Avanza la regla de “carga pública” que niega la Residencia Permanente

10 dic novedadesnews com inmigrantes

Abogados Dreamers pueden ejercer en Utah

 

 

 

Nota Novedades News

 

Dallas, Tx.- Una corte federal de apelaciones le dio otro triunfo legal a la Administración Trump en su empeño por implementar la regla de “carga pública” contra inmigrantes que hayan recibido ayudas federales. Aunque la propuesta se enfrenta a otros periplos legales, esta victoria parcial supone un gran avance para el gobierno.

El tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito suspendió una orden judicial de una corte inferior que impedía a Donald Trump someter el estatus legal de los migrantes al uso de los servicios públicos. Dos de los tres jueces del panel de este tribunal con sede en Richmont, Virginia, falló a favor del gobierno.

La decisión judicial echó abajo una orden que tomó la semana pasada el Circuito Noveno, con sede en San Francisco. Sin embargo, a pesar de este triunfo parcial, la ley no se puede aplicar inmediatamente ya que se enfrenta a otra orden de un juez de distrito de Nueva York, que tiene efecto en todo el país. Otra orden del distrito del norte de Illinois que impide que la regla de “carga pública” se aplique en el estado también ha sido apelada.

La Casa Blanca celebró el fallo de los jueces de Virginia pero lamentó que no tuviera efecto inmediato. La secretaria de prensa del gobierno, Stephanie Grisham, dijo que se trata de “un gran paso adelante para el estado de derecho”.

Desde el servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) aplaudieron “las recientes decisiones judiciales que son signos positivos de que es posible la regla de inadmisibilidad en base a un fundamento de carga pública”.

¿En qué consiste la polémica regla?

La llamada regla de “carga pública” es una de las medidas que la administración ha tomado para limitar la inmigración documentada. Un inmigrante será considerado “carga pública” si recibe al menos una ayuda gubernamental durante más de 12 meses en cualquier periodo de tres años. Estos servicios públicos pueden ser Medicaid, cupones para alimentos, asistencia social o vales de vivienda pública.

Para los inmigrantes recogidos dentro de esta definición de “carga pública” será más difícil obtener la green card o la residencia permanente. USCIS defiende que el objetivo del gobierno con esta medida es no admitir en el país a quien pueda “convertirse en una carga pública en el futuro”.

 

TRIUNFO DE

DREAMERS

 

La Corte Suprema de Justicia de Utah dictaminó que tiene autoridad para permitir que los inmigrantes indocumentados protegidos por el programa DACA, conocidos como “soñadores”, puedan ejercer como abogados en ese estado.

En su dictamen, el máximo tribunal de Utah enfatizó que “está más allá de toda disputa” el hecho de que la corte “posee la autoridad constitucional de gobernar la práctica de la abogacía” en Utah.

Por eso, en respuesta a un pedido presentado por dos mujeres indocumentadas en octubre pasado, la Suprema de Utah informó que “comenzará el proceso del pedido de cambio de las reglas vigentes” para que los beneficiados con DACA que se recibieron de abogados puedan presentar su solicitud para ejercer en este estado.

El proceso de cambio de las reglas actuales requiere un período de comentarios públicos que, en ese caso, se cerrará el próximo 23 de enero.

Luego, en fecha aún a decidir, la Corte Suprema de Utah publicará las nuevas reglas en las que, según anticiparon los magistrados “explícitamente” se indicará que pueden ser abogados en este estado los protegidos por DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

Una de las dos mujeres que llevaron su caso ante la corte, y que no han sido identificadas, se graduó por la Universidad de Utah y la otra en la Universidad Brigham Young. A pesar de ello, las leyes hasta ahora vigentes no les permiten presentarse para el examen estatal a pesar de que ambas ya ejercen como abogadas en California.

Las mujeres argumentaron que su situación inmigratoria, al estar protegida por DACA, demuestra que no existe conflicto entre carecer de presencia legal permanente en el país y “jurar honestidad, fidelidad, profesionalismo y civilidad”, como lo requiere el juramento de los nuevos abogados en Utah.

La Corte Suprema consideró que las reglas federales “no pueden interferir” con la habilidad de la Corte Suprema de Utah de regular las leyes” estatales.

Agregó que si la Universidad de Utah permite que los “soñadores” estudien en esa universidad y que lo hagan con aranceles reducidos, entonces se les debe permitir ejercer su carrera en este estado.

 

NUEVO

ATAQUE

 

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementará dos decisiones del fiscal general, William Barr, sobre el llamado “buen carácter moral” (GMC, en inglés), que afectarían cualquier petición migratoria, incluidas la Residencia Permanente y la naturalización.

Para cada caso, los oficiales revisan a fondo las peticiones de los extranjeros y, durante entrevistas, hacen cuestionamientos para determinar el GMC, uno de los requisitos básicos para aprobar las peticiones, tal como se establece en la Parte F de la Ley de Ciudadanía y Nacionalidad (INA, en inglés).

Las decisiones del fiscal Barr se enfocan a que dos o más condenas por manejar bajo influencia (DUI, por sus siglas en inglés) afectarán los requisitos de “buen carácter moral”, además de que cambios posteriores a una sentencia también será un punto negativo para los inmigrantes.

La agencia hace referencia a una determinación del 25 de octubre, cuando el Fiscal General decidió sonre el caso Castillo-Pérez.

“El término DUI incluye todas las ofensas estatales y federales por conducir en estado de ebriedad… operar bajo la influencia y otras ofensas que hacen ilegal que una persona opere un vehículo motorizado”, especifica la agencia.

Agregó que al solicitar un beneficio de inmigración para el cual se requiere GMC, los solicitantes con dos o más condenas por DUI pueden superar esa presunción presentando evidencia de que tenían un buen carácter moral “incluso durante el período dentro del cual cometieron las faltas de DUI”. Esas pruebas serán revisadas por los oficiales migratorios.

La otra decisión también fue hecha por el fiscal Barr el 25 de octubre con base en el caso Thomas & Thompson, que establece la definición sobre “pena de prisión o una sentencia”, especificando que los cambios posteriores serán relevantes para peticiones migratorias.

 

ACUSACIONES

INJUSTAS

 

“La autoridad especifica que esas condiciones ‘se refieren a la sentencia penal original de un extranjero’, sin tener en cuenta los cambios posteriores a la condena”, apunta la agencia. “Las órdenes posteriores a la sentencia que cambian la condena original de un extranjero criminal sólo serán relevantes para fines de inmigración si se basan en un defecto de procedimiento o sustantivo en el proceso penal subyacente”.

Es decir, los inmigrantes acusados injustamente por un delito o cuyo proceso judicial fue incorrecto –y está demostrado– podrían no ser afectados cuando soliciten alguna protección de estancia en los Estados Unidos.

El subdirector del USCIS, Mark Koumans, señaló que estas precisiones sobre el GMC ayudarán a evitar otorgar protecciones migratorias a quienes hayan cometido algún delito.

“En respuesta a dos decisiones del fiscal general, el USCIS ha actualizado la orientación de política sobre el establecimiento de un buen carácter moral para fines de inmigración”, dijo Koumans. “Como lo indicó el Fiscal General, esta guía mejora la seguridad pública al garantizar que los adjudicadores de USCIS consideren las convicciones de manejar bajo influencia con el estándar de escrutinio apropiado”.

La agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) refiere que el INA establece consecuencias por condenas penales y otras sentencias que podrían hacer que los solicitantes sean inadmisibles, deportables o no elegibles para un beneficio de inmigración.

Es decir, además de que no obtengan el beneficio migratorio, los extranjeros quedarían en ruta de expulsión de EEUU.

La autoridad especifica que los solicitantes de “green card” deben cumplir con un “buen carácter moral”.

 

CARÁCTER

MORAL

 

“Ciertos beneficios de inmigración requieren que el solicitante demuestre que tiene GMC para ser elegible para (obtener) el beneficio”, indicó la autoridad en un comunicado. “Por ejemplo, los solicitantes de naturalización deben demostrar GMC”.

La nueva política se establece con el PA-2019-10 y será aplicada a solicitudes presentadas desde el 25 de octubre  de acuerdo al Manual de Políticas, el cual fue actualizado.

“Estas actualizaciones de la política son aplicables a cualquier caso presentado o pendiente a partir del 25 de octubre de 2019 (fecha en que el Fiscal General tomó las decisiones)”, apunta la agencia. “Estas actualizaciones de políticas, contenidas en el Volumen 12 del Manual de Políticas reemplazar cualquier orientación previa sobre el tema”.

La nueva política de USCIS comenzó a discutirse en 2018, cuando el entonces fiscal Matthew Whitaker pidió revisar la política, a fin de evitar protecciones migratorias a extranjeros que considera “poco viables”, al majerar bajo la influencia del alcohol o tener una sentencia criminal, algo que ya establece el INA, aunque las recientes medidas son más estrictas al afectar incluso a portadores de “green card”.

Hasta el 25 de octubre, la agencia aplicaba la regla de GMC para delitos de alto impacto, como homicidio, terrorismo, abuso sexual, lavado de dinero, narcotráfico, entre otros.

En el año fiscal 2018, oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a 80,730 inmigrantes por problemas viales, incluido DUI.

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