia, Abbott culpó rápidamente al presidente Biden después de que 50 inmigrantes murieran en un camión con remolque cerca de San Antonio, incluso cuando los defensores de los inmigrantes responsabilizaron de los hechos a las propias políticas de línea dura de Abbott, afirmando que obligan a los inmigrantes desesperados a poner sus vidas en manos de contrabandistas sin escrúpulos.

“Estas muertes son por culpa de Biden”, dijo el gobernador tejano en Twitter. “Son el resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas, que muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley”.

BIDEN 

RESPONDE 

“Es vergonzoso explotar a personas vulnerables para obtener ganancias, al igual que la fanfarronería política en torno a la tragedia”, aseveró Biden en un comunicado emitido poco después de aterrizar en Madrid para asistir a una cumbre de la OTAN.

Al calificar las muertes de «horrorosas y desgarradoras», el Presidente agregó que «este incidente subraya la necesidad de perseguir a la industria de contrabando criminal multimillonaria que se aprovecha de los migrantes y provoca demasiadas muertes inocentes».

La Casa Blanca promocionó una campaña contra el contrabando con México y otros, con 2400 arrestos en los últimos tres meses.

Abbott, que se postula para un tercer mandato en noviembre, ha hecho de la represión de la inmigración ilegal una pieza central de su campaña. Ha inyectado miles de millones en seguridad fronteriza, desplegando la guardia nacional y transportando en autobús a miles de solicitantes de asilo a la capital de la nación, para señalar que no son bienvenidos en Texas y tratar de avergonzar a Biden.

REACCION 

EN DALLAS 

En la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, el presidente nacional Domingo García de Dallas afirmó que las políticas de línea dura de los republicanos y la resistencia a los programas de trabajadores invitados y un sistema de inmigración actualizado han acelerado la dependencia de los migrantes de los contrabandistas.

“La política del presidente Trump y el gobernador Abbott para construir el muro, deportarlos a todos y la Operación Lone Star han sido fracasos abismales”, acusó García, exigiendo reformas bipartidistas para evitar futuras tragedias al normalizar el flujo de personas que buscan trabajo exigido por EU. “También es hora de que los políticos de Austin dejen de usar a los inmigrantes como piñatas políticas y comiencen a tratarlos como personas en esta crisis humanitaria, no como un problema policial”.

Miles de migrantes han muerto en las últimas décadas intentando cruzar la frontera de Estados Unidos desde México, algunos solos en el desierto, otros escondidos, atrapados y abandonados en camiones sobrecalentados.

NEGRA 

HISTORIA 

Diez migrantes murieron en 2017 luego de quedar atrapados dentro de un camión estacionado en un Walmart en San Antonio. En 2003, los cuerpos de 19 migrantes fueron encontrados en un camión sofocante al sureste de San Antonio.

El retador de Abbott, el excongresista de El Paso Beto O’Rourke, calificó las muertes de «devastadoras». Condenó tanto a los cárteles de contrabando como a la falta de creación de un sistema ordenado que los dejaría fuera del negocio.

“Necesitamos una acción urgente: desmantelar las redes de contrabando de personas y reemplazarlas con vías ampliadas para la migración legal que reflejen nuestros valores y satisfagan las necesidades de nuestro país”, enfatizó O’Rourke.

Además de las muertes, 16 personas fueron hospitalizadas, incluidos cuatro niños. El jefe de bomberos Charles Hood dijo que estaban calientes al tacto y deshidratados, y que no se encontró agua en el remolque. El jefe de Policía William McManus dijo que un trabajador de la ciudad fue alertado de la situación por un grito de ayuda poco antes de las 6:00 p. m. del lunes.

El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, dijo que los que murieron tenían “familias que probablemente estaban tratando de encontrar una vida mejor”.

“Esto no es nada menos que una horrible tragedia humana”, dijo.

El representante Joaquín Castro, demócrata de San Antonio, criticó a Abbott por jugar a la política frente a la tragedia.

“Mueren 46 personas y vas directo a los puntos de conversación de la derecha. Inútil”, tuiteó Castro antes de que aumentara el número de muertos.

Castro dijo que ya había discutido la situación con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien encabezaba la respuesta federal.

“DHS… está trabajando para alertar a sus familias, encontrar a todos los responsables de este crimen e investigar exactamente qué sucedió”, indicó Castro.

URGE LA 

REFORMA 

El representante Marc Veasey, demócrata de Fort Worth, dijo que las muertes resaltan la necesidad de que el Congreso rompa años de estancamiento partidista en materia de inmigración.

“Hay una forma mejor y más segura de abordar este problema que no involucra el contrabando de personas”, tuiteó. “Esto es una crisis. Necesitamos dejar de lado nuestras diferencias para avanzar en soluciones integrales de inmigración”.

Varios republicanos de Texas en el Congreso se unieron a Abbott para señalar con el dedo a la administración Biden.

«Horrendo. Esto… está… INCORRECTO”, tuiteó el senador Ted Cruz, republicano por Texas. «¿Cuántas personas más tienen que morir antes de que a los demócratas les importe?»

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, rechazó las acusaciones de que las políticas de Biden contribuyeron a este incidente “absolutamente horrible y desgarrador”.

“El quid de la cuestión es que la frontera está cerrada, que es en parte la razón por la que se ve a gente tratando de hacer este peligroso viaje utilizando redes de contrabando”, declaró a los periodistas ayer martes a bordo del Air Force One mientras el presidente volaba desde una cumbre del G7 en Alemania, a la reunión de la OTAN en España. “Cuarenta y seis personas murieron en el estado de Texas… Sus familias todavía se están enterando de que perdieron a sus seres amados… Estamos enfocados en ellos, en los hechos y en responsabilizar a los traficantes de personas que pusieron en peligro a las personas vulnerables con fines de lucro”.

Biden estaba recibiendo actualizaciones periódicas, dijo, y agregó que “se han perdido demasiadas vidas en este peligroso viaje. Continuaremos tomando medidas para interrumpir las redes de tráfico de personas que no tienen en cuenta las vidas que explotan y ponen en peligro para obtener ganancias”.

ATAQUE A 

MIGRANTES 

El gobierno de Estados Unidos detuvo los límites a los arrestos de inmigrantes que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para cumplir con un fallo judicial que entró en vigencia durante el fin de semana y que ha dejado a los agentes de deportación en todo el país sin ninguna instrucción oficial sobre qué inmigrantes se deben y no se deben detener, reportó CBS News.

En septiembre de 2021, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ordenó a los agentes de ICE que arrestaran a los inmigrantes que se considera que representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional y a los migrantes que recientemente cruzaron ilegalmente una frontera de EU.

Esas reglas, parte de un esfuerzo más amplio de la administración de Biden para remodelar las funciones de aplicación de la ley de inmigración de ICE, generalmente protegen a los inmigrantes no autorizados que llegaron a EU antes de noviembre de 2020 del arresto y la deportación si no han cometido delitos graves.

Pero funcionarios republicanos en Texas y Luisiana a principios de este mes convencieron a un juez federal de anular esas reglas de Mayorkas bajo la premisa de que carecía de la autoridad para emitirlas.

El juez Drew Tipton, quien fue designado por el expresidente Donald Trump, también dijo que el memorando de Mayorkas se promulgó incorrectamente.

Tipton accedió a pausar su fallo para dar tiempo a la administración para apelar, y el Departamento de Justicia solicitó a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que suspendiera su orden.

Pero la corte de apelaciones no emitió una decisión sobre la solicitud del gobierno antes de que Tipton levantara la pausa en su fallo el sábado por la mañana.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que estaba “totalmente” en desacuerdo con la orden de Tipton, pero que la estaba cumpliendo.

“Durante el proceso de apelaciones, los agentes y oficiales de ICE tomarán decisiones de ejecución caso por caso de manera profesional y responsable, informados por su experiencia como oficiales de la ley y de la manera que mejor proteja contra las mayores amenazas a la patria”, dijo el departamento.

Si bien es poco probable que la suspensión del esquema de priorización de arrestos de ICE coloque a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes no autorizados del país en peligro inmediato de ser arrestados, la ausencia de estándares nacionales podría conducir a acciones policiales inconsistentes en EU, incluidos los arrestos de inmigrantes a quienes los agentes recibieron instrucciones previamente de no detener, dijeron expertos legales.

MILES EN 

CARAVANA 

La nueva caravana migrante, integrada por unas 3,000 personas, en su mayoría de Venezuela, Centroamérica y Haití, que salió desde el municipio mexicano de Tapachula, fronterizo con Guatemala, obtuvo cientos de visas de tránsito al acordar la entrega de esos documentos con autoridades.

La caravana caminó poco más de 42 kilómetros hasta una caseta de migración ubicada en el municipio de Huixtla, donde fueron atendidos por agentes del Instituto Nacional de Migración en grupos de 50 personas.

Las autoridades mexicanas entregaron las primeras Formas Migratorias Múltiples (FMM), documento que acredita la estancia legal en el país y con el que los extranjeros tienen -regularmente- 186 días para poder salir del país y moverse por el territorio mexicano, aunque para este caso tiene una vigencia de 30 días.

Los venezolanos Jonathan Ávila y a su esposa Janeidi, quienes viajan con un bebé de tres meses y otra menor, ya cuentan con ese documento para trasladarse a la frontera norte.

“La caravana fue de gran ayuda porque nos entregaron el permiso, claro que no nos los entregaron a todos, nosotros veníamos en un grupo de siete y al final nos separaron a todos, no sabemos donde están las otras personas”, dijo la mujer.

Pero a pesar del permiso, esta familia, como muchas otras, se encuentra ya sin recurso para comprar alimentos y tampoco tiene para comprar sus boletos de viaje. “En caso de que no podamos comprar boletos o viajar en otros vehículos, nos tendríamos que ir caminando”, expuso Jonathan.

Ávila explicó que el oficial de migración les comentó que con el papel podían circular por todo México y “cualquier funcionario de migración que los detuviera se les enseñara este permiso porque ya estaban registrados en los organismos de migración y que no lo pueden romper porque estarían violando sus derechos”.

El grueso de la caravana se encuentra en la oficina migratoria de Huixtla, y ya han entregado sus cédulas y algunos sus pasaportes para poder tramitar este permiso temporal.

El INM indicó que ha instalado algunos puntos de revisión permanente para evitar que las personas que han quedado rezagadas se trasladen en transporte público y agregó que la entrega de documentos continuará a las personas registradas.

RAZONES 

HUMANITARIAS 

Un grupo de extranjeros solicitaron al gobierno de México que se les otorgue un corredor humanitario con autobuses para poder circular por el territorio nacional, y así puedan llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos.

Este grupo de migrantes que viaja en caravana no busca visas por razones humanitarias, ni permiso de 30 días para transitar en el país, pues han denunciado que las autoridades migratorias rompen los documentos y los regresan a Tapachula de nuevo.

Esta es la segunda caravana migrante más grande en los últimos seis meses que salió caminando en busca de llegar a Estados Unidos, luego de que a principios de este mes unos 15,000 migrantes emprendieran el camino hacia el norte del país, la cual terminó disolviéndose.

La caravana refleja el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.

A inicios de junio, el gobierno mexicano reportó un incremento del 89 % interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77,626 de enero a marzo.

México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, cifras no vistas en casi 15 años, mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre de 2021, la CBP ha contabilizado más de un millón de migrantes interceptados en la frontera sur estadunidense.

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