Advierte ICE de más redadas masivas

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Dallas, Tx.- La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio a conocer el reglamento de “carga pública” que complicará a inmigrantes la obtención de la Residencia Permanente y otro tipo de visas a partir del 15 de octubre, 60 días depués de su publicación.

La regla de 837 páginas se aplica a aquellos que buscan llegar o permanecer en los Estados Unidos a través de canales legales, considerando su posible riesgo para las finanzas del Gobierno federal, ya que la administración del presidente Donald Trump busca que todos los inmigrantes demuestren que pueden ser autosuficientes económicamente, indicó en conferencia de prensa, Ken Cuccinelli, director interino de la agencia.

“La carga pública ahora se define de una manera que garantiza que la ley se aplique de manera significativa y que los que están sujetos a ella sean autosuficientes”, aseveró Cuccinelli.

El documento señala que los extranjeros que podrían ser afectados son aquellos que solicitan beneficios monetarios o en especia durante más de 12 meses durante un periodo de 36 meses. En conferencia de prensa telefónica, una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que dos beneficios aplicados en un mes representarán dos meses a contar en contra del inmigrante que aplique por cambios de estatus.

A pesar de que el Gobierno estima importantes ahorros al implementar la medida, el alto funcionario manifestó que no se tiene una idea todavía de cuánta gente será afectada por esta regla, pero a pregunta expresa del periódico La Raza, USCIS reconoció -según propios datos oficiales- que aproximadamente 4.6 millones de no ciudadanos (23% de todos los no ciudadanos) recibieron beneficios de al menos uno de los programas que se integran.

MILES DE

AFECTADOS

La agencia acotó que la población anual que sería sometida a esta normativa se estima en más de 380,000 extranjeros que solicitan un cambio de estatus.

“Dará como resultado una reducción en los pagos de transferencia del Gobierno federal a las personas que pueden optar por darse de baja o renunciar a la inscripción a un programa”, reconoce la Administración Trump, que estima ahorros de $2.47 mil millones de dólares anuales, cantidad que en 10 años sería de aproximadamente $21,000 millones de dólares considerando una tasa de descuento del tres por ciento, aunque la autoridad indica que no hay reducciones adicionales que no puede calcular.

La regla, que sería publicada ayer miércoles, modifica regulaciones del DHS para determinar si un extranjero que solicita admisión al país o una “green card” es inadmisible en el país bajo la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), bajo el argumento de que en cualquier momento se convierta en una carga pública.

“La regla final también aborda la autoridad del USCIS para emitir bonos de carga pública bajo la sección 213 de la Ley en el contexto de las solicitudes de ajuste de estado”, acota el documento.

Es decir, se pedirá a los extranjeros que buscan extender su estadía en el país o cambiar su estatus que no han aplicado a beneficios públicos de acuerdo a la nueva regla, además de precisar que los beneficios públicos no deben ser “un incentivo” para migrar a los Estados Unidos.

“La carga pública es motivo de inadmisibilidad”, se indica. “Esta regla no se aplica a ciudadanos estadunidenses, incluso si el ciudadano estadunidense está relacionado con un extranjero sujeto a la inadmisibilidad por carga pública”.

CASOS

ESPECIALES

En la polémica medida se agregan disposiciones especiales para casos de miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias y el acceso a Medicaid en ciertos contextos, especialmente de extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas o hasta 60 días después de dar a luz, así como ciertos servicios financiados por Medicaid bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA).

“Esta regla final también aclara que el DHS solo considerará los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero (solicitante) para su beneficio propio o donde el extranjero es un beneficiario”, agrega. “No (se) considerarán los beneficios públicos recibidos en nombre de otro”.

La dispocisión también precisa una consideración especial para inmigrantes que son víctimas del crimen o ayudaron a resolver un delito y llevar a prisión a los culpables, es decir, aquellos que podrían obtener visas U o T, así como casos de asilo y refugiados, o víctimas de violencia doméstica.

En un comunicado, el director interino Cuccinelli defendió la nueva disposición, al considerar que es parte de la INA, pero no tenía una definición clara.

“Durante más de un siglo, el motivo de inadmisibilidad de la carga pública ha sido parte de las leyes de inmigración de nuestra nación. El presidente Trump ha cumplido su promesa al pueblo estadunidense de aplicar la ley de inmigración al definir el motivo de inadmisibilidad de la carga pública que ha estado en los libros durante años”, expuso Kuccinelli. “La autosuficiencia ha sido un principio fundamental del sueño americano. La autosuficiencia, la laboriosidad y la perseverancia sentaron las bases de nuestra nación y desde entonces han definido a generaciones de inmigrantes trabajadores que buscan oportunidades en los Estados Unidos”.

“CASTIGO”:

NEWSOM

Bajo esta nueva regla dada a conocer por la Administración Trump, inmigrantes legales que viven en Estados Unidos serán definidos como una “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

La medida cambia las reglas y procesos que harían más difícil acceder a la Green Card o a la ciudadanía para inmigrantes legales que han usado servicios como asistencia alimentaria (estampillas de comidas), subsidios de vivienda, o programas de salud.

Ante el anuncio el gobernador de California, Gavin Newsom, quien es un ferviente defensor de los derechos de los inmigrantes, arremetió contra Trump por lo que ha definido como un “castigo”.

En un mensaje en Twitter publicado pocas horas después de la rueda de prensa en la Casa Blanca, Newsom afirmó: “Trump ahora está castigando a los inmigrantes que están aquí —LEGALMENTE— obligándolos a elegir entre comida, vivienda, atención médica o estatus legal”, y agregó: “Encerrar a los niños en jaulas, separar a las familias y ahora excluir a las personas de los programas en los que confían para la supervivencia básica… está enfermo. No podemos permitirlo”.

Con esta nueva norma, el Gobierno de Trump reducirá también la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de las “green card” (permiso de residencia permanente) o de algunos visados.

Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una “carga pública” para la Administración, es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.

“A través de la nueva regla de carga pública, la Administración de Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. Pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos”, dijo Cuccinelli.

De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.

La nueva medida, no obstante, no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.

Pero también puede determinar la concesión de un visado legal al cambiar los criterios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la hora de interpretar si un extranjero “es probable que se convierta en cualquier momento en una carga pública”.

De acuerdo al Gobierno, la regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre.

NUEVAS

REDADAS

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara más operativos en lugares de trabajo, como el realizado en Mississippi, donde detuvo a 680 inmigrantes, afirmó el director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, cuestionado al respecto en conferencia de prensa.

“Creo que lo que vieron de ICE hace una semana para hacer cumplir la ley de manera significativa con siete operaciones en todo el estado de Mississippi… es un crecimiento de ICE del año anterior”, aseveró Cuccinelli. “Sus esfuerzos de aplicación han aumentado y creo que se puede esperar ver más de eso como parte del mensaje de esta administración: vamos a hacer cumplir la ley”.

Agregó que las investigaciones sobre esa redada en Mississippi todavía están en curso, por lo cual no dio detalles de cuántas personas serían perseguidas judicialmente.

La semana pasada, reportes señalaron que la Casa Blanca pidió a funcionarios de ICE que llevaran a cabo docenas de operaciones similares.

Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional reconoció que la operación se hizo en un momento inadecuado.

“El momento fue desafortunado”, dijo McAleenan, pero defendió las acciones, al considerar que tenían un respaldo de investigaciones de mucho tiempo.

“Algo como esto ha sido planeado por más de un año. Esta es una investigación criminal con 14 órdenes federales emitidas por un juez y ICE tuvo que seguir adelante con eso. Ya estaba planeado y en movimiento”, justificó.